A pesar de que en Colombia es constante el llamado a mejorar el sistema judicial del país dado su gran impacto en la competitividad y crecimiento económico, en el Indicador de Eficiencia del Marco Legal para Resolver Disputas del FEM –que si bien se basa en percepción en lugar de datos duros–, Colombia (con una calificación que se ha mantenido alrededor de 3.4 sobre 7) fue alcanzada e incluso superada tanto por el promedio de Latinoamérica (que pasó de 3.22 a 3.41), como por países que se encontraban rezagados con relación a Colombia en el 2010, tales como Bolivia (que pasó de 2.5 a 3.6) y Ecuador (que pasó de 2.5 a 3.4). El hecho de que otros países estén avanzando en materia de justicia de forma más acelerada que Colombia no sólo lleva consigo la caída del país en el ranking global, lo cual se pone en evidencia en que durante los últimos cuatro años Colombia pasó del puesto 87 al 95 en dicho ranking, sino que aleja a Colombia de su meta de ser el tercer país de América latina en 2032. Con el fin de avanzar a un paso al menos equivalente a los países con mayores índices de mejora en la materia, Colombia debe (i) acelerar la implementación de las reformas procesales, (ii) acelerar la implementación de las TICs en la justicia, (iii) crear juzgados ejecutivos especializados, (iv) adoptar instrumentos del sector privado para la gerencia de la rama, entre muchos otros.
