El Informe Nacional de Competitividad 2025-2026 del Consejo Privado de Competitividad se publica en un contexto de tensiones críticas: aumento de la violencia, crisis del sistema de salud, riesgo energético y deterioro fiscal. Estas problemáticas se combinan con una baja productividad estructural, y el informe las interpreta como resultado de sesgos cognitivos y culturales —como el cortoplacismo, la resistencia al cambio y la aversión a perder— que limitan la acción colectiva. La separata “Distintos, no distantes: acuerdos incómodos para avanzar” propone abandonar la búsqueda de consensos ideales y, en su lugar, construir acuerdos prácticos que permitan avanzar en medio de la polarización. Bajo esta premisa, el informe organiza su análisis en tres ejes: romper falsas disyuntivas que frenan el desarrollo (“sin el pan y sin el queso”), adoptar reformas graduales en lugar de modelos perfectos (“lo perfecto es enemigo de lo bueno”) y asumir los costos de transición que implica el progreso (“el que quiere marrones aguanta tirones”).
El documento reúne 15 capítulos distribuidos en cuatro bloques estratégicos: condiciones habilitantes, capital humano, eficiencia de mercados, y sofisticación e innovación. Cada bloque analiza temas como energía, infraestructura, justicia, educación, mercado laboral, protección social, desarrollo empresarial y sistema tributario, entre otros. Se evidencia una economía que crece sin mejoras sustanciales en productividad y con una inversión debilitada por la incertidumbre política y la desconfianza institucional. El informe subraya que los sesgos conductuales y la polarización agravan estos retos, al fragmentar la toma de decisiones y obstaculizar políticas efectivas. Desde esta perspectiva, la economía conductual se presenta como una herramienta clave para diseñar políticas públicas más realistas, basadas en el entendimiento de cómo las personas realmente perciben, deciden y actúan, permitiendo superar bloqueos emocionales y cognitivos.
Finalmente, el INC 2025-2026 plantea que la competitividad de Colombia solo podrá fortalecerse mediante reformas graduales, decisiones pragmáticas y cooperación entre sectores. El informe llama a reconocer que mejorar la productividad y la confianza institucional requiere enfrentar tensiones y asumir costos en el corto plazo. Entre sus principales recomendaciones figuran modernizar los marcos regulatorios, consolidar la transición energética, mejorar la educación técnica, promover la digitalización, fortalecer la protección social y reformar el sistema tributario. En un año electoral, el informe insta a que la competitividad se convierta en una agenda común de país, que trascienda ideologías y canalice el debate hacia políticas basadas en evidencia, acuerdos prácticos y una gestión realista de las diferencias, para avanzar hacia un desarrollo sostenible e inclusivo.
