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¿Por qué un pacto por la productividad?

Los primeros años del siglo fueron buenos para Colombia. La economía creció en promedio por encima del 4% anual y la inversión como porcentaje del PIB llegó a niveles similares a las de países asiáticos, con un pico de más de 29% del PIB en 2014. La tasa de desempleo por su parte se redujo a un dígito y, por primera vez, la clase media superó a la población en pobreza. Todos avances fundamentales que se deben preservar.

El reto, sin embargo, no es menor. Los vientos que soplaron a favor del crecimiento se extinguieron con la caída de los precios de los commodities, y hoy Colombia debe encontrar nuevas fuentes de crecimiento con base en la productividad. Esto es, utilizando los recursos disponibles eficientemente de modo tal que con lo mismo se produzca más. En las empresas por ejemplo mayor eficiencia se traduce en menores costos y mayor generación de utilidades, al tiempo que permite a los trabajadores mejorar su remuneración y acceder a mejores condiciones de empleo. ¿Pero, cómo lograrlo?

Lo primero es ponerse en la tarea de hacerlo. Llevamos muchos años con diagnósticos y recomendaciones respecto a lo que habría que hacer para crecer y mejorar el bienestar de los colombianos, pero sin que se haya hecho mucho para lograrlo. Por esta razón y a pocas semanas de la posesión del nuevo mandatario de los colombianos, el Consejo Privado de Competitividad le propone al país y a los candidatos presidenciales hacer un Pacto por la Productividad entre el Estado y los empresarios alrededor de cinco áreas críticas para el crecimiento: 1) mejoramiento de las capacidades empresariales, 2) formalización, 3) cierre de brechas de capital humano, 4) mercados eficientes y 5) competitividad logística. Las cinco permiten la adopción y difusión de tecnologías, lo que está en el corazón del aumento de productividad.

Para la adopción de tecnología, las empresas necesitan mejorar sus capacidades empresariales, incluyendo las gerenciales. Actualmente, solo el 22,2% de las empresas innovan y hay alta obsolescencia tecnológica. Los empresarios deben incrementar su inversión en innovación y realizar esfuerzos para descubrir aquellas prácticas y tecnologías que ya han sido probadas y que pueden aplicar en sus empresas. Este esfuerzo debe ser acompañado por el Gobierno con un programa de adopción tecnológica en línea con la Política de Desarrollo Productivo, de manera que cualquier empresa pueda tener acceso a asistencia técnica en buenas prácticas gerenciales, así como extensión tecnológica y financiación blanda.

De otro lado, el alto costo de entrar a la formalidad desincentiva el crecimiento empresarial y la adopción de tecnologías. El Pacto, por tanto, incluye una estrategia integral de formalización que simplifique los procedimientos para la formalidad empresarial, reduzca los costos tributarios empresariales, y ponga en marcha un nuevo rol de fiscalización de la DIAN para que se concentre en perseguir a los grandes evasores y no en centrarse en los que ya tributan.

La productividad necesita además de talento pertinente. Por eso, el Pacto contempla que las empresas puedan encontrar los perfiles que requieren para la adopción de tecnologías, y que el Sena y las instituciones de Educación Superior concentren sus curriculums en las necesidades que se mapean para el sector empresarial a través del Marco Nacional de Cualificaciones. Implica también que las empresas abran sus espacios y participen activamente en la formación dual del talento, en particular técnico y tecnológico.

En cuanto a mercados eficientes, es esencial que prime la competencia. La regulación y los tributos deben favorecer la inversión, y el mercado laboral debe ser flexible. Las normas innecesarias deben eliminarse y cada vez que se expida una nueva norma se debe suprimir, al menos, una existente. También se requiere establecer un procedimiento para que todas las regulaciones – y sobre todo las que impactan el mercado laboral – se diseñen con un análisis costo beneficio antes de ser emitidas.

Por último, la productividad se explica por la capacidad de las empresas de comercializar sus bienes y servicios, en particular en el exterior para lo cual se debe asegurar la financiación de las 4G e implementar una política de transporte intermodal con corredores ferroviarios y navegabilidad del río Magdalena. Igualmente, el Pacto busca una mayor competencia en el transporte de carga por carretera, liberando los precios de los fletes, modernizando los requisitos para habilitar empresas de transporte y renovando de forma controlada el parque automotor.

Para garantizar el éxito del Pacto por la Productividad es fundamental que se instaure una labor intensa de seguimiento desde el más alto nivel del gobierno, con metas puntuales y mecanismos de gestión. Además, es crucial que la aplicación de las cinco áreas de trabajo se haga por sectores, de manera que las acciones sean concretas y dirigidas a resolver los cuellos de botella de la productividad que son particulares para cada rama de la economía.

El reto es inmenso, pero si se cuenta con el compromiso de sector privado y sector público, Colombia tiene las condiciones para poner en marcha un Pacto de este tipo.

Ana Fernanda Maiguashca

Presidente

Ana Fernanda Maiguashca es economista de la Universidad de los Andes, y MBA de la Universidad de Columbia. Fue codirectora del Banco de la República entre 2013 y 2021, y previamente se desempeñó como Viceministra Técnica del Ministerio de Hacienda. Ha recorrido diversos cargos relacionados con el mercado financiero colombiano. Fue Directora de Regulación Financiera, Superintendente Delegado Adjunto de Riesgos de la Superintendencia Financiera y pasó la primera parte de su carrera en el Banco de la República, en varias calidades, relacionadas con el desarrollo del mercado local de capitales y la regulación cambiaria. Es también miembro de varias juntas directivas.