No da espera y requiere de la intervención inmediata del Gobierno y de la sociedad civil.
Mucho nos hemos concentrado en los impactos inmediatos de la pandemia sobre la salud y el bienestar de la gente, el desempleo, así como sobre la supervivencia de las empresas, y son muchas las medidas que se han adoptado para subsanarlos.
También, pensando en la reactivación económica, el Gobierno diseñó Compromiso por Colombia, un plan que incluye 533 proyectos de inversión por un valor de 109,6 billones de pesos, elaboró el Conpes de reactivación económica con la participación del sector privado, y mañana –20 de julio– presentará al Congreso el proyecto de Inversión Social mediante el cual busca atender a las personas que se han visto más afectadas por la pandemia de covid-19.
Sin embargo, y esto es muy desafortunado, poca atención se les ha dado a los impactos de largo plazo que están dejando en los niños, niñas y jóvenes la interrupción de los procesos de aprendizaje, la deserción académica y la ampliación de las brechas educativas. Esta situación no da espera y requiere de la intervención inmediata del Gobierno y de la sociedad civil, dada la importancia que tienen en la movilidad social la acumulación de capital humano y la productividad. El riesgo es perder toda una generación.
Y aunque aún hay poca evidencia del impacto de los cierres sobre el aprendizaje, un estudio reciente para el caso de São Paulo (Brasil) encontró, con base en pruebas estandarizadas, que los estudiantes aprendieron tan solo el 27 por ciento de lo que aprenderían en clases presenciales, así como un aumento de 365 por ciento en la probabilidad de que los estudiantes desertaran.
Si bien estos impactos sobre los estudiantes han sido generalizados a nivel global, en Colombia se han exacerbado por culpa del larguísimo periodo en el que los colegios se han mantenido cerrados debido al covid-19 –el más largo de América Latina–, y que se extendió por causa del paro nacional.
Según datos del Observatorio de Gestión Educativa de Empresarios por la Educación, al 13 de julio de 2021 solamente el 17 por ciento de estudiantes matriculados en la educación básica y media se encontraban en alternancia, la mayoría de los cuales atienden colegios privados. Ojalá el proceso se acelere a partir del acuerdo alcanzado entre Fecode y el Gobierno respecto al regreso a la presencialidad.
Enfrentar los retos de la educación debe ser una prioridad y precisa de un plan que atienda tanto las nuevas condiciones producto de la pandemia como los problemas estructurales. En primer lugar, la reapertura de colegios no debe limitarse a la continuidad del año académico de manera presencial; también debe adelantarse un plan ambicioso que contemple evaluar las competencias y niveles de conocimiento de los alumnos a su regreso, de modo que se les pueda prestar los apoyos –académicos y/o psicológicos– que necesiten para nivelar los aprendizajes.
Adicionalmente, será muy importante aprovechar el impulso que la pandemia le dio al uso de la tecnología para integrarla a los procesos de aprendizaje. Esto permitiría ampliar la jornada a través de la convivencia de esquemas virtuales y presenciales. El esfuerzo aquí es doble. Hay que capacitar a los maestros y a los alumnos en el uso de las herramientas digitales, y mejorar la cobertura y el acceso a la infraestructura digital. Es esencial que los colegios estén conectados, como también lo es garantizar que los hogares lo estén.
La educación es fundamental para la recuperación de la crisis, para aumentar la productividad laboral, disminuir el desempleo estructural, aumentar la equidad y mejorar las condiciones de vida de la población. Los colombianos tenemos que hacer todos los esfuerzos por mejorar la calidad, el acceso y la pertinencia de la oferta educativa y formativa en el país.
ROSARIO CÓRDOBA GARCÉS
