En los últimos meses, los debates nacionales se han centrado alrededor de una compleja acumulación de riesgos y obstáculos que generan incertidumbre y minan la confianza. Dado el momento político actual, y la cercanía de las elecciones presidenciales, lo más probable es que estos debates no hagan más que acrecentarse. Las campañas se centrarán en discusiones estériles sobre el proceso con las Farc, la corrupción y la desconfianza social.
Pero, los problemas del país son estructurales y requieren que se trace una ruta para resolverlos. Cualquiera de los candidatos que sea elegido como presidente, independientemente de su ideología, partido o propuesta, tendrá que enfrentarse a una situación que será determinante: si el país no retoma la senda de desarrollo y crecimiento económico, ninguno de los problemas antes mencionados dejará de ponerlo contra la pared.
Sin generación de ingresos en lo rural y recursos fiscales para las inversiones del posconflicto, el proceso con las Farc se enredará. Sin dinamismo económico y oportunidades, la captura de rentas será el determinante de las relaciones con los funcionarios públicos. Sin crecimiento emprendedor y en el empleo formal, el descontento de los ciudadanos se profundizará.
El debate debe comenzar a centrarse en el mayor reto que enfrenta Colombia:cómo retomar el crecimiento económico que fue el motor de las grandes transformaciones sociales y de bienestar en los últimos 15 años. Sin el viento de cola de los precios de las materias primas, la respuesta tiene que venir de una agenda contundente de transformación económica, que permita tener motores para volver a crecer.
Primero, la agenda debe enfocarse en generar condiciones básicas para ser competitivos –condiciones macro, institucionalidad, infraestruc- tura–. Con una profunda restricción en el gasto público y un esquema tributario que responde imponiendo a las empresas una tasa efectiva de 69,8 por ciento de las utilidades, es urgente buscar margen de maniobra en lo fiscal. Se debe plantear una reforma pensional que haga sostenible el esquema y libere recursos al Estado para retomar la inversión pública, también dar pasos para corregir las fallas y tener un sistema tributario competitivo, que promueva la inversión.
En cuanto a las instituciones, es importante reducir los costos de la excesiva, y muchas veces, ineficaz regulación, emitiendo solo aquellas normas cuyo beneficio justifique su costo y simplificando el acervo de normas que tiene el país. Y en cuanto a infraestructura, se deben complementar los esfuerzos en las 4G, con un foco en la eficiencia de logística y los procesos aduaneros, que se han vuelto cuello de botella.
Segundo, la agenda debe buscar mejoras en productividad, pues es el único camino para que empresarios y trabajadores puedan aprovechar esas condiciones básicas y competir a nivel global. Para esto, el sistema educativo tendrá que enfocarse en formar el talento que se requiere para usar tecnología y gerenciar las empresas del futuro, y el Gobierno debe escalar un programa nacional para adopción de tecnología e innovación. Igualmente, hay que eliminar las barreras a la competencia, que, en el fondo, van en contra del crecimiento empresarial, y liderar una reforma laboral que permita una movilidad de trabajadores de empresas menos productivas a las de mayor potencial de crecimiento.
Esta agenda se basa en principios que comparten empresarios, emprendedores y trabajadores, que son pertinentes en ciudades grandes y pequeñas, en lo urbano y lo rural. Y puede ser una bandera en torno a la cual se sincronice un amplio grupo de la sociedad de cara al abanico de debates en las campañas que se avecinan. Podemos comenzar dándole un giro a la conversación actual.
*Columna publicada en Portafolio
