De manera desapercibida ha pasado una serie de medidas en materia de transporte de carga con repercusiones negativas para la competitividad del sector privado colombiano, tomadas recientemente como consecuencia de los paros de los últimos meses. El pasado mes de agosto se expidió el Conpes 3759, el cual estableció los lineamientos de política para la modernización del transporte automotor de carga. Dentro de esta política se contempla el congelamiento del parque vehicular de camiones, al sujetar el ingreso de camiones nuevos a salidas “uno a uno” de vehículos en circulación.
Esta medida empeora la situación vigente antes de la aprobación del Conpes, bajo la cual se exigía una póliza para que un nuevo vehículo de carga entrara en circulación. Si dicha póliza –al actuar como un impuesto– restringía el libre juego de oferta y demanda para ajustar el parque automotor a las condiciones cambiantes de mercado, la imposición de esta nueva regulación es mucho más distorsionante, en la medida en que elimina la posibilidad de ajuste de esta oferta. Lo anterior no tiene sentido, en particular, cuando la mayor inserción de Colombia en la economía mundial hace prever un incremento sustancial en la movilización de carga, por lo que este incremento esperado en la demanda se traducirá exclusivamente vía un mayor costo del flete.
De otro lado, y luego de un gran esfuerzo para desmontar la tabla de fletes en 2011, la cual fue establecida en el 1996 como medida de carácter “temporal”, el pasado 11 de octubre se expidió el Decreto 2228, el cual establece un valor mínimo a pagar teniendo en cuenta los costos de operación arrojados por el Sistema de Información de Costos Eficientes (SICE). Esta nueva reglamentación en la práctica implica volver al esquema de tabla, lo que es contraproducente, en la medida en que disminuye la intensidad de la competencia entre los oferentes, generando efectos negativos sobre la calidad del servicio.
Aunque el Conpes 3759 incluye medidas positivas como la implementación de un fondo de $1,1 billones aproximadamente para sacar de circulación vehículos con edades superiores a 20 años entre 2013 y 2018, lo cierto es que el congelamiento del parque automotor y la implementación de fletes mínimos son totalmente inconsistentes con el objetivo que tiene el país de ser más competitivo, pues afecta la estructura de costos de todo el sector productivo.
Más aún, estas medidas tampoco son consistentes con una visión de mayor competitividad del mismo sector de transporte de carga, el cual sólo se logrará en la medida en que se implemente una agenda integral que aborde los diferentes cuellos de botella que limitan la productividad de este sector. Muy seguramente esta agenda deberá involucrar acciones en materia de cambios normativos y de regulación, de formación de capital humano, de formalización, de infraestructura específica para el sector, de mayor coordinación entre generadores y transportadores, entre otros aspectos. Desde el CPC seguimos insistiendo que el Ministerio de Transporte debe liderar una agenda de este tipo, pues si el país quiere tener sectores de talla mundial, necesita un sector de transporte de talla mundial.
