La política aprobada no pretende reemplazar al Plan Nacional de Desarrollo.
El CONPES de reactivación aprobado recientemente por el Gobierno nacional le añade 141 acciones (por $3,9 billones) al plan de inversiones público-privado previamente anunciado de 552 proyectos (por $135,5 billones), con el cual se anunció se generarían más de dos millones de empleos en los próximos cinco años.
Esto significa que ya con esta serie de proyectos y tareas identificadas, es preciso pasar a la acción y ejecutar de manera rápida y transparente lo que sea viable en los 17 meses que le quedan a esta administración.
Las 141 acciones del documento CONPES, financiadas con recursos del presupuesto general de la nación, se enmarcan en cuatro ejes: hogares, aparato productivo, marco institucional y desarrollo digital.
Con esta política el Gobierno se ha comprometido, entre otras cosas, a mejorar la focalización de los programas sociales para la reducción de la pobreza, a diseñar e implementar una estrategia de seguimiento y búsqueda activa de población desescolarizada por la pandemia, a apoyar la reactivación empresarial con acceso a crédito y a compras públicas, a reducir la carga regulatoria para las empresas, a impulsar la economía circular y el desarrollo productivo sostenible en la ruralidad, a hacer seguimiento especial entre el Departamento Nacional de Planeación (D NP) y los órganos de control a las inversiones con recursos de regalías para la reactivación, y a implementar con celeridad las recomendaciones de las misiones de empleo e internacionalización.
De otra parte, la política aprobada no pretende reemplazar al Plan Nacional de Desarrollo. Mejor, busca articular la hoja de ruta del Gobierno Duque con otras que ya están en ejecución, incluso desde antes, y que incluyen acciones relacionadas con la reactivación económica.
Esa noción de “ecosistema de políticas” es innovadora y adecuada en el sentido que reconoce que los problemas complejos ameritan un enfoque multidimensional y que exigen construir sobre lo construido.
Mientras que el inventario de proyectos busca principalmente inyectar en el corto plazo recursos que compensen los impactos de la pandemia sobre la economía, para en principio recuperar los niveles de producción y empleo, el documento CONPES traza una agenda de políticas de mediano y largo plazo para alcanzar una senda de crecimiento sostenible e incluyente.
En otros términos, plan de inversiones y política se articulan en una visión que busca atender simultáneamente lo coyuntural y lo estructural.
Ojalá el siguiente Gobierno entienda como políticas de Estado todos los lineamientos vigentes aprobados por el CONPES y los adopte. Sería un gran avance.
Rosario Córdoba Garcés
Presidenta del Consejo Privado de Competitividad
