Existe gran expectativa en el país por la terminación el próximo jueves del procedimiento legislativo especial o fast track, que permite acortar los tiempos para el trámite legislativo de las reformas constitucionales y de las leyes ordinarias derivadas del Acuerdo de Paz.
Muchas de las leyes previstas para ser tramitadas mediante este procedimiento, como las relacionadas con la Reforma Rural Integral, la participación ciudadana y la protesta pacífica, entre otras, quedaron por fuera del mismo y tendrán que presentarse al Congreso por la vía ordinaria. Esto genera incertidumbre respecto a las reglas del juego para la implementación del acuerdo y, en particular, frente a cómo será la participación del sector empresarial en las etapas que siguen.
El tránsito del país hacia una etapa de posconflicto exitosa depende, en buena parte, de la participación activa del sector empresarial en las zonas que fueron afectadas por el conflicto. Por esto mismo, la Alta Consejería Presidencial, en cabeza de Rafael Pardo, ha liderado una estrategia para vincularlo, con el fin de que participe activamente en varias alternativas de desarrollo –proyectos productivos, apuestas ambientales, turismo y voluntariado, entre otras–, y pueda así desplegar sus capacidades en favor de los territorios vulnerables del país.
Para acompañar estas iniciativas y estimular la participación del sector empresarial, en la Ley de Reforma Tributaria de 2016 se introdujeron beneficios tributarios para inversiones nuevas que se realicen en las Zomac (zonas más afectadas por el conflicto), así como el mecanismo de obras por impuestos que tanto éxito ha tenido en Perú, desde su creación en el 2008. Mediante este mecanismo, las empresas pueden destinar hasta el 50 por ciento del impuesto de renta que tienen a su cargo para invertirlo directamente en la construcción de obras específicas en las Zomac.
El decreto reglamentario de los Beneficios Tributarios se expidió el mes anterior, y el de Obras por Impuestos, el pasado 22 de noviembre, y fue firmado por el presidente Santos, el Ministro de Hacienda y el Director del DNP, en presencia de los empresarios. El nuevo decreto corrige los errores que traía la ley, y en particular el Artículo 238, encargado de su implementación, cuya redacción volvió el mecanismo inaplicable. Así mismo, el decreto desarrolla el contenido normativo que abre la puerta para que el sector empresarial, con sus capacidades, eficiencias, experticia y celeridad, pueda movilizar recursos vía incentivos tributarios y/o desarrollar obras por impuestos, especialmente en las Zomac, como una manera de participación y contribución con el posconflicto.
No obstante, para que estos decretos logren su cometido, es clave que las entidades involucradas en su aplicación, como la Agencia de Renovación del Territorio, el DNP, la Dian y el ministerio del ramo, logren apalancar una efectiva capacidad de liderazgo, coordinación y respuesta institucional para que el sector privado no termine inmerso en un proceso burocrático, engorroso, de desgaste administrativo y financiero, con asunción de riesgos innecesarios.
Igualmente, es fundamental que se termine el proceso normativo asociado al Acuerdo de Paz, pues la no claridad frente a las reglas del juego hacia adelante, dificulta la participación del sector empresarial, aun con la existencia de los estímulos tributarios.
*Columna publicada en Portafolio
