A pocos meses de las elecciones presidenciales, la corrupción se ha convertido en el caballito de batalla de varios de los candidatos, y no sin razón. De hecho, esta semana se dieron a conocer los resultados del Índice de Percepción de la Corrupción que publica cada año Transparencia Internacional, en el que Colombia, si bien mantuvo la misma calificación del año anterior, cayó del puesto 90 al 96 entre 180 países en la medición.
Pero más que utilizar el debate electoral para recriminarse los unos a los otros, los candidatos deberían aprovecharlo para debatir y formular soluciones encaminadas, sino a erradicar, sí a disminuir las prácticas corruptas en el país. Es preciso establecer reglas de juego que favorezcan la transparencia en las acciones del sector público y privado, de manera que la sociedad pueda ejercer una labor de fiscalización. Un medio eficiente para lograrlo es usar herramientas digitales.
Colombia tiene algunas experiencias exitosas en este frente, como es el caso del Secop (Sistema Electrónico de Contratación Pública), de la Agencia Nacional de Contratación Pública (Colombia Compra Eficiente), que cuenta con información precisa y centralizada sobre las compras públicas de entidades del Gobierno Nacional y territorial. Además, a medida que el Secop ha pasado de ser un sistema de publicación de compras públicas a convertirse en uno transaccional para registrar todos los pasos de la contratación en línea, el proceso se ha vuelto más exacto y transparente con resultados muy alentadores.
Mientras en su primera versión, el 52 por ciento de los procesos de compra pública tenía un único proponente, en la nueva versión transaccional, la cifra se redujo a 14 por ciento. La transparencia introducida por la digitalización ha permitido eliminar la discrecionalidad de los funcionarios y mitigar las malas prácticas en la contratación del Estado.
Otra experiencia sobresaliente es el uso de big data por parte del DNP para informar la toma de decisiones. La entidad utilizó herramientas de análisis de grandes volúmenes de datos para aproximar una cifra, hasta hoy desconocida en Colombia: el número de regulaciones emitidas en el país. Ahora que se conoce la dimensión del problema regulatorio, se está poniendo en marcha una política que incorpore mejores prácticas en la emisión de normas. Más, aún, el uso de análisis de big data tiene infinidad de posibilidades en campos ávidos de mayor transparencia como subsidios, afiliaciones al sistema de salud e impuestos.
No obstante, la mayor transparencia tiene grandes enemigos. El uso de herramientas digitales genera reticencia entre los que se lucran de procesos discrecionales que no cuentan con algún tipo de escrutinio ciudadano. Un ejemplo es la dificultad de adoptar tecnologías modernas en la Dian, que permitan mayor fiscalización.
Colombia requiere retomar el ritmo de incorporación de herramientas digitales en el sector público -sobre todo en entidades territoriales que presentan más rezago-, pues, desde el 2010, ha venido perdiendo posiciones en el Índice de Gobierno Electrónico. Hablar de reducir la corrupción sin soluciones concretas no nos va a llevar muy lejos. Y, aquí los candidatos tienen una gran responsabilidad. Un mayor uso de herramientas digitales permitirá construir un entorno de fiscalización y control ciudadano que visibilice y castigue socialmente la corrupción.
*Columna publicada en Portafolio
