Expedir leyes sin una evaluación previa de sus impactos sobre la economía y las finanzas públicas, es, a todas luces, irresponsable. Tal es el caso de las dos reformas pensionales y la laboral, aprobadas recientemente por el Congreso. Las tres son altamente populares por los grupos de población a los que van dirigidas -mujeres, trabajadores y pensionados-, pero sus impactos para el bienestar general del país son cuestionables.
Para comenzar, la reforma laboral que amplió la jornada nocturna en una hora, podría terminar afectando a los mismos trabajadores que busca proteger. Encarecer el costo de la mano de obra, desincentiva la creación de empleo formal, y va en contravía de la reducción de la informalidad laboral, que supera el 50 por ciento.
De otro lado, las dos reformas pensionales que fueron aprobadas no dejan de sorprender. Más que reformas parciales, el país necesita una reforma pensional integral, que dé lugar a un sistema más incluyente, que permita a más colombianos pensionarse, y que sea sostenible fiscalmente.
La reforma que reduce las semanas de cotización para las mujeres, mejora la cobertura, lo que es muy positivo. Ellas tienen mayores dificultades que los hombres para completar las semanas de cotización y obtener una pensión, pues se jubilan a una edad menor, y constantemente salen y entran del mercado laboral debido a los embarazos y las cargas por el cuidado del hogar.
No obstante, la reforma impacta negativamente las finanzas del Gobierno Nacional, en un momento en el que se requieren recursos para hacer frente a la desaceleración del PIB. Una mejor solución sería igualar la edad de pensión entre hombres y mujeres, considerando las estadísticas de esperanza de vida.
La otra reforma, la que reduce los aportes a la salud de los pensionados de 12 a 4 por ciento mensual, es preocupante y, sobre todo,cuestionable. No solo aumenta en 3 billones de pesos la carga para el fisco, sino que vuelve más regresivo el sistema pensional.
Al país se le vendió esta reforma como un alivio para los más necesitados, lo cual sería cierto, si su alcance se hubiera limitado precisamente al grupo de jubilados con las menores pensiones. Pero, la reforma, al incluir a todos los pensionados, terminó beneficiando, en mayor proporción, a aquellos que reciben las pensiones más altas, ampliando aún más la inequidad existente.
Los subsidios de pensiones le cuestan al fisco 2,3 por ciento del PIB al año. De esta cifra, según cálculos de Planeación Nacional, 50,8 por ciento va para el 20 por ciento de los que reciben las pensiones más altas, mientras que solo 4,3 por ciento se dirige al 20 por ciento de aquellos que reciben las menores pensiones. Con la ley, el alivio que recibirán las personas con pensiones inferiores a dos salarios mínimos será cerca de 88 mil pesos, mientras que los pensionados con la máxima pensión recibirán un alivio de 1 millón de pesos.
Colombia no puede seguir posponiendo las reformas necesarias para convertirse en un país más competitivo, que redunde en mayor bienestar para la población. Entre las reformas pendientes están la laboral, que reduzca los costos laborales y flexibilice el mercado, permitiendo mayor movilidad de los trabajadores hacia sectores más productivos. De igual forma, se requiere una reforma pensional que acabe con la regresividad del sistema, permita que más colombianos puedan pensionarse y libere recursos para inversiones socialmente más rentables. Las reformas, recientemente aprobadas por el Congreso, no hacen más que echar para atrás el desarrollo económico y social del país.
*Columna publicada en Portafolio
