El aumento reciente del precio del petróleo es un gran alivio para el Gobierno, en la medida en que permite engrosar sus arcas y reduce la presión sobre el precio del dólar. No obstante, esta noticia no puede distraernos y hacer que olvidemos las dificultades fiscales del país en los últimos años, derivadas precisamente del desplome de los valores de las materias primas en el 2014.
En línea con lo que indica la regla fiscal (1% del PIB en 2022), las tareas de reducir el déficit fiscal, mejorar la eficiencia del gasto y aumentar el recaudo, deben continuar. Y nada más oportuno para alcanzarlo que seguir a cabalidad las recomendaciones que presentó recientemente la Comisión del Gasto y la Inversión Pública al Gobierno.
La Comisión analiza en detalle varios sectores y procesos, en busca de posibles ganancias en eficiencia, eficacia y equidad del gasto, y concluye que este no logra los resultados deseados ni contribuye a mejorar la distribución del ingreso.
Uno de los aportes más relevantes del informe hace referencia a los subsidios. La Comisión profundizó en el análisis hecho por el DNP, distinguiendo aquellos subsidios relacionados con programas de salud, educación y pensiones, de los que consisten en transferencias directas a personas o empresas.
Así, estimó que los subsidios a personas y hogares alcanzan los diez billones de pesos (1,6% del PIB), excluyendo los destinados a salud, educación y pensiones. Pero más importante que el cálculo mismo son las dudas que plantea la Comisión sobre si estos cumplen con un fin redistributivo, pues en algunos casos carecen de focalización y benefician a los de más altos ingresos. Y en los que sí se focalizan bien, la Comisión encuentra que no hay análisis rigurosos sobre los incentivos perversos que pueden generar en el mercado laboral, la fecundidad, la educación y la vivienda, entre otros.
De otra parte, encuentra que los subsidios a productores y empresas, por exenciones al impuesto de renta corporativa y por el ICR de Finagro, llegan a los 5,3 billones (0,7% del PIB).
Aunque algunas veces estas ayudas están dirigidas a resolver fallas de mercado, en otras responden a presiones de grupos de interés, afirma el reporte. Una conclusión similar a la que llegan las economistas Marcela Meléndez y Marcela Eslava en sus trabajos.
Según ellas, en Colombia es más probable que una empresa obtenga un subsidio por hacer parte de un gremio, un grupo económico o por tener importancia electoral, que por ser productiva.
Es clave corregir los errores de diseño, focalización, seguimiento, evaluación y consolidación de los subsidios mencionados. El establecimiento de procesos estandarizados para su creación y evaluación, el análisis de sus consecuencias indeseadas y la consolidación de aquellos programas que tengan mayor impacto son algunas de las medidas que ayudarían a lograrlo.
En el caso de los subsidios productivos, la Política Nacional de Desarrollo Productivo establece cómo enfocar mejor las ayudas dirigidas a las empresas, de forma que respondan a fallas de mercado y no a presiones indebidas.
El Gobierno debe incorporar las recomendaciones de la Comisión y responder con medidas concretas que ayuden a materializar las propuestas planteadas. Igualmente, debe comprometerse con una iniciativa de subsidios inteligentes. Con o sin altos precios del petróleo, el gasto tiene que ser eficiente y eficaz, y mejorar la distribución del ingreso.
*Columna publicada en Portafolio
