Son varias las estrategias que viene adoptando el gobierno para reducir el impacto ambiental y cumplir con los compromisos adquiridos en el COP21, así como con las metas establecidas en el Conpes de Objetivos de Desarrollo Sostenible, lanzado recientemente. En este mismo sentido, hace más de un año se viene trabajando en la Misión de Crecimiento Verde, la cual debe terminar en un Conpes sobre el tema antes de finalizar el gobierno Santos.
Y es en el marco de estas estrategias que viene cobrado fuerza la economía circular. Su objetivo es usar y reusar el capital natural de la forma más eficiente posible, antes de desecharlo, y encontrar valor a lo largo del ciclo de vida de los productos. La estrategia además de reducir el impacto ambiental puede tener ventajas económicas: aumentos de eficiencia, innovación y generación de empleo. Ahora bien, la transición hacia una economía circular no es un proceso sencillo que se logra solo con la expedición de nueva normatividad. Exige trabajo coordinado de largo plazo con todos los involucrados, construcción de capacidades estatales y, especialmente, visión compartida de lo que significa transitar hacia un país sostenible.
Entre los instrumentos más usados para incentivar la economía circular está la responsabilidad extendida del productor (REP), la cual se basa en el principio de que el que contamina paga y, por tanto, son los productores y consumidores de los productos quienes deben pagar por la gestión de los residuos, no los contribuyentes. Así, los esquemas REP transfieren la responsabilidad de la gestión de residuos al productor y van acompañados de incentivos para que estos tomen en cuenta consideraciones ambientales en el diseño de sus productos.
Existen cerca de 400 esquemas de REP en el mundo que han tenido impactos positivos sobre las tasas de reciclaje, valorización de residuos y reducción del gasto público en su gestión. Japón y Francia son un buen ejemplo de ello.
No obstante, para lograr los beneficios de un esquema REP son necesarias dos condiciones, un acuerdo social sobre el problema de residuos y el diseño adecuado del mecanismo REP. Si no existe un convenio sobre el problema y la necesidad de actuar por los costos que representan la generación y manejo de residuos, difícilmente se generará un diálogo constructivo en el que se establezcan objetivos y se distribuyan costos reales para hacer frente a la externalidad. Esto implica la participación de la industria, organizaciones de recicladores, empresas prestadoras del servicio público de aseo, entidades gubernamentales y ciudadanía.
Por otra parte, el diseño adecuado de un esquema REP debe partir de las particularidades del contexto y requiere la participación y definición clara de responsabilidades de todos los actores involucrados. La REP no puede usarse como sustituto de la responsabilidad de los consumidores y de las distintas instancias de gobierno.
En Colombia, por ejemplo, en un contexto de alta informalidad, tanto en la producción de bienes como en la separación y recolección de residuos, es fundamental que el gobierno establezca mecanismos idóneos de cumplimiento y sanción. De otro modo, serán las empresas formales las que queden como responsables del reciclaje y reúso de sus empaques, pero sin control efectivo sobre la cadena para lograr los resultados deseados.
*Columna publicada en Portafolio
