Manejo del boom mineroenergético

Informe Nacional de Competitividad 2010-2011

Manejo del boom mineroenergético

Colombia enfrenta hoy por hoy una coyuntura económica que no deja de ser paradójica: la confianza inversionista que ha traído consigo un auge en el crecimiento económico durante los últimos años podría convertirse en una seria amenaza para la competitividad y el crecimiento de mediano y largo plazo del país. En particular, el mejoramiento en […]

Colombia enfrenta hoy por hoy una coyuntura económica que no deja de ser paradójica: la confianza inversionista que ha traído consigo un auge en el crecimiento económico durante los últimos años podría convertirse en una seria amenaza para la competitividad y el crecimiento de mediano y largo plazo del país. En particular, el mejoramiento en el clima de inversión, aunado a unas perspectivas prometedoras en el sector minero-energético, ha generado un incremento significativo en la inversión en este sector, que pasó de mil millones de dólares en el 2001 a 5.700 millones de dólares en el 2009 (un crecimiento del 450%). De hecho, se estima que llegarán a Colombia, durante los próximos cinco años, alrededor de 62.000 millones de dólares, lo que podría redundar en una producción combinada de petróleo y gas de aproximadamente 1,7 millones de barriles equivalentes diarios para el año 2018, y de alrededor de 150 millones de toneladas de carbón para el año 2019 (Gráfico 1).

 

 

Los ingentes ingresos de divisas derivados del mayor nivel de inversión y de los ingresos por exportación podrían llegar a tener efectos devastadores
sobre la competitividad del país, lo cual desharía todos los esfuerzos que el Gobierno ha venido adelantando en este frente.

De no manejarse de forma adecuada el auge minero-energético, el país podría sufrir una seria desestabilización macroeconómica y una peligrosa revaluación, síntomas de la llamada “enfermedad holandesa”. Los ingresos de divisas por concepto de las exportaciones de este sector, así como por las expectativas de mayor crecimiento, ejercerían una presión revaluacionista sobre la tasa de cambio, que podría llegar a afectar seriamente la competitividad del sector transable1 no minero-energético, pudiendo generar una desindustrialización de éste. Otra forma de ver este fenómeno es entendiendo que los mayores ingresos generados por el boom incrementarían la demanda por todos los bienes de la economía, lo que aumentaría, sobre todo, el precio de los bienes no transables, en la medida en que éstos no se pueden importar. Por lo tanto, el incremento del precio relativo de los bienes no transables con relación al de los transables equivaldría a una apreciación de la tasa de cambio real, que reduciría la competitividad de nuestro sector transable no minero-energético.

Adicional al efecto sobre la tasa de cambio real, un boom minero-energético podría conllevar a un desajuste fiscal y, por tanto, macroeconómico, en caso de que se asuma como permanente este choque positivo de ingreso y se ajuste el nivel de gasto a una senda insostenible en el largo plazo. Esto podría redundar en incrementos en los déficits tanto del Gobierno central como de las entidades territoriales receptoras de esos mayores recursos. Este desequilibrio macroeconómico claramente repercutiría de manera negativa sobre la competitividad del país, vía mayores niveles de deuda, de tasas de interés y de inflación.

Como si lo anterior fuera poco, una bonanza del sector minero-energético que no venga acompañada de ajustes institucionales, podría derivar en
un mayor despilfarro de las regalías del que hemos presenciado hasta ahora, en incrementos en los niveles de corrupción e incluso en aumentos de los índices de violencia.

Para que la riqueza del subsuelo colombiano no se convierta en una maldición y que, por el contrario, se vuelva generadora de mayores niveles de
riqueza, el Gobierno debe implementar una serie de políticas tanto a nivel macroeconómico como microeconómico. A nivel macro, el Gobierno debe
asegurar la estabilidad macroeconómica y contrarrestar las presiones revaluacionistas de manera que se pueda mantener una tasa de cambio competitiva. Entre las alternativas que el Gobierno podría implementar y de hecho está tratando de hacerlo,por medio de la presentación al Congreso de dos proyectos de ley para lograr estos objetivos, están: por un lado, la implementación de una regla fiscal que, acompañada de un fondo de estabilización, regule el balance fiscal y provea la capacidad de ahorrar en el exterior los excedentes que se deriven de la bonanza minero-energética; por otro lado, y de forma que se pueda evitar el despilfarro de unos recursos que, por su naturaleza, podrían llegar a ser temporales, se debería realizar una reforma exhaustiva al régimen de regalías, que apunte hacia lograr una mayor equidad interdepartamental e intergeneracional, una institucionalidad más robusta para garantizar la idoneidad de su uso y una estabilidad macroeconómica.