Foto: Liliana Rincón Barajas / Archivo EL TIEMPO
Independientemente de quién resulte elegido, el nuevo presidente de la república deberá trabajar para que el país vuelva a crecer a tasas superiores al 4 por ciento anual. Esto con el fin de lograr mayores niveles de desarrollo y garantizar mayor prosperidad a la población.
Entre 2003 y 2014, años de buen desempeño económico gracias a la bonanza de materias primas, el país creció a un promedio anual de 4,7 por ciento, dando lugar a un incremento del PIB per cápita de 47,4 por ciento en el período y a avances importantes en materia social que necesariamente hay que preservar.
En estos años, la pobreza monetaria se redujo a casi la mitad, disminuyó la desigualdad, medida por el índice de Gini, y el desempleo llegó a niveles de un dígito.
Infortunadamente, los años de mayor crecimiento y prosperidad llegaron a su fin en 2014 con el desplome de los precios de las materias primas, lo que lleva a que hoy resulte indispensable encontrar nuevas fuentes de crecimiento que permitan consolidar y expandir los logros sociales alcanzados.
El principal mecanismo para potencializar la economía es la productividad, nada diferente a hacer más y mejor con los mismos factores de producción (capital y trabajo, fundamentalmente). Cuando las empresas alcanzan tasas de crecimiento de la productividad cada vez más altas y sostenidas se genera un círculo virtuoso con externalidades positivas para la sociedad. Al ser más eficiente, el empresario tiene menores costos y mayores ganancias; el trabajador logra obtener un empleo de más calidad y mejor remunerado; el consumidor consigue mejores productos a un menor precio; el Gobierno puede recaudar más impuestos para financiar el gasto público y la inversión, y en términos ambientales se generan beneficios por producir lo mismo o más con menos insumos.
Sin embargo, Colombia lleva 20 años con la productividad estancada prácticamente. Incluso, entre 2003 y 2014, su contribución promedio al crecimiento de la economía fue negativa.
Consciente de la necesidad de aumentar la productividad y de las dificultades para lograrlo, el Consejo Privado de Competitividad, en cabeza de Antonio Celia, presidente de su consejo directivo y presidente de Promigás, propuso, con ocasión del lanzamiento del undécimo ‘Informe nacional de competitividad’ en noviembre pasado, un pacto por la productividad de Colombia. La agenda y las bases de dicho pacto fueron expuestas ante la asamblea del Consejo Privado de Competitividad el mes pasado, y hoy se presentan al país.
La agenda propuesta
El pacto por la productividad tiene como objetivo aumentar la productividad de manera sostenida a través del trabajo conjunto entre Gobierno y sector privado en cinco áreas: 1) mejoramiento de las capacidades empresariales, 2) formalización, 3)cierre de brechas de capital humano, 4) mercados eficientes y 5) competitividad logística. Para cada una de ellas se propone una agenda con metas, indicadores y mecanismos de seguimiento que debe ser implementada en los sectores priorizados a nivel regional de acuerdo con los principios de la Política de Desarrollo Productivo aprobada en 2016.
1. Capacidades empresariales
Aumentar la productividad en las empresas requiere la adopción de tecnologías y procesos de innovación para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos productivos. Sin embargo, solamente 22,2 por ciento de las empresas en el país innovan, y hay alta obsolescencia tecnológica. Esto se debe en parte a bajas capacidades gerenciales, es decir, la habilidad de hacer el mejor uso de los recursos de la empresa, establecer metas e indicadores claros para identificar áreas de oportunidad y actuar sobre ellas.
De esta manera, mejorar la productividad de las empresas requiere un programa de adopción tecnológica en línea con la Política de Desarrollo Productivo, que incluya asistencia técnica en prácticas gerenciales, así como extensión tecnológica y financiación blanda. Por su parte, la labor de las empresas en esta área tiene que ser la de invertir en el aumento de capacidades. El Consejo Privado de Competitividad junto con Confecámaras, el Programa de Transformación Productiva y Georgia Tech vienen desarrollando un programa de esta naturaleza que bien vale la pena escalar a nivel nacional.
En cuanto a la oferta de tecnología y soluciones para las empresas, es necesaria la cofinanciación de la puesta en marcha y operación de centros de desarrollo e innovación, al estilo del Centro de Innovación Argos-Eafit. Además, se requiere una política de Estado de ciencia, tecnología e innovación (CTI) con una visión de largo plazo que focalice los esfuerzos en resolver problemas del país y dé continuidad a la financiación de las actividades de CTI.
2. Formalización
La informalidad genera grandes costos en términos de productividad. Implica competencia desleal para las empresas formales, pérdida de recaudo, baja cobertura en seguridad social y costos para la salud y el medio ambiente. Las firmas informales producen 2,5 veces menos que sus pares formales, y se calcula que la evasión en seguridad social, IVA y renta es más de 40 billones de pesos anuales.
En este sentido, aumentar los niveles de productividad requiere una estrategia integral de formalización que incluya la simplificación de los procedimientos y estándares para la formalidad empresarial, la reducción de los costos tributarios empresariales y la implementación del plan de modernización tecnológica y mejora de talento para la Dian. La estrategia debe además combatir las actividades que generan mayores costos sociales e impactan la estabilidad fiscal, como la minería ilegal.
3. Cierre de brechas de capital humano
En materia de educación hay enormes retos relacionados con su pertinencia y calidad que impiden que los trabajadores tengan mayores niveles de productividad. Para revertir esto, se requiere mejorar la articulación entre los sectores productivo y educativo, en especial con el Sena, y seguir impulsando la construcción y apropiación del ‘Marco nacional de cualificaciones’, que mapea las competencias que requiere el sector empresarial para su transformación productiva.
Paralelamente, y con un alcance de largo plazo, se debe avanzar hacia el establecimiento de un pilar técnico de la educación superior con un esquema de aseguramiento de la calidad que responda a sus particularidades. Esto permitiría atender la demanda por técnicos y tecnólogos, así como incrementar la calidad y pertinencia de estos programas. Las empresas, por su parte, deben participar en la formación del talento generando espacios en su interior para el entrenamiento de los estudiantes.
4. Mercados eficientes
Un mercado eficiente es aquel en el cual el intercambio de bienes y servicios se realiza de forma competitiva gracias a buenas prácticas regulatorias, un mercado laboral flexible y una estructura tributaria que incentive la inversión. Esto permite que los recursos se muevan a las empresas y sectores en donde son más productivos.
Colombia es uno de los países en donde la regulación es más costosa, lo que afecta la productividad de las empresas y se convierte en un factor problemático para hacer negocios. Es indispensable eliminar normas innecesarias y garantizar que cada vez que se expida una nueva norma se suprima al menos una existente. Este proceso debe realizarse en conjunto con el sector privado, puesto que su retroalimentación ha sido un factor determinante del éxito de los programas de desregulación a nivel internacional.
Además, se requiere establecer un procedimiento estandarizado para producir una norma, ya que frecuentemente las regulaciones se diseñan sin un análisis previo del problema por resolver, sin considerar los objetivos precisos o sin evaluar alternativas eficientes de respuesta. Para supervisar y coordinar estas acciones se debe contar con una autoridad regulatoria, al estilo de la oficina de Asuntos Regulatorios de EE. UU.
Adicionalmente, para tener mercados más eficientes es primordial mejorar la flexibilidad del mercado laboral reduciendo los costos asociados a la contratación formal, incluidos parafiscales.
Por otra parte, en Colombia, las tasas efectivas de tributación para las empresas son de las más altas del mundo. Por ello es fundamental reducir el nivel de la tasa nominal de renta y permitir el descuento de otros impuestos a cargo de las empresas.
5. Competitividad logística
Transportar mercancías en el interior de Colombia resulta más costoso que llevarlas a mercados internacionales, lo que reduce la productividad de las empresas. Por ello es necesario incentivar mayor competencia en el transporte de carga por carretera, liberando los precios de los fletes, modernizando los requisitos para habilitar empresas de transporte y renovando el parque automotor.
De otro lado, además de asegurar la financiación de las 4G, se requiere diseñar e implementar una política de transporte intermodal que incluya corredores ferroviarios y navegabilidad del río Magdalena. Igualmente, es prioritario mejorar la eficiencia en aduanas y puertos, donde se concentran los mayores tiempos de la cadena logística.
Seguimiento y puesta en marcha del pacto
Para que el pacto por la productividad sea exitoso se necesita desarrollar una labor de seguimiento que permita, a través de metas e indicadores específicos en cada una de las áreas, obtener aprendizajes rápidos y ajustes para lograr el objetivo de productividad (véase tabla ‘Ejemplo de indicadores de seguimiento’).
Colombia cuenta con la institucionalidad para hacer seguimiento a la agenda propuesta. El Sistema Nacional de Competitividad, Ciencia, Tecnología e Innovación se creó en 2006 para incrementar la productividad y la competitividad de la economía. El diseño del sistema es el adecuado y en él participan el Gobierno, el sector empresarial, la academia, las regiones y la sociedad civil, lo que hace innecesario crear nuevas instancias.
No obstante, para que el sistema cumpla con su objetivo se requiere compromiso y liderazgo desde el más alto nivel, fundamentado en la participación y articulación de los sectores público y privado. Sin ellos, los avances en competitividad y productividad serán insuficientes para garantizar el crecimiento económico y bienestar de todos los colombianos.
Fuente: Consejo Privado de Competitividad
Publicado por EL TIEMPO.
