La revolución educacional, científica y tecnológica, en conjunto con otras que nuestro país ha visto últimamente, pueden darle a Colombia la ventaja que requiere para formar parte del grupo de los países desarrollados en el futuro siglo” (Rodolfo Llinás. Misión de Sabios. Colombia: al filo de la oportunidad, 1993.
Mucho se ha escrito en la prensa sobre Colciencias en los últimos días y, en particular, sobre la salida de su director César Ocampo, después de que el presidente Santos lo declarara insubsistente. Pero, más allá del cambio de directores o del número que haya tenido la entidad en este gobierno, lo preocupante es la incapacidad de establecer una política de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI), y realizable con las capacidades existentes.
La ciencia, la tecnología y la innovación son centrales para lograr aumentos en productividad que lleven a un crecimiento sostenido de la economía. Para lograr avances reales es necesario pasar de reformas en el papel a cambios efectivos en la estrategia, las instituciones y el financiamiento.
Desde la creación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, hoy Colciencias, en 1968, Colombia ha fallado en establecer la institucionalidad y los mecanismos adecuados para el desarrollo de la ciencia y la tecnología. No sorprende, entonces, que 50 años después, el país no cuente con una política unificada de CTI, y que las acciones que hacen los distintos actores estén desarticuladas y atomizadas, y lleven a un círculo vicioso de inefectividad y disputas por los ínfimos recursos disponibles.
Los esfuerzos más recientes por resolver estos problemas han quedado inconclusos. Por ejemplo, en el 2009 el Congreso expidió la Ley 1286, que convirtió a Colciencias en un Departamento Administrativo y le dio múltiples responsabilidades. Sin embargo, no se le otorgaron los recursos ni la planta necesarios para cumplirlas.
En el 2010, el presidente Santos estableció la innovación como una de las cinco locomotoras del crecimiento económico, con la promesa de que la inversión total en CTI llegaría al 1 por ciento del PIB en el 2018 (Ver gráfico 1). Lo cierto es que hoy esta apenas llega a 0,71 por ciento del PIB, muy lejos de la cifra de Brasil (1,58 por ciento del PIB), así como de la del promedio de América Latina (1,08 por ciento del PIB). Adicionalmente, la mayor parte de esta inversión ha provenido del sector privado y no del Gobierno.
En el 2012, la creación del Fondo de Regalías para CTI constituía una gran oportunidad para diversificar las actividades productivas y cerrar brechas regionales. Pero, por los problemas de diseño y ejecución, fue el mismo Gobierno quien decidió reformar el Sistema General de Regalías para invertir los recursos no ejecutados en vías terciarias.
En el 2016, se construyó un documento Conpes que buscaba un acuerdo entre Gobierno, universidades y sector privado sobre cómo direccionar la CTI en los próximos 10 años. En este se establecían claramente las etapas del desarrollo científico y tecnológico, así como los actores que inciden en cada una de ellas. Proponía, además, instrumentos y objetivos concretos, y establecía en qué sectores concentrar los esfuerzos, dadas las capacidades y los retos que enfrenta el país. Increíblemente, el Conpes no fue aprobado por falta de recursos y de acuerdos al interior del Gobierno.
Al no existir lineamientos ni criterios unificados de asignación de recursos, estos no se destinan a las áreas y actividades que requiere el país. Por ejemplo, como se muestra en el gráfico 2, solo el 5 por ciento de las becas de doctorado se otorgan al área de ciencias agrícolas, a pesar de que genera resultados de alta calidad en investigación y es una necesidad apremiante para el país.
Para salir del estancamiento es necesario que el actual gobierno reglamente y concluya adecuadamente el Acto Legislativo 10 de 2017, que resolvió, en buena medida, los problemas de las regalías para CTI, y que amplíe programas que han mostrado ser exitosos, como los beneficios tributarios para innovación.
De otro lado, el próximo gobierno deberá establecer la hoja de ruta de largo plazo para Colombia, por lo que haría bien en retomar el fallido Conpes del 2016. Esto le permitiría, además, tener claridad sobre las prioridades y capacidades de investigación e innovación del país, para asignarles recursos suficientes y estables. Una vez se cuente con una política, Colombia podrá diseñar un marco institucional adecuado para llevarla a cabo.
De hecho, existen experiencias exitosas que pueden servir de referencia, como las reformas del sector energético en los 90, o la institucionalidad creada para infraestructura en el 2011. El Ministerio de Transporte se encarga de dar lineamientos, y la ANI se centra en ejecutar las obras. Una reforma institucional de este tipo le permitiría a Colciencias concentrarse en establecer la política de largo plazo y hacerle seguimiento, de la mano de una agencia novedosa que se encargue de gestionar los fondos para la CTI y de poner en marcha proyectos de alta calidad con universidades, centros de investigación, emprendedores y empresas.
El Gobierno entrante tiene la oportunidad de darle a Colciencias, en su cumpleaños número 50, la importancia que merece una entidad de esta naturaleza y la estrategia que el país necesita.
*Columna publicada en Portafolio
