La credibilidad, eficiencia y calidad de la justicia son pilares centrales en la construcción de un ambiente propicio para el desarrollo económico. Ahora bien, durante más de diez años, el país ha ocupado los últimos lugares en el mundo en el número de días para hacer cumplir un contrato, cifra que supera los tres años. Más aún, la percepción respecto a la eficiencia del marco legal para resolver disputas ha disminuido, al tiempo que aumentan los costos asociados para resolver desacuerdos contractuales. A esto se suman un bajo grado de independencia judicial –entendida como imparcialidad por parte de los jueces– y los crecientes escándalos de corrupción que en los últimos años han perjudicado a la justicia colombiana, poniendo en tela de juicio su credibilidad.
Credibilidad
En el caso de la credibilidad, la justicia en Colombia presenta un alto grado de impunidad ya que se ubica dentro de los cinco países más impunes, junto con México, Filipinas, Rusia y Turquía, según el Índice Global de Impunidad elaborado por el Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia. Además, según cifras de la Fiscalía General de la Nación, la impunidad en el delito de homicidio es alta, solo en 22 casos de cada 100 asesinatos una persona responde ante los jueces y un poco más de 10 llegan a la obtención de una condena (Fiscalía General de la Nación, 2016).
Eficiencia
El Doing Business estima el tiempo y el costo para resolver una disputa comercial a través de un tribunal de primera instancia local, teniendo en cuenta las tres etapas en que se resuelve la disputa: tiempo de presentación y notificación de la demanda, tiempo del juicio y tiempo para la ejecución de la sentencia. Por otro lado, el costo se muestra como un porcentaje del valor de la demanda, considerando todos los gastos y honorarios que debe adelantar el demandante ante el tribunal. Mientras en Colombia se necesita 1.288 días y un 46 % del valor demandado para el cumplimiento de un contrato, en países como Corea del Sur apenas se requiere 290 días y 13% del valor demandado.
Calidad
Según los Principios Básicos Relativos a la Independencia de la Judicatura de las Naciones Unidas, la independencia judicial es un concepto de acuerdo con el cual los jueces pueden dar soluciones con imparcialidad, fundamentándose en los hechos y sin restricciones ni influencias (Naciones Unidas, 1985). Contar con buenos resultados en materia de independencia judicial se identifica en la literatura como un buen predictor del crecimiento del PIB y la estabilidad política, en la medida en que garantizan el cumplimiento de los contratos y aumentan el poder de las cortes para ejercer una revisión judicial efectiva (Feld y Voigt, 2003; Tommasi, Iaryczower y Spiller, 2002). Al respecto, el indicador de independencia judicial muestra, en una escala de 1 a 7, qué tan independiente es la justicia en el país de la influencia de miembros del gobierno, ciudadanos y firmas. En la medición más reciente, Colombia obtuvo un resultado de 2,96 sobre 7, por lo que solo supera a México entre los países de referencia. Además, el país perdió más de 40 posiciones en la última década.
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