Promoción y protección de la competencia

Informe Nacional de Competitividad 2012-2013

Promoción y protección de la competencia

Muchos países ignoran el potencial de una adecuada política de competencia para generar crecimiento económico sostenido. Esto a pesar de que la literatura más autorizada sobre competencia y competitividad coincide en que la pérdida de rivalidad empresarial en los mercados locales explica, en gran medida, la disminución de las ventajas competitivas de una nación (Porter, 1990; y Fox, 2010).

La razón de este fenómeno radica en que la competencia es uno de los mayores generadores de eficiencias dinámicas en una economía; es decir, de innovación y sofisticación empresarial. Por consiguiente, es un factor esencial en el desarrollo económico (Brodley, 1987; Griliches, 1987; Thurow, 1987; y Fox, 2010).

Los efectos negativos de la falta de competencia en un mercado son imperceptibles en el corto plazo. De hecho, la ausencia de rivalidad en un sector tiende a asociarse con mayor rentabilidad y, por consiguiente, con mayor éxito empresarial. Sin embargo, en el largo plazo, la menor innovación y los mayores costos que se generan como consecuencia de la débil presión competitiva que sufren las empresas llevan a la pérdida de competitividad del sector (Porter, 1990). Lo anterior sin contar con los efectos nocivos que produce tal situación en los consumido res, quienes pagan mayores precios o reciben una menor calidad en los productos que adquieren.

La ausencia de competencia en un sector de la economía puede explicarse, principalmente, por tres razones: i) por tratarse de mercados con características de monopolio natural o que presentan fallas de mercado, caso en el cual el Estado debe contrarrestar los posibles efectos negativos sobre la competencia con regulación; ii) porque en un mercado en el que existen condiciones de competencia los particulares ejecutan, sin autorización del Estado, conductas que tienden a limitar la rivalidad entre ellos, caso en el cual las autoridades deben sancionar y remover dichos comportamientos; y iii) porque por vía de regulación o legislación el Estado distorsiona los mercados, por ejemplo exceptuando ciertos sectores o conductas de la aplicación de las leyes de competencia.

Este capítulo del Informe Nacional de Competitividad 2012-2013, después de revisar los avances que ha tenido la política de competencia colombiana en el último año, se enfoca en el análisis de las normas colombianas frente a este tercer aspecto. Para ello, examina la naturaleza de las normas que otorgan herramientas a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) para evitar la expedición de normas anticompetitivas por parte de agencias estatales, así como también la conveniencia y oportunidad de las excepciones que el régimen de competencia establece frente a ciertos sectores o conductas. Con base en los estándares, recomendaciones y mejores prácticas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde), se proponen soluciones para modificar el régimen de competencia colombiano y eliminar posibles cuellos de botella en la economía.

La importancia de una adecuada política de competencia no radica únicamente en la sanción de carteles, abusos de posición dominante, o en la prevención de integraciones empresariales que aumentan los precios para los consumidores, sino también en la identificación y eliminación de políticas de Estado que, no obstante estar ajustadas al régimen legal, perjudican la economía, la rivalidad empresarial y la competitividad en el largo plazo.

Resultados como los del Índice de Competitividad Global del World Economic Forum (WEF), donde Colombia ocupa posiciones bajas en indicadores
relacionados con el grado de competencia en el mercado local, si bien de ninguna forma constituyen evidencia conclusiva, son indicios que deben prender las alarmas del Gobierno sobre la pertinencia de ajustar sus políticas de competencia.

A pesar de los esfuerzos realizados en los últimos años por la SIC –agencia de competencia en Colombia–, y de su mejora en eficiencia, según WEF (2012) Colombia ocupa el puesto 78 entre 144 países en el indicador que mide la efectividad de la política antimonopolio de una economía (Gráfico 1). Según el mismo Índice, Colombia ocupa el puesto 79 en el indicador que mide la intensidad de la competencia local (Gráfico 2), el 96 en el que mide el grado de dominancia en el mercado (Gráfico 3) y el 123 en el que mide la percepción sobre la prevalencia de barreras al comercio (Gráfico 4); cuatro
indicadores relacionados con la política de competencia del país.