Columna publicada en Portafolio.
En su paso por la Casa de Nariño, Néstor Humberto Martínez, como ministro de la Presidencia, hizo una de las jugadas más acertadas en favor de la competitividad de las empresas colombianas, que, sin embargo, pasó casi desapercibida.
Bajo su liderazgo y el de la Secretaría Jurídica de la Presidencia, los ministerios revisaron cerca de 10.000 decretos de los últimos 100 años, estudiaron su pertinencia y se dieron cuenta que de estos, 8.600 ya no estaban vigentes o habían sido modificados por nuevas normas. Los 1.400 decretos restantes fueron compilados en 21 decretos únicos –uno para cada sector del gobierno– y el resto se derogó de forma explícita.
Como resultado de esta iniciativa, la sociedad colombiana pasó de enfrentar una maraña de casi 10.000 decretos presidenciales, difíciles de navegar, a contar con solo 21, que ahora rigen de forma más clara en cada área de política pública.
Una labor excepcional, que mejora el ambiente para hacer negocios en un país en el que, según un estudio del Ministerio de Justicia, en solo cuatro años se emitieron más de 4.000 decretos, es decir, cerca de cuatro diarios. Y, lo más absurdo es que uno de cada cuatro modificaba normas anteriores, ya sea corrigiendo errores o cambiando de curso. ¿Qué empresa puede crecer y crear empleo, si debe enfrentar cuatro decretos nuevos cada día?
Afortunadamente, este no fue un esfuerzo aislado. En línea con el mismo y para poner fin a la inflación normativa o ‘decretitis’, el gobierno aprobó el Conpes de Política de Mejora Normativa, consistente en la adopción de las buenas prácticas que utilizan los países de la Ocde cuando emiten regulación nueva.
La primera de estas tiene que ver con el uso del Análisis de Impacto Normativo, que no es nada diferente a que el regulador haga un proceso de reflexión antes de sacar un decreto. Esto es, preguntarse cuál es el problema que se intenta resolver, cuáles son las alternativas para resolverlo, si regular es la mejor opción y si el beneficio que se busca compensa el costo de cumplir con la regulación.
Todas estas preguntas, de sentido común, son claves para acabar con el flujo de nuevas normas innecesarias y costosas. Igualmente, permiten que solo pase la regulación que de verdad beneficie a la sociedad.
La segunda buena práctica es la simplificación del inventario de normas. Después de la creación de los decretos únicos, los ministerios tendrán que ir un paso más allá, y simplificar sus resoluciones y circulares. Así podrán eliminar lo que ya no aplica y mantener solo lo necesario.
La tercera y última buena práctica es la de hacer buenos procesos de consulta pública. Al sacar la regulación a comentarios de los ciudadanos, previo a que esta se emita, el gobierno puede afinar las normas y evitar efectos no deseados o costos no planeados. Además, es apenas obvio que el gobierno le anuncie a la sociedad cuáles van a ser los problemas que va a regular en los próximos meses para que empresas y ciudadanos se preparen.
La Política de Mejora Normativa será obligatoria para los ministerios y reguladores a partir del 2017, aunque ya varias entidades públicas la están implementando. Este es un avance fundamental a favor de la competitividad y merece todo el reconocimiento. Ojalá los reguladores se ciñan a la misma. Es la única forma de garantizarle reglas de juego estables y efectivas al sector privado.
