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Los retos de la Justicia tras la crisis

junio 15, 2021

Como consecuencia de la pandemia, el sistema judicial estuvo prácticamente paralizado por más de tres meses con excepción de los casos de acción de tutela, habeas corpus y el control de decretos presidenciales emitidos en el marco del estado de emergencia. El Consejo Superior de la Judicatura, mediante acuerdo, ordenó la suspensión de los términos judiciales por un periodo inicial de seis días desde el 15 de marzo, decisión que fue prorrogada hasta el 1 de julio de 2020.

De esta situación se desprenden dos consideraciones. Por un lado, a pesar de los avances reportados por el Ministerio de Justicia en materia de digitalización y uso de TIC en la justicia, el sistema no contaba con los recursos tecnológicos, ni con la capacidad para la prestación óptima del servicio a través de canales virtuales. Por otro, se prevé una importante congestión en la justicia, no solo como consecuencia del represamiento de procesos dada la suspensión, sino por situaciones jurídicas endógenas a la pandemia. Para Arrubla (2020), “vendrán cientos de conflictos en materia de arrendamientos y, otros tantos, de carácter laboral”, así como demandas contra el Estado por conflictos asociados a la prestación del servicio de salud en la pandemia.

En Colombia la justicia enfrenta múltiples cuellos de botella. Por un lado, hechos de corrupción, ineficiencia y barreras de acceso han minado la legitimidad del sistema. Por otro, la ejecución presupuestal, la administración y la cualificación de los operadores impactan la calidad del servicio.

Crisis de legitimidad

La credibilidad del sistema de justicia reposa sobre la confianza que tienen los ciudadanos en este como estructura y mecanismo para el trámite de sus conflictos bajo la expectativa de reducir la incertidumbre y recibir una atención igualitaria, justa y correcta (Montero, Zmerli y Newton, 2008). No obstante, esta confianza se ve erosionada ante hechos de corrupción, impunidad, ineficiencia, barreras de acceso e inseguridad jurídica.

En Colombia, según la última Encuesta de Convivencia y Seguridad Ciudadana, apenas el 29 % de los delitos son denunciados, y en las zonas rurales la situación es más dramática, pues solo el 21 % de los delitos cometidos llegan al conocimiento las autoridades judiciales. Para el mismo periodo, 45,6 % de las víctimas de hurto no denunciaron por su desconfianza en el sistema de justicia y casi el 50 % consideró que los jueces no contribuyen en absoluto a la seguridad ciudadana (DANE, 2019).

Esta crisis de credibilidad en la justicia afecta la esencia del Estado de derecho, pues los mecanismos legales de resolución de conflictos no ostentan el monopolio que se supone deberían tener. Por un lado, mientras el 49 % de las necesidades jurídicas son tramitadas a través de los canales legales, por otro, además de no hacer nada (24 %), los ciudadanos optan por solucionar personalmente sus conflictos (26 %), en algunos casos recurriendo a la violencia o a un actor ilegal armado (DNP, 2017).

Esta crisis no es exclusiva de la justicia, sino que se observa en varias instituciones que representan la legitimidad del Estado de derecho como el Congreso, los partidos políticos, las altas cortes, los organismos de control y las Fuerzas Armadas. La desaprobación de estas instituciones ha aumentado en la última década, rondando niveles entre el 50 % y 80 % (Gráfica 1).

Optimizar recursos, la eficiencia del sistema

Los resultados y procesos de un buen sistema de justicia, además de ser creíbles, legítimos e imparciales, deben desarrollarse en tiempos prudenciales. Así, la eficiencia se entiende a partir del uso óptimo de los recursos humanos, tecnológicos y presupuestales que le permitan al sistema responder a las demandas ciudadanas. En Colombia uno de los principales indicadores de eficiencia en la justicia se encuentra en el Índice de Evacuación Parcial (IEP), el cual mide la proporción entre los casos que ingresan y el número de procesos resueltos en un periodo determinado.

El 2019 inició con un inventario de 1,9 millones de procesos, a su vez ingresaron al sistema cerca de 2,8 millones de procesos y se resolvieron casi 2,4 millones (Consejo Superior de la Judicatura, 2019). Con esto, el IEP de toda la rama judicial en 2019 fue del 84 % (Gráfica 2), sumando el excedente al inventario del 2020 y una tasa promedio de congestión del 50 %.

Igualmente, es preciso tener en consideración los efectos de la crisis del COVID-19 sobre el inventario de procesos en la justicia. Además de los pleitos civiles y laborales derivados de la recesión en la economía, por ejemplo, en la ejecución de contratos comerciales o de arrendamiento de inmuebles, es plausible un considerable incremento tanto en los procesos represados como en los ingresos para este año, en tanto la justicia suspendió varios de sus servicios por más de 100 días. Como referencia, los paros judiciales de finales de 2012 y 2014 se relacionaron directamente con un incremento en el número de ingresos al sistema.

Calidad en la justicia

Partiendo de los axiomas de imparcialidad e igualdad ante la ley, un sistema de justicia debe garantizar que su actuación no se encuentre sesgada o cooptada por grupos de poder. La independencia judicial ha sido identificada como un factor determinante para el crecimiento económico y la estabilidad política en la medida en que garantiza que se cumplan los contratos y se respeten los derechos de propiedad (Feld y Voigt, 2003; Tommasi, Iaryczower y Spiller, 2002).

Así mismo, la impunidad es corolario del sistema de justicia en tanto evidencia las falencias en materia de eficiencia y calidad. El Índice Global de Impunidad desarrollado por la Fundación Universidad de las Américas Puebla es el resultado de un análisis multivariado a partir de indicadores de capacidades y resultados de los sistemas de justicia. En su última versión (2017), Colombia ocupa el octavo lugar con peor índice de impunidad entre los 59 países evaluados, con un puntaje de 66 sobre 100. El puntaje promedio de América Latina es de 64, mientras que el de países OCDE es de 51 (Universidad de las Américas Puebla, UDLAP Jenkins Graduate School y Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia, 2017).

En el año 2019 este índice fue adaptado a Colombia como caso de estudio, con conclusiones de interés. Por un lado, el 57 % de departamentos se clasifica en un nivel alto o muy alto de impunidad y solo el 9 % se halla en un nivel bajo. Así mismo, del total de delitos en el país, el 71 % se encuentra en etapa de indagaciones previas; de estos, solo el 27 % están activos, mientras que en etapa de investigación la cifra de procesos activos alcanza un alarmante 1 % (Universidad de las Américas Puebla y Fundación Paz y Reconciliación Colombia, 2019).

Por otro lado, la impunidad se constituye como regla en muchos de los delitos más comunes en Colombia. En cuanto a feminicidios, según ONU-Mujeres, en Colombia solo el 13 % de estos hechos llega a una condena; en violencia sexual, se estima que cerca del 90 % de los casos se encuentran en la impunidad; el hurto, uno de los delitos más comunes, presenta cifras alarmantes: de 240.000 capturados en 2017, 91.423 ya habían sido arrestados entre dos y nueve veces, otros 1.710, entre diez y cuarenta veces y más de cien habían reincidido entre 41 y 70 veces (Fundación Universidad de las Américas Puebla y Fundación Paz y Reconciliación Colombia, 2019).

Algunas acciones para mejorar el sistema de justicia en la recuperación.  

Teniendo en consideración las lecciones aprendidas tras la crisis del COVID-19 en materia de eficiencia la justicia, es preciso avanzar en medidas que permitan corregir estos fallos y ubiquen al sistema de justicia como motor de garantía para la competitividad del país.

Así, se requiere fortalecer la digitalización. Algunas recomendaciones que apuntan en esta dirección son (1) Modernizar, consolidar y dar independencia al Sistema Nacional de Estadísticas Judiciales (SNEJ) a través de una modificación de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia ; (2) Garantizar la interoperabilidad de los sistemas de información de la rama judicial; (3) Continuar con el proceso de implementación del  expediente electrónico como parte del programa de transformación digital de la justicia; y (4) Promover el uso de la conciliación extrajudicial y su implementación virtual en tanto  facilitaría la resolución de pequeños conflicto a la vez que se mantienen las condiciones de bioseguridad y distanciamiento.

Si está interesado en leer más sobre este tema y conocer en detalle las recomendaciones del Consejo Privado de Competitividad, lo invitamos a consultar nuestro Informe Nacional de Competitividad y, en particular, el capítulo sobre Justicia.

Elaborado por Daniel Cifuentes, Investigador Asociado del Consejo Privado de Competitividad, con base en el capítulo Justicia del Informe Nacional de Competitividad 2020-2021.

Referencias

  • Arrubla, J. A. (2020). Control político y jurídico en cuarentena. Las medidas adoptadas. Revista de la Academia Colombiana de Jurisprudencia, 1(371).
  • Consejo Superior de la Judicatura. (2019). Informe al Congreso de la República 2019
  • (2019). Encuesta de Convivencia y Seguridad Ciudadana
  • (2017). Índice de Acceso a la Justicia.
  • Feld, L. y Voigt, S. (2003). Economic Growth and Judicial Independence:Cross Country Evidence Using a New Set of Indicators. European Journal of Political Economy, 19
  • Universidad de las Américas Puebla y Fundación Paz y Reconciliación Colombia. (2019). Índice Global de Impunidad de Colombia. La impunidad subnacional en Colombia y sus dimensiones. Fundación Universidad de las Américas, Puebla
  • World Justice Project. (2020). The Rule of Law Index