Un Estado eficiente, que genere buenas políticas, es un pilar fundamental de la competitividad.
En un análisis reciente, realizado por la Presidencia de la República y el DNP, se encontró que existen 265 instrumentos para el fomento de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) y el desarrollo productivo, en cabeza de 23 entidades. De estos, 107 están dirigidos al cierre de brechas tecnológicas, 117 a innovación, 39 a financiamiento, y la lista podría llegar a 265, teniendo en cuenta que un mismo instrumento puede tener más de un objetivo.
El estudio muestra también duplicidades dentro de las entidades y entre ellas, además de fragmentación del gasto en multiplicidad de programas. De hecho, 10% de la oferta concentra el 77% de los recursos. Es decir, 238 instrumentos utilizan el 23% de los recursos, con instrumentos con menos de 100 millones de pesos de presupuesto. Lo anterior contrasta con lo que ocurre en países desarrollados, en los que el gasto se concentra en una oferta reducida de programas bien evaluados y altamente efectivos.
Más allá de las diferencias que puedan existir en poblaciones beneficiarias u otras justificaciones para esta multiplicidad de instrumentos con un mismo objetivo, lo que es un hecho es que las brechas tecnológicas en el país siguen siendo altas, las empresas no son innovadoras y existen barreras importantes a la financiación empresarial que impiden su crecimiento.
Un Estado eficiente, que genere buenas políticas y entregue servicios robustos a ciudadanos y a empresas que permitan avanzar en una agenda de desarrollo y prosperidad de largo plazo, es un pilar fundamental de la competitividad. Parte esencial es la eficiencia en el gasto público, que garantice el uso eficiente y efectivo de los recursos escasos y reduzca la desigualdad, para lo cual se requieren buenos procesos de diseño, ejecución y evaluación de la política pública, al igual que coordinación entre entidades.
Desafortunadamente, y, contrario a las mejores prácticas, la Comisión del Gasto y la Inversión Pública del 2017 encontró que en Colombia, el gasto público es poco eficiente y poco contribuye a una mejor distribución del ingreso. La razón, ausencia de mecanismos técnicos de priorización en la asignación del gasto y el no uso de evidencia sobre el desempeño e impacto de los diferentes programas en las decisiones presupuestales. El caso de los instrumentos existentes para CTI y desarrollo productivo, ilustra perfectamente esta situación. De hecho, para que estos instrumentos sean útiles y logren su fin, es preciso integrar programas con el mismo objetivo bajo una sola entidad, o desaparecer aquellos que no tienen impacto. Esto evitaría duplicidades y podrían realizarse mejores evaluaciones que sirvan para la toma de decisiones sobre cambios o permanencia de los programas.
En cuanto a la coordinación entre entidades públicas, es preciso contar con mecanismos institucionales y de incentivos que ayuden a alinear sus prioridades y evitar luchas burocráticas por recursos, en línea con el interés colectivo. Esa es la clave, también en la coordinación público-privada, alinear los incentivos privados con aquellos de interés colectivo que promueve el Estado.
Presidencia de la República, con su liderazgo, se ha puesto como meta racionalizar la oferta de instrumentos de apoyo para CTI y desarrollo productivo en este gobierno. Lograrlo implica, sin embargo, que los ministerios y agencias del Estado dejen de lado sus intereses burocráticos y políticos de corto plazo en beneficio de una mejor política pública que dé los resultados deseados.
