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Concertar para actuar

La agenda del país debe centrase en el desarrollo de la gente, sin lo cual el país no podrá prosperar.

Durante los primeros años del siglo XXI, el país fue testigo de avances importantes en sus indicadores sociales.

La pobreza y la pobreza extrema se redujeron, el ingreso per cápita aumentó y, por primera vez, la clase media superó a la población en situación de pobreza. Todo, gracias a buenas políticas públicas y al trabajo de todos. Es decir, cuando se quiere, se puede.

La pandemia, desafortunadamente, borró años de progreso y hoy el país se encuentra en una situación crítica.

Según el DANE, entre 2019 y 2020, la pobreza pasó de 35,7% a 42,5% y la pobreza extrema de 9,6% a 15,1%, afectando principalmente a las mujeres jefes de hogar. Igualmente, entre estos dos años, el ingreso per cápita del quintil de ingreso más bajo se redujo en 24,6%.

El desempleo, aunque se ha reducido desde su nivel más alto en abril de 2020, llegó en marzo al 14,2%, con niveles de 18,8% para las mujeres y de 23,9% para los jóvenes.

En otras palabras, millones de personas la están pasando muy mal, y particularmente, las mujeres y los jóvenes.

Dicho esto, y entendiendo que esta situación no es sostenible, la pregunta obligada, independientemente del paro, es: ¿Cómo encarrilar al país hacia un futuro con igualdad de oportunidades para todos, movilidad social y en el que reine la esperanza?

Si bien es preciso buscar los recursos para aliviar mediante la entrega de algunos subsidios la situación de la población más vulnerable, estimada en 20 millones de personas, esta no es una solución permanente y necesariamente debe ir más allá.

El país requiere avanzar en lo que por muchos años se ha insistido, pero que por distintos motivos no se ha hecho.

Una agenda de largo plazo articulada, construida entre los diferentes actores de la vida nacional –gobierno nacional y local, legislativo, sector privado, trabajadores, academia, organismos de cooperación internacional y sociedad civil–, que incluya las reformas estructurales que Colombia requiere para combatir el desempleo, la pobreza y la baja productividad y que además tenga unas metas claras y medibles. Sin esta, el país seguirá a la deriva y sujeto a la improvisación del mandatario de turno.

Esta agenda debe enfocarse en las fuentes de crecimiento de la productividad como desafío estructural para el desarrollo, empezando por el fortalecimiento de las instituciones, necesario para la restauración de la confianza.

Adicionalmente, debe centrase en el desarrollo de la gente, sin lo cual el país no podrá prosperar. La niñez requiere especial atención, así como la educación y la salud.

La tarea es amplia, pero por fortuna bien conocida. Debemos ponernos de acuerdo y actuar.

Rosario Córdoba Garcés
Presidenta del Consejo Privado de Competitividad

Ana Fernanda Maiguashca

Presidente

Ana Fernanda Maiguashca es economista de la Universidad de los Andes, y MBA de la Universidad de Columbia. Fue codirectora del Banco de la República entre 2013 y 2021, y previamente se desempeñó como Viceministra Técnica del Ministerio de Hacienda. Ha recorrido diversos cargos relacionados con el mercado financiero colombiano. Fue Directora de Regulación Financiera, Superintendente Delegado Adjunto de Riesgos de la Superintendencia Financiera y pasó la primera parte de su carrera en el Banco de la República, en varias calidades, relacionadas con el desarrollo del mercado local de capitales y la regulación cambiaria. Es también miembro de varias juntas directivas.