La informalidad es un lastre para Colombia. Por cuenta de esta, por evasión de impuestos de renta e IVA, el fisco deja de recaudar cerca de 40 billones de pesos anuales, una cifra equivalente a la financiación de todo el programa de vías 4G; el sistema pensional deja de recibir 24 billones de pesos, debido al alto porcentaje de ocupados informales, y el de salud, 4 billones de pesos, por la permanencia de los mismos en el régimen subsidiado. De otra parte, en términos de productividad, las firmas informales producen 2,5 veces menos que las formales.
Claramente, esta situación no puede continuar. El país necesita recursos para invertir en educación, salud, infraestructura e innovación –claves para el posconflicto y la competitividad–, que solo podrá lograr si aumenta la formalidad. De hecho, esto es a lo que le apunta el informe publicado recientemente por el Consejo Privado de Competitividad (CPC) titulado ‘Informalidad: una nueva visión para Colombia’.
En el documento, el CPC propone cambiar la conversación respecto a la manera de abordar la informalidad. Se piensa, y así se ha actuado, que la informalidad se resuelve con grandes brigadas que convenzan a pequeños comerciantes de que ser formal es buena idea. Pero, para muchos, los costos de serlo, como tener el registro mercantil, realizar aportes a seguridad social y a la Dian, y contar con prácticas gerenciales básicas, superan con creces los beneficios.
Las estrategias de la formalización deben concentrarse en facilitar que los emprendimientos crezcan y tengan capacidades para aumentar su productividad, de manera que para ellos sea un buen negocio cumplir todas las condiciones de la formalidad. Así mismo, se deben revisar los incentivos que hoy existen a permanecer en la informalidad. Una forma es volviendo temporales los subsidios sociales, y quitando el estímulo a no aportar al sistema de salud, mediante la diferenciación de los servicios prestados por los regímenes contributivo y subsidado.
Igualmente, se deben revisar los estándares y reducir los costos que implica ser formal, mediante una estrategia de desregulación inteligente, que permita eliminar o simplificar las normas costosas que no cumplen un rol esencial para el Gobierno. También se debe continuar con la disminución de costos laborales (sobre todo los que son adicionales al salario), lo cual ha dado resultados claros en la creación de empleos formales desde el 2012.
Por último, en el informe se muestra cómo en Colombia las autoridades imponen un excesivo control sobre las empresas y personas que cumplen con las reglas del juego, pero no hacen suficiente esfuerzo en perseguir a aquellos que pasan por debajo de la mesa. El control de la Dian debe focalizarse en disminuir la evasión de quienes hoy no contribuyen, concentrándose en combatir los hechos intolerables, como las grandes operaciones en efectivo, más que los hechos indeseables de la informalidad como los vendedores ambulantes o algunos tenderos. Todo esto pasa por un aumento de las capacidades estatales, comenzando con el fortalecimiento de la Dian, que es, sin duda, la empresa más importante del país.
Una estrategia integral de este tipo es prioridad para este y los próximos gobiernos. Es la forma de acabar con una reforma tributaria cada año y romper el ciclo vicioso de que pocas empresas y personas tengan que financiar gran parte del Estado.
*Columna publicada en Portafolio
