Columna publicada en Portafolio.
El reciente escándalo de los Panamá Papers es una buena oportunidad para poner, nuevamente, en el centro del debate la urgencia de llevar a cabo una reforma tributaria estructural e integral. Su postergación se convierte en un obstáculo para el crecimiento, la inversión y la generación de empleo formal, y además pone en riesgo la calificación grado de inversión.
El diagnóstico está hecho. El sistema tributario colombiano recauda poco, es inequitativo, regresivo, ineficiente económicamente y excesivamente complejo. Por cuenta de las exenciones y exclusiones existentes, dos empresas con utilidades similares no tributan igual, como tampoco lo hacen dos personas con un mismo ingreso. A esto se suma la excesiva concentración del recaudo del impuesto de renta en las empresas, a tasas efectivas muy altas y en contravía de la tendencia mundial de reducción de las mismas.
Claramente, este es el resultado del poco entendimiento que hay sobre el rol de las compañías en el crecimiento y desarrollo del país.
La bonanza petrolera permitió un aumento considerable del gasto social con impacto muy favorable sobre la reducción de la pobreza y la indigencia, y consecuentemente en el crecimiento de la clase media. Recientemente, el presidente Santos anunció, con gran satisfacción, que en Colombia la clase media ya representaba el 70 por ciento de la población.
Mantener este gasto para no perder los logros alcanzados requiere recursos que el gobierno no tiene, y que necesariamente tendría que conseguir. Además, necesita dinero para financiar inversiones que mejoren la competitividad y para el pos- acuerdo.
Una opción, que varios apoyarían, es hacer más de lo mismo. Esto es, gravar a las empresas a tasas aún mayores que las actuales y perpetuar los gravámenes antitécnicos existentes, como son el GMF o el impuesto a la riqueza. Sin embargo, esta alternativa desincentiva la inversión y es insostenible.
Otra opción es aprovechar el momento político y económico y hacer la reforma estructural que propone la Comisión de Expertos para la Equidad Tributaria y la Competitividad, que implica ajustar todos los impuestos para que cumplan con su verdadera función.
Las empresas producen riqueza más no son ricas. Los ricos son sus propietarios. Así, en pro de la eficiencia económica, la mayor carga del impuesto de renta debería recaer sobre estos, así como en las personas naturales, y no en las compañías. Esto generaría incentivos adecuados para que llegue inversión nueva al país, y la existente no se vaya.
Hay espacio para hacerlo. La tributación total de las personas naturales es muy baja. De una población de 47 millones de habitantes, menos de dos millones contribuyen al fisco, la mayoría de ellos asalariados. Los rentistas de capital contribuyen poco.
De otro lado, el IVA que por naturaleza es una importante fuente de recaudo, requiere una transformación profunda. El cómo, es un debate que debe dar el país. El régimen actual es poco productivo e ineficiente y, contrario a lo que se comenta, es altamente regresivo, al favorecer a los más ricos, que son los que más consumen.
La reforma tributaria es indispensable. Cómo se haga es determinante para la sostenibilidad de las finanzas públicas y preservar los logros en materia social. Ojalá el gobierno y el Congreso acojan y mantengan la integralidad de la propuesta estructural de la Comisión, y en el proceso prime el interés general sobre el particular.
