En lo que corresponde a Colombia, la tarea apenas comienza y esta pasa por tener una política migratoria.
enezuela nos duele y nos preocupa. Sin embargo, el grado de sensibilización respecto a lo que sucede en ese país, difiere dependiendo de dónde se esté ubicado geográficamente. Así, para quienes viven el día a día en Venezuela, la situación es dramática e insostenible. Según datos de Acción Solidaria, una ONG de la sociedad civil, actualmente hay en Venezuela 4,3 millones de personas esperando recibir tratamiento médico desde el 2016, un millón de casos nuevos de malaria, niveles de desnutrición de 11 por ciento, así como un aumento de la tasa de homicidios, que hace de Venezuela el país más peligroso de la región.
De otro lado, para los colombianos, la crisis se manifiesta a través de los miles de venezolanos que cruzan la frontera diariamente, huyendo del hambre y la enfermedad, y en busca de una mejor vida para sus familias. Llegan a diferentes regiones del país, en condiciones precarias, la mayoría para quedarse y otros para seguir su camino hacia otras naciones. Se estima que más de 2,5 millones de personas han salido de Venezuela desde el 2014, un millón de los cuales, según cifras de Migración Colombia, se han quedado en el país. El resto han migrado hacia otras naciones de la región, así como hacia algunas islas del Caribe.
Otra visión muy distinta es la que tiene la comunidad internacional y en particular respecto a la crisis migratoria. De hecho, el presidente del BID, Luis Alberto Moreno, en una columna reciente en el Washington Post, llama la atención de aquellos países que no están en la región, sobre la magnitud e impacto de esta crisis, al tiempo que solicita una respuesta financiera internacional para enfrentarla. Moreno enfatiza igualmente el alto costo que tiene para Colombia la migración de venezolanos, la cual equipara a un shock externo negativo, que estima le costará al fisco alrededor de $1,6 billones al año, 0,5 por ciento del PIB.
Pero, la presión no es solo fiscal. Las instituciones, tanto a nivel nacional como local están desbordadas atendiendo a esta población migrante en sus requerimientos de salud, vivienda, educación y protección social, entre otros. En cuanto a la salud, en junio, la Corte Constitucional ordenó al Estado tomar medidas generales en torno a esta población. El impacto también, al menos inicialmente, se está sintiendo en el mercado laboral a través de una mayor demanda de trabajo, que en algunas zonas ha afectado el nivel de los salarios y la calidad del empleo.
Para el presidente del BID, la situación está llegando a su límite en toda la región y de ahí el llamado a la comunidad internacional. Algunos países que han venido atendiendo a los inmigrantes con generosidad, pese a sus escasos recursos, están empezando a tener manifestaciones de violencia y protestas públicas en contra de esta población.
Las causas de la crisis humanitaria en Venezuela son bien conocidas y no desaparecerán hasta que no haya un cambio político y económico. En el entretanto, hay que enfrentarla y al menos en lo que le corresponde a Colombia, la tarea apenas comienza. Esta pasa por tener una política migratoria, ojalá coordinada con el resto de países receptores, que facilite la integración económica y social de los migrantes, y acceso a recursos de la comunidad internacional para financiarla.
