Los choques causados por el cambio climático, de no evitarse los peores escenarios, podrán ser aún más graves.
Un impacto positivo de la pandemia es la reducción de las emisiones globales de gases de efecto invernadero (GEI). Se estima que en 2020, estas disminuyan 5,5 % respecto a 2019: la mayor reducción en la historia.
No obstante, salvo que haya acciones específicas, las emisiones de GEI repuntarán con la reactivación de las economías, tal como sucedió después de la crisis financiera de 2008. De hecho, luego de la caída abrupta, volvieron rápidamente a los niveles previos y siguieron una senda creciente, en parte por los estímulos a industrias y actividades intensivas en carbono.
Ahora bien, en un estudio que se publicará próximamente, Nicholas Stern, Joseph Stiglitz y Dimitri Zenghelis identifican una serie de acciones con un alto multiplicador económico y alto potencial para reducir las emisiones de GEI.
Son inversiones en infraestructura limpia, como energías renovables o captura de carbono, eficiencia energética y mejora de edificios, inversión en educación y entrenamiento que atienda el desempleo causado por el covid-19 y genere capacidades para la descarbonización, inversión en capital natural para resiliencia y regeneración de los ecosistemas, incluida agricultura sostenible, e inversión en I+D verde.
Es decir, la ruta está clara. Sin embargo, de acuerdo con el Greenness of Stimulus Index (GSI) de Vivid Economics, esto no está pasando. El gasto en recuperación económica de los países hasta ahora, parece no estar alineado con la meta de cambio climático de no pasar el límite de calentamiento global de 1,5°C (que la senda actual de emisiones sobrepasa).
De los estímulos anunciados por los países del G20, 16 tendrán un impacto negativo sobre el medio ambiente, principalmente el de EE. UU. La mayoría de las economías han reforzado tendencias existentes, sin aprovechar la oportunidad para una mejor recuperación. El reto es especialmente difícil para los países dependientes de sectores extractivos por su impacto sobre el medio ambiente y alta dependencia de los ingresos de estas industrias.
Pero, independientemente de cómo actúen los gobiernos, es positivo el surgimiento de otros mecanismos privados que impulsan la sostenibilidad y la acción climática. Entre 2014 y 2019, América Latina y el Caribe emitieron USD 12,6 billones en bonos verdes mediante 52 negociaciones.
Los líderes son Brasil con 38% de las emisiones, Chile con 21% y México con 13%. Colombia ha emitido cinco bonos en el periodo a través de cuatro emisores: Bancóldex, Bancolombia, Davivienda, y EPSA, que emitió el único bono certificado bajo el estándar solar de Climate Bonds.
Además, muchas empresas han avanzado en certificaciones ambientales y en la inclusión de criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG por sus cifras en inglés), lo que les ha permitido diferenciarse de sus competidores, hacer mejor gestión de riesgo y acceder a financiación más atractiva. Diecisiete empresas colombianas hacen parte del Dow Jones Sustainability Index, un número similar al de países como Bélgica, Finlandia o Polonia.
Potenciar estos avances y complementarlos con acciones decididas desde el gobierno, permitirán a Colombia prepararse para los impactos del cambio climático. El covid-19 mostró el efecto negativo sobre la economía y pobreza de un choque global. Los choques causados por el cambio climático, de no evitarse los peores escenarios, podrán ser aún más graves.
Rosario Córdoba Garcés
Presidenta del Consejo Privado de Competitividad
