PALABRAS DE ANTONIO CELIA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL CONSEJO PRIVADO DE COMPETITIVIDAD
En el año 2006, el Gobierno Nacional se propuso que en 2032 Colombia sería uno de los tres países más competitivos de América Latina. Para lograrlo, ese mismo gobierno y varios empresarios, crearon el Sistema Nacional de Competitividad.
Poco tiempo después, nació el Consejo Privado de Competitividad, que a propósito de los 10 años de su creación presenta, hoy, ante ustedes, un balance de su trabajo. Y aunque la competitividad no es un fin en sí, es claro que está inexorablemente ligada a la productividad de la economía, que a su vez establece el nivel de bienestar que una nación puede alcanzar; es por esto que realmente importa tanto…
Repasando aprendizajes, diría que el primero y más obvio es que esto de la competitividad es un asunto serio y complejo, que debería ser un propósito nacional.
El segundo aprendizaje -que es alentador- es que sí se pueden hacer avances en las transformaciones que se requieren para mejorar nuestra competitividad.
Y el tercero, es que debemos acelerar la marcha. Hay que ser más ambiciosos, porque las mejoras logradas han sido más bien tímidas. En efecto, algo hemos avanzado en los escalafones que miden la competitividad y seguimos en una tendencia positiva. Pero debemos aspirar a más.
Miremos los resultados:
Según el Foro Económico Mundial, pasamos de estar en el puesto 63 entre 122 países en 2006 al puesto 61 entre 138 naciones en 2016, con la salvedad de que de no ser por la alta inflación y la situación fiscal –temas que pueden ser de coyuntura- podríamos haber estado cerca del puesto 58.
Por otra parte, en el ranking del Doing Business del Banco Mundial, Colombia pasó del puesto 76 en 2006 al puesto 54 en 2016, y somos los segundos mejor posicionados en América Latina.
Así las cosas, seguimos estando en el 5° puesto en América Latina, por lo que para alcanzar nuestra meta de ser terceros debemos apurar los pasos que se están dando en la dirección correcta y corregir los que van por mal camino. Y sí, sí se puede avanzar rápido. Panamá por ejemplo, pasó en un año del puesto 50 al 42. Con Perú ha pasado algo similar.
Vale la pena detenerse un instante y revisar las variables en las que más hemos mejorado, y aquellas en las que peor nos va, advirtiendo que el 60% de las variables que mide el foro son de percepción, es decir que son opiniones de empresarios y expertos, mas no medidas cuantitativas.
LO MEJOR
El pilar en el que más progresamos en estos 10 años fue el de desarrollo del mercado financiero. Mejoramos 47 puestos debido una mezcla de factores públicos y privados, como la ley de garantías mobiliarias, la fortaleza de la Superintendencia Financiera y la solidez del Banco de la República, así como el aumento en la inversión privada en el sector financiero.
El segundo lugar en crecimiento en esta década lo obtuvimos en la sostenida capacidad tecnológica, en la que subimos 12 puestos, debido al compromiso constante del Gobierno para avanzar en la cobertura de la banda ancha, y al exitoso esfuerzo privado para lograr mayor penetración del internet y telefonía celular.
Seguimos siendo muy sólidos en tamaño del mercado y en protección a la inversión.
Hemos tenido avances en infraestructura, gracias a las nuevas y confiables instituciones creadas por el Gobierno, pero aún ocupamos el puesto 84, que es más bien lánguido. En este pilar, sin duda, mejoraremos mucho cuando se desplieguen plenamente las vías de las 4G. Se podrían obtener victorias tempranas si logramos mejorar la eficiencia del transporte de carga; serio obstáculo a la competitividad y asunto aún no resuelto –que suele terminar en costosos y agresivos bloqueos de vías, pagados injustamente por todos los colombianos–.
Estos son, a grandes rasgos, los pilares en los que más hemos mejorado en estos diez años.
EN QUÉ NOS VA MAL
Tenemos unos desafíos enormes que corresponden a los indicadores en los que seguimos apareciendo mal calificados.
Donde peor nos va, sin duda, es en el capítulo de instituciones, entendidas en la dimensión de la definición de Douglass North: “las instituciones son aquellas reglas de juego diseñadas por el hombre que asignan incentivos a sus acciones y que pueden ser formales e informales. Las informales responden a normas de comportamiento que se encuentran implícitas en una sociedad, producto de la costumbre”.
Por eso, no es tan fácil cambiar las instituciones, como algunos piden, porque en muchos casos se trata de costumbres acumuladas por años, quizás siglos, que se vuelven cultura y es sabido lo mucho que cuesta cambiar costumbres y hábitos.
Con una mirada más profunda a este capítulo general de instituciones en el que aparecemos en el puesto 112 (como Pakistán y Nigeria cuando en el 2006 estábamos de 79), descubrimos lo siguiente: donde peor nos va es: en costos de la violencia; en carga de la regulación gubernamental; en independencia judicial; y en percepción de la corrupción. Todas estas variables son subdivisiones del capítulo de instituciones, pero por la importancia de cada una merecen comentarios especiales, empezando por la violencia.
Nadie duda que un pronto y razonable acuerdo de paz -que usted Presidente ha buscado con notable perseverancia- será un paso enorme en la construcción de un mejor país. Para lograrlo, importa que las peticiones y pretensiones de todos se mantengan dentro del ámbito de lo creíble y lo posible. Va desde aquí un llamado a la grandeza, para acordar pronto la paz que todos queremos y merecemos.
Sobre la justicia todos escriben y coinciden: Estamos mal calificados en impunidad, en tiempos procesales y en confianza. Según Gallup, el 78 % de la gente no confía en el sistema de justicia, y la Corte Suprema tiene una opinión favorable del 35 %. No se puede reformar la justicia de una sola vez, debemos ir por partes, empezando por capacitar y evaluar a los jueces. Hay que establecer diálogos fructíferos, buscando puntos de encuentro entre los más conocedores para mejorar lo que tenemos. En esta materia, propongo que hagamos una especie de cónclave.
En cuanto a la carga de la regulación del Estado, ocupamos el penoso puesto 124. Es imperioso reducir la complejidad institucional que hemos creado a lo largo de tantos años de expedir pilas de normas, y arrumes de resoluciones y decretos. En general, nuestros trámites suelen ser dispendiosos, muchas veces innecesarios, y se inspiran en la desconfianza. Se confunden las competencias entre la nación y los territorios.
Debo anotar que la ventanilla única del MINCIT es una muy buena medida para agilizar la liturgia del trámite. Celebro que este gobierno ha identificado el problema y está buscando que las regulaciones que se expidan tengan implícita la noción de eficiencia y productividad. En efecto, ya hay un Conpes que obliga a medir la relación costo/beneficio de las regulaciones. Es un buen avance, pero el tema es serio. Fíjense en las cifras que me dio Simón Gaviria sobre este particular:
En 15 años, en Colombia se expidieron 53.400 resoluciones. ¡Hay 67 entes que nos regulan! Y tenemos 920 resoluciones nuevas cada año. Así es difícil cumplir. Se generan recurrentes fallas de coordinación, y está servida la excusa moral para eludir y justificar la informalidad, que a su vez tiene las siguientes cifras:
El 63% de empleados no cotiza a pensiones, el 28% del territorio nacional no tiene formación catastral, el 59% de los hogares rurales no tiene título de propiedad, lo mismo que el 63% de las unidades mineras. Resulta evidente que este asunto requiere medidas urgentes.
Para terminar con los componentes del capítulo de instituciones, abordo a la corrupción. Francamente creo que en la lucha contra la corrupción -que es un muy serio problema, pero del cual no se puede hacer un apocalipsis- nos estamos equivocando. Esto no es endureciendo penas, ni con más leyes, ni con gente que apela al facilismo de indignarse por todo y por nada sin saber por qué. Hasta un estatuto especial se expidió y no hemos mejorado la percepción de corrupción -y ojo- incluida la ética de la empresa privada que en este ranking aparece en un impúdico lugar de 104.
Hay que pensar de otra forma, empezando por preguntarnos que hace que un país sea más corrupto que otro. Y quizás así, descifremos algunas claves de nuestro pasado y descubramos que puede resultar mejor trabajar con paciencia, y a largo plazo, en principios, valores y cultura ciudadana, y así revalorizar la ética pública y la privada. Quizás ayude hacer un pacto por una ética de mínimos entre gobernantes y sociedad civil.
SOBRE IMPUESTOS
Pasando a un capítulo de permanente actualidad -los impuestos- hay que decir que estamos en el puesto 133, casi de últimos. Es sabido que se requiere con urgencia la reforma tributaria; la plata del petróleo ya no está y necesitamos más recursos; pocos pagamos mucho, sólo 1.800.000 personas en Colombia pagan impuestos. Es muy posible que los que no pagan tengan una noción abstrusa y lejana del Estado. No se sienten parte de este, no saben cuánto vale. Poco les importa.
Deberíamos, entre todos, hacer un acuerdo para no alterar sustancialmente la reforma tributaria presentada por el Gobierno, que no es perfecta, pero sí buena. No hagamos demagogia partidista con el tema. Sería deseable, más bien, que los políticos hagan el poco frecuente ejercicio de explicar a sus electores que si no se hace una buena reforma, todos perdemos. ¡Todos! En el mismo sentido, no es el mejor momento de defender intereses particulares. A todos nos conviene una reforma que perdure, por lo que hay que dejar de lado gestiones individuales, pues, aunque legítimas en una economía de mercado, las circunstancias actuales llaman a la búsqueda del interés general.
DE LA EDUCACIÓN
La reforma importa también porque debemos cerrar las inevitables desigualdades que el progreso genera, y sobre todo para ofrecer igualdad de oportunidades a partir de la educación, que es el instrumento más poderoso de equidad. Hemos mejorado, pero falta mucho para que todos en Colombia reciban educación de alta calidad. Este Gobierno le ha dado la preeminencia que merece y debemos perseverar. ¡La educación de calidad debe ser siempre un propósito nacional!
Termino mis comentarios sobre las mediciones de competitividad con un indicador al que debemos prestarle más atención, que es el nivel de intercambio de nuestra economía.
Todavía seguimos siendo cerrados, aunque el arancel promedio diga otra cosa. La dispersión es muy alta, y hay barreras para-arancelarias y trámites engorrosos, a pesar de los plausibles esfuerzos del ministerio. Aún persisten injustificadas y onerosas protecciones que le cuestan mucho al país. Eso explica que en exportaciones sobre el PIB estemos de 126, el mismo lugar que ocupamos en importaciones sobre el PIB.
Haríamos bien en prestarle atención al estudio de Juan José Echavarria sobre reforma arancelaria, y con objetividad y rigor examinar costos y beneficios para adoptar los cambios y las compensaciones a que hubiere lugar.
HACIA UN ESTADO MÁS EFECTIVO
Todo lo comentado y sugerido hasta aquí, sería mucho más fácil de llevar a cabo con un Estado más efectivo, título de un valioso documento publicado hace poco por la CAF y cuya lectura debería ser requisito obligado para funcionarios públicos y para empresarios. ¡Menos Michael Porter, y más CAF!
En el mismo prólogo de este documento escrito por Enrique Garcia, se pone el dedo en la llaga. Refiriéndose a la trayectoria de América Latina en el desarrollo, escribe Garcia: “La evidencia está plagada de esfuerzos de políticas con objetivos claros, con antecedentes exitosos en otros contextos…. pero no logran los impactos esperados porque las capacidades de las agencias encargadas son limitadas”. Esto quiere decir, digo yo, que no basta con escribir documentos largos (tipo Conpes) ni celebrar primicias triunfales de políticas públicas si no tenemos la capacidad de lograr los resultados deseados por que nuestro Estado no es efectivo; al menos en términos homogéneos, porque claro está que en muchos casos el Estado sí logra los resultados buscados.
En este mismo estudio, se define lo que se entiende por un Estado efectivo. “Es aquel que cuenta con capacidad para diseñar política pública, implantándola eficaz y eficientemente y generar aprendizajes a lo largo de estos procesos, y esta definición no tiene nada que ver con identidades políticas”.
LA IMPORTANCIA DEL ESTADO
Y en un artículo con el sugestivo nombre de: “Un estado feliz“, Leopoldo Fergusson anota: “El Estado está de moda, cada vez se reconoce su importancia para promover el desarrollo económico y social. En Colombia, con el proceso de paz mucho se ha dicho sobre su debilidad persistente y su desigual presencia en el territorio. Hay que llevarlo donde nunca ha llegado, se insiste”.
También lo dijo de otra forma, otro amigo, Malcom Deas: “Ya que en Colombia no habrá revolución, es mejor que reformemos al Estado para que sea más eficiente”. Sin duda, el reto de la mayoría de las democracias es crear estados más efectivos como proveedores eficientes y oportunos de bienes públicos, y para que se ejecuten todas las políticas con eficacia. Aprovechando que ha estado trabajando el tema, podría ser Planeación Nacional la que se vuelva la líder del seguimiento al propósito de tener un Estado más efectivo, considerando los incentivos, las medidas y los indicadores necesarios para tal fin.
Sin embargo, y a pesar de su importancia, no será el Estado el único promotor de la felicidad y la libertad. Además de un Estado más efectivo, es indispensable la iniciativa privada, como factor irremplazable del crecimiento y la prosperidad.
LAS REGIONES
Ahora bien, como el Estado efectivo del que hablé antes también se refiere a los estados locales- y las regiones importan mucho- creo que hay que darle una mirada crítica al modelo de descentralización actual. Parece que el Estado central no confía en las regiones, muchas veces con razón, y las regiones ven en el centralismo a un Leviatán que no reconoce sus circunstancias. Hay que ocuparse, en serio, de mejorar las instituciones locales, y tratar de cerrar las brechas entre centro y periferia. Por eso creo que vale la pena pensar en que en el SGP adoptemos una metodología de reparto distinto.
Jaime Bonett, economista del Banco de la República, propone aplicar el concepto de transferencias por igualación para que las zonas más pobres del país reciban más plata cuando hagan también un mayor esfuerzo fiscal. Deberíamos estudiarla, ya que a pesar de que en los últimos cinco años han salido 4.6 millones de compatriotas de la pobreza, sin duda un gran logro, las brechas entre centro y periferia prevalecen.
LA PRODUCTIVIDAD
Hasta aquí he mencionado asuntos que inciden en la competitividad de las naciones, asuntos que tienen que ver sobre todo con acciones del Estado para ofrecer un espacio propicio para el emprendimiento, pero no todo le toca al Estado. ¡Los empresarios debemos esforzarnos por ser productivos! El 65% de la productividad de las empresas viene de esfuerzos internos. No cabe duda de que el aumento de la productividad es la fuente primordial del crecimiento de mediato de una economía, y la clave del desarrollo. ¡El nuevo paradigma del crecimiento es la productividad! Por eso el BID, en un gran documento también de lectura obligada, que edita Carmen Pagé, dice: “Estamos en la era de la productividad“ y lo malo es que “Colombia y Latinoamérica se están rajando en esta materia”. Menos bestsellers de liderazgo y más BID.
Va un dato: en 2014 se necesitaban cinco trabajadores colombianos para producir lo mismo que uno en Estados Unidos.
¿Pero cuales son las causas más probables de nuestro pernicioso estancamiento en productividad? Aunque resulta difícil desentrañar estos misterios, sí hay algunos elementos que han tenido negativa incidencia en nuestro propósito de avanzar en esta materia.
Las políticas para elevar la productividad -aunque deberían ser las favoritas en todo sistema político- no han sido prioritarias, porque se les ha dado preferencia ainiciativas que muestren resultados a corto plazo. Es el caso de los subsidios a empresas pequeñas e ineficientes, o gasto social injustificado. La demagogia conspira casi siempre contra la productividad, así como las medidas de rigidez laboral, como la reciente iniciativa de horas extras que impulsa el Ministerio de Trabajo, que no va en la dirección correcta. Tenemos que hacer que la productividad sea un tema central del debate público, considerando que las mejoras en productividad toman tiempo. Hay que comenzar a hablar de esto ya, en público y en privado, en cocteles y en foros, en radio y televisión.
Según el documento del BID, los principales factores que afectan la productividad en América Latina, sin estar en riguroso orden son: la falta de crédito, los altos costos del transporte, una inadecuada y compleja estructura tributaria, una mala y compleja regulación y la falta de una política de desarrollo productivo.
POLITICA DE DESARROLLO PRODUCTIVO
En cuanto a esta última, que busca resolver fallas de mercado, está demostrada su importancia para lograr mayor crecimiento. ¡Hemos avanzado, mucho!, ya hay un Conpes al respecto, aunque lo veo un poco complejo y largo. Se requieren muchas coordinaciones para llevar a cabo acciones concretas. Deberíamos en estos CONPES proponernos asignar responsabilidades más precisas, involucrando a la menor cantidad de instituciones posible para disminuir al máximo las frecuentes fallas de coordinación. ¡Hay que rescatar el poder de lo simple!.
En cuanto a las empresas en particular, hay que decir que tenemos que apostarle a los encadenamientos productivos, a las certificaciones y a cerrar las brechas de capital humano. Sobre lo cual, hace un año, presentamos recomendaciones específicas que aún no se han observado. Los diálogos público-privados son indispensables para acertar en las decisiones de política. Hay que mantenerlos abiertos, fluidos y efectivos.
Lo otro que se nota hablando de productividad, es que las empresas en general no están invirtiendo en la adopción de tecnologías y buenas prácticas empresariales.
El 89% de las empresas no usa nuevas tecnologías en sus procesos productivos y el 95% de las nuevas empresas usa tecnología con más de cinco años de antigüedad.
El efecto que tiene para la productividad la inserción de tecnología es enorme; se estima, según Mckinsey, que esta podría crecer hasta en 82%.
En el CPC le estamos trabajando en serio a ser más productivos con la ayuda de expertas como Marcela Eslava, porque valoramos el conocimiento para respaldar nuestras conversaciones y porque estamos convencidos de que la academia debe tener un rol más activo en las decisiones públicas.
Termino con una invitación a buscar consensos sobre los distintos temas de la agenda nacional, empezando por el Pacto por La Paz, y a implementar los acuerdos correspondientes. Para ello, señor Presidente, como se lo comentamos hace poco, hemos creado -junto con la ANDI, el Consejo Gremial, Proantioquia y otras instituciones- el Consejo Empresarial para una Paz Sostenible. Queremos que usted nos considere un organismo de consulta permanente y a su disposición para los post-acuerdos. Es importante que la economía funcione bien y que la inversión privada -decente y respetuosa- sea fecunda. Por esto, mucho podemos aportar los empresarios.
Tenemos razones para ser más ambiciosos en nuestros sueños y derrotar el conformismo. Si vamos a poder llegar a acuerdos de paz que se veían imposibles, podemos con mucho más. Se abren unos horizontes muy amplios. Ojalá que nuestro campo se vuelva por fin la despensa que siempre hemos anhelado. Que se oiga bien: ¡la paz es buena para los negocios y los negocios son buenos para la paz! En paz, el país será menos difícil de gobernar y aunque vendrán nuevos y complejos retos, y otras dinámicas sociales, el Estado tendrá menos excusas para no llegar a donde le corresponda ejercer el imperio de la ley y el orden. Será más fácil mejorar nuestra competitividad, entendiendo que la nueva economía pasa por la productividad y que es un imperativo construir un Estado más efectivo. Así, todos podremos ejercer la noción más poderosa de libertad y desarrollo, que es tener la capacidad de hacer lo que cada uno valora.
GRACIAS!
