l jueves pasado, el Gobierno presentó el balance de su administración en Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI), al tiempo que el Observatorio de Ciencia y Tecnología publicó su reporte para el 2017. En ambos casos los resultados son desalentadores, aunque hay algunas señales positivas que servirán de base para que la administración entrante avance y recupere el tiempo perdido.
Para comenzar, la inversión en actividades de ciencia, tecnología e innovación (ACTI) en el 2017 fue apenas de 0,67% del PIB, inferior a la del año anterior y lejos de la meta de 1% del Plan Nacional de Desarrollo. Como referencia, una empresa como Amazon invierte en investigación y desarrollo 21,3 veces más que toda Colombia.
Y lo cierto es que el sector público no hizo la tarea. En todo el periodo, la inversión estatal creció solo 12%, incluyendo los recursos del Fondo de CTI del Sistema General de Regalías. De hecho, las regalías sustituyeron en buena parte la inversión que dejó de llegar de otras fuentes, como el presupuesto de Colciencias. Por el lado positivo, entre el 2010 y el 2017, el sector empresarial triplicó su inversión, gracias a lo cual la destinación de recursos a ACTI en pesos constantes creció 72%, compensando en parte el estancamiento frente al PIB. La inversión privada participa con 69,9% de todos los recursos de ACTI y el 75% de la I+D.
De otra parte, hay señales positivas sobre las capacidades del país para investigar, debido en parte al aumento del número de PhD, que prácticamente se duplicó entre el 2010 y el 2016, al pasar de 9.184 a 17.224. Simultáneamente, se incrementaron los grupos de investigación reconocidos y avalados por Colciencias, las revistas indexadas y las publicaciones de autores colombianos en índices internacionales.
No obstante, volviendo al sabor agridulce, no es claro que las capacidades en investigación le estén apuntando a solucionar los retos de la sociedad y del aparato productivo. El gasto del Gobierno en ACTI va principalmente al avance general del conocimiento y educación (entre los dos se llevan 45,4% del total), mientras que la agricultura recibe solo 17% y la producción y tecnología industrial, 0%.
De igual forma, solo 6% de los investigadores están afiliados a una empresa o centro de I+D y la gran mayoría se encuentra en universidades o en el sector público. No sorprende entonces, dada la desconexión entre la investigación y la actividad económica, que el número de patentes solicitadas en Colombia siga siendo bajo comparado con otros países como Chile, México, Brasil o Argentina.
Ocho años de resultados mediocres deben ser suficientes para que una de las primeras acciones del nuevo gobierno sea replantearse la política pública en CTI. Solo así se logrará el cambio social y productivo del país.
Afortunadamente, existen algunas bases alentadoras para lograrlo. Primero, el rol claro y creciente de la inversión privada en ACTI puede ser la base para jalonar al sistema desde las compañías. Segundo, el Congreso aprobó una reforma constitucional al Fondo de CTI de regalías que busca que se asignen con convocatorias abiertas y que exista un mayor impacto. Tercero, el nuevo programa Colombia Científica puede servir de ejemplo sobre cómo hacer las convocatorias de modo que se formen alianzas entre universidades y empresas para resolver problemas concretos.
Publicado en: Portafolio
