El Pacto por México, acuerdo suscrito entre el Presidente Enrique Peñas Nieto y los presidentes de los tres partidos políticos más importantes de ese país para llevar a cabo una serie de reformas, va en serio. A pesar de la oposición que han recibido las propuestas de reforma de parte de distintos grupos de interés, ya se han ido adelantando varias de éstas.
Lo que se plantea hacer el Pacto no son cambios graduales, sino políticas ambiciosas, en sectores que afectan fuertemente los intereses de los empresarios tradicionales, del sector financiero o de los docentes. De ahí que en México se hayan presenciado un buen número de manifestaciones en los últimos meses. Sin embargo, como bien se plantea en referencia a las reformas mexicanas en la edición del 7 de septiembre en The Economist, “si éstas no son suficientemente ambiciosas, tal vez no vale la pena llevarlas a cabo.”
El primer gran resultado del Pacto ha sido la reforma educativa, aprobada por el Congreso a comienzos del mes de septiembre. Esta busca mejorar la calidad de la educación, principalmente a través de la implementación de un sistema estandarizado de contratación y ascenso de docentes basado en evaluaciones de desempeño. Dicha reforma ha suscitado gran revuelo entre los maestros, pero el Gobierno no piensa dar su brazo a torcer, pues precisamente lo que se busca a través del Pacto es favorecer los intereses generales y no los particulares.
Además de la reforma educativa, el Pacto por México ha aprobado una reforma de telecomunicaciones y una reforma financiera. La primera busca principalmente promover la competencia a través de la apertura del mercado a inversionistas extranjeros. En un mercado quasi-monopólico, una propuesta como ésta busca mejorar las coberturas, la calidad y los precios de los servicios de las telecomunicaciones.
De otra parte, la reforma financiera busca fortalecer el sector bancario, incentivar la competencia y disminuir los costos asociados a los servicios financieros. Para lograr estos objetivos, se busca potenciar la Banda de Desarrollo, de tal forma que impulse el sistema financiero y cree un portafolio de servicios para atender la demanda de sectores priorizados; generar incentivos adicionales para que la banca preste más; y crear mecanismos de protección al consumidor que permitan cambiar de banco fácilmente; entre otros. Adicional a estas reformas que ya han sido aprobadas por el Pacto, el Presidente busca llevar a cabo una reforma tributaria y una reforma al sector energético para desarrollar la industria petrolera bajo la rectoría del Estado y promover el desarrollo de un sistema eléctrico nacional basado en principios técnicos y económicos, también bajo la conducción y regulación estatal.
En menos de un año de mandato, el Presidente Peña Nieto ha puesto en marcha un plan de acción ambicioso que busca dar un revolcón a diversos sectores que se benefician del status quo. Aun conociendo las delicadas fibras que se están y se seguirán tocando, el Gobierno sigue en firme con sus reformas en busca de políticas que beneficien al país en general y no a sectores particulares. Sin duda el caso de México dejará muchas lecciones al país.
