Es satisfactorio conocer las cifras de las inversiones sociales voluntarias de las empresas.
Hace unos días, Semana Sostenible, en asocio con USAID y la consultora JA&A presentaron la tercera entrega del Índice de Inversión Social Privada (IISP) con resultados bastante halagadores para el país. En 2020, 102 empresas hicieron inversiones voluntarias, esto es más allá del mínimo requerido, por $1,3 billones tendientes a garantizar la sostenibilidad del mercado y el desarrollo de las comunidades a la que sirven.
La elaboración de este índice que se construye encuestando a las 1.000 empresas más grandes es interesante por varias razones.
Primero, es satisfactorio conocer las cifras de las inversiones sociales voluntarias de las empresas, ya que son una gran muestra de responsabilidad y compromiso con el país. Sin duda, una inversión de $1,3 billones por parte de este grupo de empresas no es un monto menor y equivale a un punto del impuesto de renta, es como si pagaran un punto adicional en impuestos.
Segundo, Colombia tiene grandes deficiencias en materia de productividad y competitividad, lo que hace que estas inversiones bien gestionadas y focalizadas tengan un impacto muy favorable. En las empresas, mejorando la productividad a través de mejores prácticas, que son cada vez más demandadas por inversionistas y consumidores, y en la zonas donde invierten, mejorando la competitividad y generando mayor bienestar para la población.
Un ejemplo claro. En 2020, 45,1% de las empresas participantes en el Índice (46 empresas) tenían inversiones por $152.000 millones en los 170 municipios que hacen parte de las 16 regiones con planes de desarrollo territorial conocidos como PDET. Principalmente, en reactivación económica y producción agrícola, educación rural y primera infancia, infraestructura y vivienda rural.
Esta participación de las grandes empresas es una oportunidad que debe aprovecharse, más aún ahora que el Gobierno, en cabeza del Consejero Presidencial, Emilio Archila, puso sobre la mesa la necesidad de acelerar el desarrollo de estas zonas, las más abandonadas del país.
El sector privado es el motor del crecimiento y desarrollo económico y puede ser un gran socio del Gobierno en la implementación de los PDET y, en particular, en la estructuración y ejecución de los proyectos productivos.
El Gobierno ya tiene previstas una serie de inversiones en vías terciarias, acueducto y alcantarillado, energía, infraestructura de salud y de educación que coordinadas con las inversiones de las empresas podrían magnificar el impacto y acelerar el desarrollo. Es una alianza ganadora.
Si bien la inversión en estas zonas siempre ha sido una necesidad y una obligación, se vuelve aún más relevante a raíz de la covid- 19. Estas son zonas con gran potencial para el desarrollo de proyectos productivos necesarios para el abastecimiento de alimentos del país, y para la generación de empleo y reactivación en los municipios donde se llevan a cabo.
Por otro lado, la disrupción de las cadenas globales de valor que tuvo lugar como consecuencia de la covid – 19 se constituye en una oportunidad para que las empresas fortalezcan sus cadenas de suministro con miras al comercio internacional. Esto implica, buena estructuración de los proyectos, así como de la infraestructura y regulación. Y, no sobra insistir en la necesidad de que los proyectos siempre se lleven a cabo teniendo en cuenta el acceso al mercado.
