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La importancia de la lucha contra la corrupción en la crisis por COVID-19

diciembre 4, 2020

¿Por qué es importante combatir la corrupción durante la crisis por COVID-19?

Los desastres naturales, las epidemias y las crisis humanitarias son situaciones en las que se manifiestan altos riesgos de corrupción. La presión por responder con oportunidad ante la emergencia aumenta la discrecionalidad con la que se asignan los recursos, reduce los controles, disminuye la competencia, entre otros aspectos (BID, 2020).

En la actualidad, un monto considerable de recursos está en juego para combatir la crisis por COVID-19. El Banco Mundial, concretamente, anunció contribuciones hacia los países en desarrollo por USD 160 mil millones en los próximos meses (Banco Mundial, 2020). No obstante, diversas organizaciones han advertido que las grandes sumas de dinero movilizadas para atender la crisis atraen a los corruptos, por lo que es imperativo fortalecer los controles a la corrupción (Transparency International, 2020; World Justice Project, 2020; OCDE, 2020). Por ejemplo, en el caso del huracán Katrina, el Gobierno de los Estados Unidos calcula que el 16 % del total de la ayuda dirigida a los afectados se perdió en actividades fraudulentas (United States Government Accountability Office, 2006).

Una de las consecuencias más dañinas de la corrupción en el marco de las emergencias es su costo de oportunidad, pues el dinero que va a manos de los corruptos habría podido invertirse en escuelas, carreteras u hospitales (Alesina y Angelatos, 2005). En efecto, durante la crisis por el COVID-19 controlar la corrupción es vital, pues los recursos que se pierden a causa de esta son claves para atender a los más vulnerables y salvar vidas (Transparency International, 2020a).

¿Cómo está Colombia en corrupción?

En la última década en Colombia se han realizado importantes avances para enfrentar la corrupción en el sector público, en el contexto empresarial y en la sociedad civil. En el sector público se destaca la reciente aprobación de la ley de pliegos tipo, que introduce modificaciones a la Ley 1882 de 2018 para eliminar el uso de pliegos “sastre” o a la medida de ciertos proponentes. Por su parte, la expedición de la Ley 1778 de 2016 hace administrativamente responsables a las personas jurídicas que realicen sobornos transnacionales. Finalmente, el CONPES 167 de 2013 definió la Política Pública Integral Anticorrupción, estrategia que contiene acciones encaminadas a incrementar la incidencia del control social y promover la cultura de la legalidad en la sociedad civil.

Aun así, Colombia enfrenta retos generalizados en materia de corrupción en los tres frentes mencionados. En primer lugar, en el Índice de Percepción de la Corrupción de 2019, que se construye a partir de opiniones de expertos sobre la corrupción en el sector público, Colombia reporta una calificación de 37 puntos sobre 100 y se ubica en el puesto 96 entre 180 países, lo que lo ubica muy por debajo del promedio de la OCDE (67,4). Frente a países de referencia, Colombia se ubica por encima de Perú, Tailandia, Brasil y México, pero presenta un rezago considerable al compararlo con Uruguay y Chile (Transparencia por Colombia, 2020).

Por otro lado, una forma de capturar al Estado es aportar recursos a candidaturas políticas para luego recibir, como contraprestación, el favorecimiento en la adjudicación de contratos (Bracking, 2018).Por lo tanto, la financiación privada en las campañas políticas puede incrementar el riesgo de captura estatal (Hellman, Jones y Kaufmann, 2000). Para evaluar esta situación en el país, Transparencia por Colombia realizó en 2019 una investigación en la que evalúa a todos los financiadores de las elecciones territoriales de 2015 (Transparencia por Colombia, 2019b). Los resultados revelan que más del 40 % de las personas jurídicas que financiaron las campañas para alcaldías y gobernaciones en 2015 obtuvieron contratos entre el 1 de enero de 2016 y septiembre de 2019. Por su parte, al menos la tercera parte de las personas naturales aportantes en campañas para alcaldías y gobernaciones recibió contratos entre 2015 y 2019. Además, 1 de cada 5 familiares del candidato que hicieron aportes luego fueron contratados (Gráfica 1).

Además de la existencia de corrupción en el sector público, la literatura ha demostrado que este fenómeno también se presenta en el contexto empresarial (Argandoña, 2003; Keun, Demir y Huseyin, 2013; Park, 2012). El primer estudio latinoamericano sobre prácticas empresariales contra el soborno, desarrollado en 2019, revela que Colombia es el país con mayor porcentaje de empresarios encuestados que considera que en su sector productivo se ofrecen sobornos . El porcentaje en este caso (86 %) es mayor que el de todos los países de la muestra, se ubica 10 puntos porcentuales por encima del promedio de América Latina y es considerablemente superior a lo reportado por Chile (59 %) (Gráfica 2).

Finalmente, al analizar datos de clientelismo, según Transparencia Internacional, en Colombia el 40 % de los encuestados revela que ha aceptado sobornos o favores especiales a cambio de su voto. Entre los países encuestados, los datos de Colombia únicamente son superados por México (50 %), y el país se encuentra muy por encima de Costa Rica (17 %) y Chile (19 %). Las motivaciones para que las personas consideren la venta de su voto son complejas. Además de necesitar el dinero por sus condiciones de pobreza, la compra de votos también se adjudica a la falta de confianza en las instituciones y a la baja participación política (Weitz-Shapiro, 2009; Bustikova y Corduneanu, 2017).

Acciones estratégicas para reducir el riesgo de corrupción durante las crisis

Los Gobiernos pueden poner en marcha algunos elementos mínimos para garantizar la integridad de los recursos públicos en el marco de la emergencia por COVID-19. Por ejemplo, centralizar en un sitio web público la información relacionada con el gasto dedicado a la emergencia, tanto el realizado a nivel nacional como el de nivel territorial, es una excelente idea. Pero además, en este portal se deberían incluir el origen de los recursos disponibles, las afectaciones presupuestarias que podrían sufrir otras partidas, la población beneficiada y el estatus de cumplimiento de las medidas (Transparency International, 2020b; Transparency International, 2020a). De igual forma, las crisis requieren de acciones extraordinarias en términos de auditoría y fiscalización. Por ejemplo, los órganos de control y fiscalización deben implementar estrategias de seguimiento y auditoría del ejercicio y destino de los recursos en tiempo real (Open Government Partnership, 2020).

Por otro lado, hay algunas acciones estructurales que, además de combatir la corrupción en el marco de la emergencia por COVID-19, pueden ayudar al país a preparse para afrontar futuras crisis y resolver los grandes desafíos que se tienen en el sector público, en el ambito privado y desde la sociedad civil.

Por ejemplo, la Gráfica 3 presenta una comparación entre el Sistema Electrónico de Contratación Pública (Secop) I y el II. Mientras que el Secop I es un sistema de publicación de los procesos, a través de su sucesor, el Secop II, las observaciones y las ofertas se presentan en línea, lo que incentiva la pluralidad, la transparencia y la competencia en los procesos de contratación. En la gráfica se evalúa el porcentaje de los procesos competitivos que contaron con un solo proponente habilitado según los pliegos de condiciones y revela que en el Secop I el 66 % de las licitaciones públicas en el total nacional contó con un único proponente en 2019, mientras que en el Secop II este grupo apenas llega al 17 %. Lo anterior podría estar reflejando la mejora sobre la competencia en la contratación pública que ofrece el Secop II, pues incluso el porcentaje de procesos con un único proponente habilitado es menor para las entidades territoriales.

Dada la capacidad del Secop II para promover la competencia y la transparencia en la contratación pública, se recomienda avanzar con celeridad en la implementación total de este sistema. Esto requiere de inversiones en tecnología, capacitaciones y divulgación del sistema en todo el territorio nacional. De igual manera, su adopción cobra mayor importancia durante las crisis, pues por ejemplo, en el marco de la emergencia por el COVID-19 se aprobó el uso del mecanismo de la contratación directa bajo la figura de urgencia manifiesta, y la capacidad del Secop II en materia de seguimiento a los procesos, trazabilidad y automatización contribuye a minimizar los riesgos de corrupción durante situaciones en las que se requiere actuar con oportunidad.

Si está interesado en leer más sobre este tema y conocer en detalle las recomendaciones del Consejo Privado de Competitividad, lo invitamos a consultar nuestro Informe Nacional de Competitividad y, en particular, el capítulo sobre Corrupción.

Elaborado por Indira Margarita Porto Gutiérrez, investigadora asociada del Consejo Privado de Competitividad, con base en el capítulo Corrupción del Informe Nacional de Competitividad 2020-2021.

Diciembre de 2021

Referencias

  • Alesina y Angelatos. (2005). Corruption, inequality, and fairness, 1227-1244.
  • Argandoña, A. (2003). Private-to-private Corruption. Journal of Business Ethics, 47 (3), 253-267.
  • Banco Mundial. (2020). The World Bank Group Moves Quickly to Help Countries Respond to COVID-19.
  • BID. (2020). COVID-19: Transparencia para asegurar políticas efectivas en momentos de crisis.
  • Bracking, S. (2018). Corruption & State Capture: What Can Citizens Do? Journal of the American Academy of Arts and Sciences, 169-183.
  • Bustikova, L. y Corduneanu, C. (2017). Patronage, Trust, and State Capacity: The Historical Trajectories of Clientelism. World Politics, 69(2), 277-326.
  • Hellman, J., Jones, G. y Kaufmann, D. (2000). Seize the State, Seize the Day: State Capture, Corruption, and Influence in Transition Economies.
  • Icontec Internacional, Pacto PRME del Pacto Global de las Naciones Unidas y Universidad Externado de Colombia. (2020). Estado de las prácticas empresariales contra el soborno: primer estudio latinoamericano.
  • Keun, C., Demir, E. y Huseyin, M. (2013). Experience-based corporate corruption and stock market volatility: Evidence from emerging markets. Emerging Markets Reviews, 17, 1-13.
  • OCDE. (2020). Policy measures to avoid corruption and bribery in the COVID-19 response and recovery.
  • Open Government Partnership. (2020). A Guide to Open Government and the Coronavirus: Public Procurement.
  • Park, J. (2012). Corruption, soundness of the banking sector, and economic growth: A cross-country study. Journal of International Money and Finance, 31(5), 907-929.
  • Transparencia por Colombia. (2019b). Primer informe de análisis de la plataforma Elecciones y Contratos.
  • Transparencia por Colombia. (2020). Índice de Percepción de la Corrupción 2019. Obtenido de https://transparenciacolombia.org.co/2020/01/22/reporte-ti-2019/.
  • Transparency International. (2020a). Procuring for Life.
  • Transparency International. (2020b). Contrataciones públicas en estados de emergencia.
  • United States Government Accountability Office. (2006). Hurricanes Katrina and Rita disaster relief: Improper and Potentially.
  • Weitz-Shapiro, R. (2009). Choosing Clientelism: Political Competition, Poverty, and Social Welfare Policy in Argentina. APSA 2009 Toronto Meeting Paper, 1-35.
  • World Justice Project. (2020). Corruption and the COVID-19 Pandemic.