El país está en mora de adelantar una reforma pensional que permita que más personas accedan a una pensión y acabe con la inequidad existente.
Es incomprensible que cada vez que se propone una reforma para mejorar las condiciones de la población, salgan opositores que invalidan sus intenciones y evitan a cualquier costo que se lleve a cabo.
La prevalencia de rigideces en el mercado laboral, muchas de las cuales provienen de un Código Sustantivo del Trabajo que data de hace varias décadas, sumadas a un gran número de inflexibilidades, explican en parte por qué Colombia tiene hoy la tasa de desempleo más alta entre los países de la OCDE y es el de mayor aumento del indicador durante la pandemia. A esto se suma la alta informalidad laboral -entendida como el porcentaje de trabajadores que no cotizan a salud ni a pensión-, así como la prevalencia del empleo vulnerable.
Pese a la contundencia de estas cifras, hay gran resistencia a que se adelanten reformas que corrijan estas fallas y mejoren el funcionamiento de este mercado.
Ahora bien, no todas las disfuncionalidades del mercado de trabajo se subsanarían con reformas normativas. Reducir la informalidad y aumentar la productividad laboral requiere trabajar en frentes como la educación.
Contar con una educación pertinente y de calidad es un requisito para la formalidad, y aquí hay camino por recorrer. Pese a los avances en cobertura, el 44% de la población ocupada tan solo cuenta con educación básica o menos, mientras que el desempeño del país en las pruebas PISA sigue siendo bajo respecto al promedio de la OCDE.
Mejorar la calidad de la educación implica trabajar permanentemente en la capacitación de los maestros, para lo cual es necesario fortalecer los mecanismos de evaluación docente.
Actualmente, el país tiene dos estatutos docentes, y cerca de la mitad de los maestros de educación básica no cuenta con evaluaciones exigentes para ascender en el escalafón. Se requiere una reforma que garantice que todos los docentes reciban retroalimentación y acompañamiento para mejorar sus habilidades pedagógicas, para lo cual mecanismos efectivos de evaluación son esenciales. Sin embargo, implementar esta iniciativa no parece viable.
Pero ahí no paran las cosas. El funcionamiento deficiente del mercado laboral y la alta informalidad inciden en la sostenibilidad del sistema pensional, y explican en parte por qué en Colombia solo acceden a pensión contributiva una de cada cuatro personas en edad de jubilación.
A esto se suma la inequidad del sistema pensional que surge de la coexistencia de los regímenes público y privado, que lleva a que un alto porcentaje del gasto anual del gobierno se vaya en subsidiar pensiones de incluso 25 salarios mínimos mensuales.
El país está en mora de adelantar una reforma pensional que permita que más personas accedan a una pensión y acabe con la inequidad existente. Sin embargo, cada vez que se propone surge la resistencia.
Lo cierto es que ni los desempleados, ni los trabajadores informales lo están pasando bien, como tampoco las generaciones de futuros trabajadores que no están recibiendo la calidad y pertinencia de la educación que les permita acceder a empleos de calidad, o aquellas personas que no pueden acceder a una pensión.
Esto nos debe llevar a preguntarnos, ¿por qué la imposibilidad de cambiar esta realidad? ¿Cómo organizarnos para lograrlo?
Rosario Córdoba Garcés
Presidenta del Consejo Privado de Competitividad
