La ley de financiamiento podría ser la oportunidad para avanzar hacia un sistema tributario más sencillo, que impulse una mayor productividad.
En medio de la gran controversia que ha generado la ley de financiamiento, tanto por las exenciones, para muchos desmedidas, como por la carga excesiva que recaería sobre algunos para financiarlas, bien valdría la pena que se profundizara sobre los impuestos que además de recaudar, corrigen externalidades ambientales negativas y generan impactos positivos sobre la sociedad. Son estos, los impuestos verdes.
Las externalidades son efectos negativos asociados a la producción o consumo de ciertos bienes, que al no ser asumidos por el productor o el consumidor, terminan siéndolo por la sociedad. Este costo social puede, sin embargo, trasladarse al responsable, productor o consumidor, mediante el uso de impuestos verdes, en línea con el principio del que contamina paga. Además, estos tributos, al incentivar la innovación y el uso eficiente de recursos, terminan generando mejoras en productividad y competitividad.
La participación de los impuestos ambientales o verdes en la estructura tributaria colombiana es de 0,5 por ciento del PIB, mientras que en los países Ocde es de 2,2 por ciento. En el 2016 se introdujeron el impuesto a las bolsas plásticas y el impuesto al carbono con resultados positivos. El primero redujo el consumo de bolsas y ha recaudado alrededor de 10.460 millones de pesos, en tanto que el del carbono ha recaudado 715.000 millones de pesos y dinamizado inversiones ambientales para compensar alrededor de doce millones de toneladas de CO2.
De otro lado, por cuenta del impuesto al carbono, el país recibió recientemente en la COP24 en Polonia, un reconocimiento por “el liderazgo del Gobierno en la promoción de la fijación de precios del carbono y la compensación como instrumentos para enfrentar el cambio climático”.
Ahora bien, en el marco de la ley de financiación se discutió la ampliación de este impuesto, así como la inclusión de uno a las botellas plásticas. Actualmente, los desechos de plástico, sobre todo los de un solo uso, se han convertido en uno de los problemas ambientales más apremiantes a nivel global. Cada año llegan a los mares más de 17 millones de toneladas de plástico que afectan la vida marina y humana al reincorporarse como microplásticos a la cadena alimenticia.
Colombia genera 1,5 millones de toneladas de residuos de plástico al año, 83 por ciento de las cuales termina en rellenos sanitarios, con el alto costo ambiental que esto implica. El impuesto a las botellas plásticas que se propuso buscaba, con un cobro de 50 pesos por botella, reducir el consumo y generar incentivos para cerrar el ciclo productivo y que las botellas se recolecten y reutilicen. Se calcula que el impuesto podría recaudar 27.000 millones de pesos el primer año y generar adicionalmente un valor cercano a 100 millones de dólares anuales por el aprovechamiento de plásticos. Para mayor efectividad, es importante que el mecanismo del impuesto diferencie entre botellas que ya incorporan PET reciclado, como es el caso de Pepsico, Coca-Cola, Bavaria o Postobón, que llegan a cerca de 50 por ciento.
La ley de financiamiento podría ser la oportunidad para avanzar hacia un sistema tributario más sencillo, eficiente económicamente, transparente y progresivo, que corrija externalidades negativas e impulse una mayor productividad y competitividad. Es por esta razón, que propuestas como las del impuesto a las botellas plásticas deberían discutirse a fondo e incluirse en la ponencia de la Ley.
