La inversión en Investigación y Desarrollo (I+D) en Colombia sigue en alrededor del 0,28% del PIB, una fracción del promedio de los países de la OCDE.
Durante años, sino décadas, se viene hablando de la necesidad de convertir a la ciencia, la tecnología y la innovación en una palanca transversal y estructural del desarrollo económico y social de Colombia, pero, es poco lo que se ha hecho para lograrlo. Pese a dos misiones de sabios, en 1993 y 2019, la Ley 1286 de 2009 y más recientemente la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, CTI; la inversión en Investigación y Desarrollo (I+D) en Colombia sigue en alrededor del 0,28 % del PIB, una fracción del promedio de los países de la OCDE (2,5 % del PIB en 2019).
Apenas el 1% de las empresas son consideradas innovadoras en sentido estricto y el sector académico colabora poco con el sector productivo y dedica pocos esfuerzos a la difusión y adopción de conocimiento por parte de la sociedad y la economía.
Ha habido avances como la ampliación del programa de beneficios tributarios para la CTI en monto, alcance y número de empresas beneficiarias y también se ha dinamizado la aprobación de proyectos regionales de CTI financiados por regalías. Pero, estos son una mínima parte de lo que se requiere para que la CTI ocupe el lugar que le corresponde en el desarrollo del país.
Colombia tiene que tomar la decisión estratégica de priorizar la CTI y transitar hacia una sociedad y una economía del conocimiento. Es lo que han hecho los países que hoy lideran los rankings de competitividad, gracias a lo cual también han podido enfrentar la pandemia de mejor manera.
Ahora bien, el que la Corte Constitucional haya declarado inexequible la ley que creó MinCiencias y le haya dado al gobierno dos años de plazo, a partir del 20 de julio, para presentar un nuevo proyecto de ley es una gran oportunidad que debe aprovecharse para repensar el sector de CTI. Lo mismo debe hacerse con el CONPES de política de CTI que se viene elaborando.
Para comenzar, es indispensable modernizar la institucionalidad y priorizar recursos de un monto realmente ambicioso. Además, se deben desarrollar y consolidar instrumentos de política con el músculo para canalizar esos recursos, dirigidos a facilitar y potenciar tanto la demanda como la oferta de conocimiento. Igualmente es clave actualizar las regulaciones con el objetivo de generar incentivos para que las empresas inviertan más en tecnología e innovación y para que la academia desarrolle mayor interés en aportar a los retos sociales y productivos de nuestra sociedad y nuestras empresas.
Es lo que hay que hacer para aprovechar todo lo que la CTI puede aportarle al país.
Rosario Córdoba Garcés
Presidenta del Consejo Privado de Competitividad
rcordoba@compite.com.co
