CPC Informa

Buenas políticas públicas para un mayor bienestar

Rosario Córdoba Garcés Presidenta Consejo Privado de Competitividad
Noviembre 7, 2019

La competitividad es un asunto de largo plazo que exige reformas estructurales en el país.

El Consejo Privado de Competitividad (CPC) presentó el Informe Nacional de Competitividad con un mensaje central: la competitividad es un asunto de largo plazo que exige reformas estructurales. Avanzar requiere construcción colectiva, liderazgo, voluntad política y continuidad. Esto es, buena política pública.

Los países más competitivos tienen mayores ingresos, más equidad de oportunidades, y sus habitantes están más satisfechos con la vida. Por esta razón, cuando se creó el Sistema nacional de Competitividad e Innovación en 2006, el país se planteó una visión de competitividad al 2030 que incluye aumentar los ingresos, reducir la pobreza y la informalidad, y cerrar brechas regionales.

Por su parte, desde su creación en 2007, el CPC ha señalado la necesidad de enfocarse y acelerar para alcanzar estas metas. Este año, tras una década de estancamiento y caídas en los principales indicadores de competitividad, se observaron mejoras en los puntajes de los índices del Foro Económico Mundial (WEF), el Instituto Suizo para el Desarrollo de la Gerencia (IMD) y el Banco Mundial (Doing Business), escalando posiciones en el ranking de los dos primeros.

Las buenas políticas públicas han sido determinantes para avanzar. Por un lado, Colombia ha mantenido su estabilidad macroeconómica: mientras que América Latina ha tenido en promedio seis años de crecimiento económico negativo desde 1980, Colombia solo un año.

En infraestructura vial, se avanzó en extensión y en calidad. Entre 2002 y 2018, la extensión de la red vial nacional aumentó 76% y la de dobles calzadas 36%, mientras que la red primaria en buen estado pasó de 62% a 78%.

La reforma energética de 1994 promovió la competencia y la inversión, modernizó el sector, y aumentó la confiabilidad. Entre 2005 y 2018 se incrementó la capacidad de generación en 30%, y para 2017 la cobertura en hogares fue de 97%.

También se ampliaron significativamente las coberturas en educación y salud. En lo corrido del siglo la cobertura en educación secundaria pasó de 57% a 72%, en media de 29% a 43% y en superior de 26% a 52%. En salud, en 1995, 29% de la población estaba afiliada al sistema. Esta proporción fue de 95% en 2018.

Las buenas políticas públicas han redundado en un mayor ingreso per cápita que ha crecido 59% desde 2000, por encima del promedio de América Latina. Hoy la clase media supera a la población pobre. A comienzos de siglo, 1 de cada 2 colombianos era pobre, hoy lo es 1 de cada 4.

No obstante, esto no es suficiente. Para seguir avanzando, es necesario enfrentar problemas estructurales complejos que afectan negativamente la productividad, la inclusión y el desarrollo sostenible, y que, a pesar de ser bien conocidos, no han sido resueltos. La reflexión que se propone sobre estos temas prioritarios e inaplazables, intolerables, pretende hacer un llamado a la acción conjunta a los distintos estamentos del país: Gobierno, legislativo, sector privado, academia y sociedad civil.

Es intolerable no construir instituciones de calidad. Colombia cuenta con un sistema judicial ineficiente (en 2018 se evacuaron 83 de cada 100 nuevos procesos) e impone una alta carga regulatoria que impacta el clima de negocios y la confianza en el Estado (ocupa la posición 123 entre 141 países en el indicador de carga regulatoria del WEF).

Es intolerable no apostar a las nuevas generaciones. La cobertura neta en educación preescolar es 57% frente al 82% en promedio en la Ocde, y debido a la baja calidad no se desarrollan las competencias cognitivas, sociales y emocionales necesarias para la vida.

Es intolerable no generar condiciones para el empleo de calidad. Debido a las distorsiones del mercado laboral y a pesar del crecimiento económico, Colombia tiene la segunda tasa de desempleo más alta de América Latina, y el 47% del empleo es vulnerable.

Es intolerable mantener un sistema pensional inequitativo. En 2015, los subsidios a las pensiones fueron 19 billones de pesos, de los cuales el 51% se destinó al 20% de la población con mayores ingresos, mientras que el 20% más pobre recibió tan solo el 4% de los subsidios.

Es intolerable no estar más integrados a la economía global. Desde 1990, el comercio como porcentaje del PIB ha aumentado tan solo 2 puntos porcentuales, mientras que en México aumentó 42. Esto se traduce en menor competencia y baja productividad e innovación.

Es intolerable malgastar la riqueza natural. Entre 2001 y 2018 se perdieron 4,3 millones de hectáreas de bosques, un área del tamaño de Dinamarca. Esta pérdida de capital natural reduce las posibilidades de crecimiento futuro.

Es intolerable que persistan enormes brechas regionales. El departamento más pobre tiene 5 veces mayor proporción de su población en pobreza monetaria que el departamento menos pobre, y en aquel con mayores tasas de mortalidad materna la situación es 13 veces peor que en el departamento con menor tasa.

Ignorar estos intolerables es no resolver el problema estructural del crecimiento: la productividad, que es el determinante más importante del ingreso y del crecimiento de largo plazo, fundamentales para aumentar el bienestar.

Entre 2000 y 2018, la productividad en Colombia decreció 17%, mientras que en China casi se duplicó. Esta baja productividad le ha restado al país un punto porcentual de crecimiento en este mismo periodo.

Si bien el progreso reciente de Colombia en múltiples dimensiones es innegable, es imperativo actuar con decisión para resolver los desafíos estructurales que persisten.
Para consolidar los avances y lograr un desarrollo equilibrado y sostenido es necesario emprender, con buena política pública, las reformas que han sido aplazadas una y otra vez.

Rosario Córdoba Garcés
Presidenta del Consejo Privado de Competitividad