Promoción y protección de la competencia

Informe Nacional de Competitividad 2011-2012

Promoción y protección de la competencia

La efectividad de las leyes de competencia tiene una correspondencia directa con la naturaleza de las instituciones a las que se les confía su aplicación. Por tal razón, el diseño institucional de la agencia de competencia es la piedra angular para garantizar su efectividad real en el mercado.

Desde 1959, Colombia tiene leyes de competencia que prohíben la ejecución de prácticas comerciales restrictivas y la realización de integraciones empresariales que generen una restricción indebida de la competencia. Su propósito es garantizar la libre participación de las empresas en el mercado, el bienestar de los consumidores y la eficiencia económica.

No obstante, la ejecución de las normas de competencia fue muy baja hasta principios de los años 90,8 época en la que algunos países latinoamericanos realizaron reformas estructurales para liberalizar mercados, desregular industrias y privatizar empresas estatales. Las políticas proteccionistas aplicadas con anterioridad en la región y la falta de cultura de competencia en el país, relegaron la política de competencia colombiana a un segundo plano. Con la puesta en marcha de políticas económicas liberales a finales del siglo XX, Colombia empezó a readecuar y aplicar sus normas de competencia, uno de los pilares fundamentales de la nueva política económica.

La adopción de una nueva política de competencia, que abarca la liberalización de mercados y la aplicación de normas de competencia estrictas, no se ha visto reflejada en los indicadores internacionales que miden la eficiencia de los mercados nacionales. Si bien Colombia tuvo mejoras sustanciales con respecto a los años anteriores, obtiene resultados no muy halagüeños en los indicadores que miden la percepción de la competencia en el mercado, la concentración empresarial, la apertura al mercado internacional y la efectividad de su política antimonopolio. Así mismo, logra una baja calificación en el indicador que mide la apertura del mercado con base en el arancel promedio aplicado.

Según datos del Informe de Competitividad Global 2011-2012 del Foro Económico Mundial (FEM), Colombia ocupa el puesto 85 entre 142 países en el indicador que mide la intensidad de la competencia local en el mercado (Gráfico 1). Malasia y Chile, dos países que cuentan con el nivel de ingresos que Colombia aspira obtener en 2032, ocupan los puestos 26 y 36, respectivamente.

 

 

En el mismo informe, el FEM ubica a Colombia en el puesto 94 en el indicador de percepción que mide el índice de dominancia en el mercado colombiano. Los resultados muestran que, según los empresarios consultados, el mercado colombiano es dominado por pocos grupos económicos (Gráfico 2). Se resalta, eso sí, una mejora sustancial en este indicador con respecto al informe del FEM del año anterior, que ubicaba al país en el puesto 124.

 

 

Así mismo, Colombia obtiene el puesto 81 entre 142 países en el indicador que mide la percepción sobre la efectividad de la política antimonopolio del FEM (Gráfico 3). Este resultado contrasta con el puesto 34 que obtiene Brasil en el mismo indicador, teniendo en cuenta que ambos países iniciaron la aplicación efectiva de su política de competencia en la primera mitad de la década de los 90. Así mismo, el resultado contrasta con el de Perú, un país que, si bien tiene normas de competencia, desde 1991,11 hoy ocupa el puesto 63 en el indicador mencionado. 12 Se debe resaltar, no obstante, que Colombia se encuentra muy por encima de países como México (puesto 120) y Argentina (puesto 125), y que ha tenido una mejora sustancial con respecto al informe del FEM del año anterior, en el que ocupó el puesto 90.

 

 

Por último, el informe del FEM muestra que, según los empresarios, las barreras de entrada de productos extranjeros al mercado colombiano son excesivamente altas, lo cual desincentiva la competencia extranjera (Gráfico 4).

 

 

Promoción y protección de la competencia

Informe Nacional de Competitividad 2012-2013

Promoción y protección de la competencia

Muchos países ignoran el potencial de una adecuada política de competencia para generar crecimiento económico sostenido. Esto a pesar de que la literatura más autorizada sobre competencia y competitividad coincide en que la pérdida de rivalidad empresarial en los mercados locales explica, en gran medida, la disminución de las ventajas competitivas de una nación (Porter, 1990; y Fox, 2010).

La razón de este fenómeno radica en que la competencia es uno de los mayores generadores de eficiencias dinámicas en una economía; es decir, de innovación y sofisticación empresarial. Por consiguiente, es un factor esencial en el desarrollo económico (Brodley, 1987; Griliches, 1987; Thurow, 1987; y Fox, 2010).

Los efectos negativos de la falta de competencia en un mercado son imperceptibles en el corto plazo. De hecho, la ausencia de rivalidad en un sector tiende a asociarse con mayor rentabilidad y, por consiguiente, con mayor éxito empresarial. Sin embargo, en el largo plazo, la menor innovación y los mayores costos que se generan como consecuencia de la débil presión competitiva que sufren las empresas llevan a la pérdida de competitividad del sector (Porter, 1990). Lo anterior sin contar con los efectos nocivos que produce tal situación en los consumido res, quienes pagan mayores precios o reciben una menor calidad en los productos que adquieren.

La ausencia de competencia en un sector de la economía puede explicarse, principalmente, por tres razones: i) por tratarse de mercados con características de monopolio natural o que presentan fallas de mercado, caso en el cual el Estado debe contrarrestar los posibles efectos negativos sobre la competencia con regulación; ii) porque en un mercado en el que existen condiciones de competencia los particulares ejecutan, sin autorización del Estado, conductas que tienden a limitar la rivalidad entre ellos, caso en el cual las autoridades deben sancionar y remover dichos comportamientos; y iii) porque por vía de regulación o legislación el Estado distorsiona los mercados, por ejemplo exceptuando ciertos sectores o conductas de la aplicación de las leyes de competencia.

Este capítulo del Informe Nacional de Competitividad 2012-2013, después de revisar los avances que ha tenido la política de competencia colombiana en el último año, se enfoca en el análisis de las normas colombianas frente a este tercer aspecto. Para ello, examina la naturaleza de las normas que otorgan herramientas a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) para evitar la expedición de normas anticompetitivas por parte de agencias estatales, así como también la conveniencia y oportunidad de las excepciones que el régimen de competencia establece frente a ciertos sectores o conductas. Con base en los estándares, recomendaciones y mejores prácticas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde), se proponen soluciones para modificar el régimen de competencia colombiano y eliminar posibles cuellos de botella en la economía.

La importancia de una adecuada política de competencia no radica únicamente en la sanción de carteles, abusos de posición dominante, o en la prevención de integraciones empresariales que aumentan los precios para los consumidores, sino también en la identificación y eliminación de políticas de Estado que, no obstante estar ajustadas al régimen legal, perjudican la economía, la rivalidad empresarial y la competitividad en el largo plazo.

Resultados como los del Índice de Competitividad Global del World Economic Forum (WEF), donde Colombia ocupa posiciones bajas en indicadores
relacionados con el grado de competencia en el mercado local, si bien de ninguna forma constituyen evidencia conclusiva, son indicios que deben prender las alarmas del Gobierno sobre la pertinencia de ajustar sus políticas de competencia.

A pesar de los esfuerzos realizados en los últimos años por la SIC –agencia de competencia en Colombia–, y de su mejora en eficiencia, según WEF (2012) Colombia ocupa el puesto 78 entre 144 países en el indicador que mide la efectividad de la política antimonopolio de una economía (Gráfico 1). Según el mismo Índice, Colombia ocupa el puesto 79 en el indicador que mide la intensidad de la competencia local (Gráfico 2), el 96 en el que mide el grado de dominancia en el mercado (Gráfico 3) y el 123 en el que mide la percepción sobre la prevalencia de barreras al comercio (Gráfico 4); cuatro
indicadores relacionados con la política de competencia del país.

 

 

 

 

Promoción y protección de la competencia

Informe Nacional de Competitividad 2013-2014

Promoción y protección de la competencia

El diseño e implementación de una adecuada política de promoción y protección de la competencia es un factor fundamental para que los países sean más competitivos. En efecto, un mayor nivel de rivalidad y de competencia empresarial en los diferentes mercados de bienes y servicios implica eficiencias tanto estáticas como dinámicas, las cuales inducen una mayor productividad total de los factores e incentivan la sofisticación empresarial.

Los índices de competitividad internacionales proveen información útil sobre la percepción que tienen los empresarios acerca de la competencia en los mercados locales, así como sobre la efectividad de la política de competencia del país. En este sentido, los resultados del Índice de Competitividad Global 2013-2014 del Foro Económico Mundial (WEF, por su sigla en inglés) muestran que, a pesar de los avances en los últimos años, es necesario continuar la profundización de la política de competencia colombiana.

De acuerdo con el WEF, Colombia ocupa el puesto 64 entre 148 países en la variable que mide la intensidad de la competencia en los mercados locales. El país ocupa el cuarto puesto en América Latina en esta variable de percepción, detrás de Chile (37), Costa Rica (52) y Perú (61), y supera a México (65) y Brasil (70). Es importante señalar que el puesto que ocupa Colombia se encuentra lejos de otras economías de referencia como Corea del Sur (8), Turquía (15) y Sudáfrica (47). De la misma manera, el país ocupa el puesto 78 en términos de la efectividad de la política antimonopolio, el puesto 99 en la variable que mide el grado de dominancia en el mercado, y el 131 en torno a la percepción sobre la prevalencia de barreras no arancelarias al comercio (ver capítulo Política Comercial). Todas estas variables indican que los empresarios colombianos perciben que el grado de rivalidad empresarial no es el adecuado y que las autoridades públicas encargadas de promover y proteger la competencia pueden hacer esfuerzos adicionales en la materia.

La Agenda Nacional de Competitividad (ANC) lanzada por el presidente Santos en 2012, en el marco del Sistema Nacional de Competitividad e Innovación, inicialmente incluía una acción relacionada con los aspectos institucionales de la SIC. Concretamente, la ANC establecía que el Gobierno debía presentar un proyecto de Ley para modificar la estructura institucional de la autoridad nacional de competencia en Colombia de acuerdo con los estándares OCDE. Infortunadamente, y a pesar de la necesidad de llevar a cabo una reforma a la estructura de la SIC, el Gobierno eliminó esta importante acción de la ANC. Las acciones que se mantuvieron en la ANC están relacionadas, principalmente, con la protección al consumidor (cuadro 1), tema que está fuera del alcance de este capítulo.