La recuperación del crecimiento económico del país requiere aumentos en productividad y sofisticación del aparato productivo, que serán difíciles de lograr debido al rezago que existe en ciencia, tecnología e innovación (CTI). Mientras otros países de la región mejoran en indicadores y resultados, Colombia se conforma con expedir normas que no se cumplen y no resuelven los temas de fondo.
En el 2009 se expidió la Ley 1286 que convirtió a Colciencias en Departamento Administrativo, y reestructuró el Sistema Nacional de CTI. El objetivo de esta norma era “lograr un modelo productivo sustentado en la ciencia, la tecnología y la innovación, para darle valor agregado a los productos y servicios de nuestra economía y propiciar el desarrollo productivo y una nueva industria nacional”. El mandato no podría ser más claro.
No obstante, tras ocho años, poco se ha logrado de los objetivos planteados. La inversión en I+D es casi exactamente la misma que en el 2009 (0,2 por ciento del PIB) y está muy por debajo del promedio de América Latina, que invierte 0,75 por ciento del PIB. Brasil asigna siete veces más que Colombia, y países como México o Costa Rica, tres veces más. En número de investigadores y patentes, Colombia ocupa los últimos puestos en la región, y solamente una de cada cuatro empresas en el país innova.
Esto no es sorprendente, dado que la reestructuración de Colciencias, planteada en la ley, sigue pendiente y la entidad no cuenta con los recursos para cumplir con las responsabilidades que se le asignaron. Tampoco se han resuelto los problemas de articulación entre entidades dentro del sistema, ni se han definido las políticas públicas necesarias para tener avances en CTI.
El único resultado que se podría catalogar como ‘positivo’ en estos años, es el aumento en la participación de las empresas en la inversión total en I+D del país, la cual pasó de 22 por ciento en el 2009 a 49 por ciento en 2016. Infortunadamente, ha habido sustitución entre fuentes de financiamiento más que complementariedad efectiva entre ellas: la inversión pública se ha estancado desde el 2012, a la vez que se han reducido los recursos provenientes de otras fuentes de inversión, como los de las universidades.
Pero ahí no termina todo. En vez de trabajar para resolver estos problemas, en Colombia seguimos enfrascados en discusiones bizantinas de si la ciencia debería estar al servicio de las empresas, o si el Gobierno debería orientar una investigación más abierta y regida por la curiosidad científica.
La investigación debe ser de alta calidad y dirigida a resolver preguntas y retos clave para el país, y debe hacerse en conjunto con el sector empresarial para que pueda traducirse en un verdadero desarrollo social y material de la población.
En últimas, el escaso avance en las actividades de CTI durante estos años es un reflejo claro de la irrelevancia de las leyes cuando su cumplimiento no se refuerza adecuadamente. Para revertir esto, es preciso que el Gobierno cumpla lo que ya está escrito, y que el sector privado continúe aumentando la inversión en I+D, de la mano de más inversión pública. De igual forma, se requiere una mayor articulación y coordinación entre las entidades que desarrollan investigación, y entre estas y el sector empresarial. De lo contrario, seguirá pasando lo mismo; es decir, nada.
