El gobierno está definiendo su Plan de Desarrollo y elaboró una agenda de competitividad que podría traducirse en mayor productividad.
La baja productividad de la economía es la principal limitación del crecimiento en Colombia y por tanto del mejoramiento de la calidad de vida de la población. En este sentido, el Plan Nacional de Desarrollo (PND) del gobierno del presidente Duque, cuyo objetivo es mejorar la equidad, deberá enfocar sus estrategias en el aumento de la productividad; un propósito de largo plazo que puede acelerarse mediante la adopción de tecnología e innovación en las empresas, así como con mejoras en la calidad de la regulación.
A nivel de la firma, por ejemplo, la digitalización de funciones de procesamiento interno y en la interacción con proveedores externos se traduciría inmediatamente en mayor productividad. Aquí, el espacio de mejora es enorme. Según datos de 2017 del Observatorio de Economía Digital de MinTIC, tan solo 16% de las empresas grandes (12% de las micro) vende en comercio electrónico.
En innovación el espacio es también enorme. Según datos del Dane, solo el 21,5% de las empresas manufactureras innova y 22,6% de las de servicios. Si bien el PND incluye estrategias en estos dos frentes, es preciso alinear los incentivos productivos con resultados en productividad.
De otro lado, resolver el reto de la productividad pasa también por contar con regulación de calidad. A Colombia le urge avanzar en esta materia. Aunque no se cuenta con una estimación del costo que la regulación tiene sobre la economía del país, la Ocde calcula que en sus países miembros oscila entre el 1,5 y el 6,8% del PIB. Por su parte, la Unión Europea concluyó que reducir la cuarta parte de la carga regulatoria podría representar un crecimiento adicional del 1,5% en el PIB. Y en el indicador de percepción del Foro Económico Mundial sobre el costo de la regulación, Colombia ocupa el puesto 123 entre 137 países.
En el proceso de acceso a la Ocde, en particular en el Comité de Política Regulatoria, Colombia recibió múltiples recomendaciones y asumió compromisos. En ese marco, hay al menos dos frentes en los cuales es esencial que el actual Gobierno avance de manera decidida: consulta pública de proyectos regulatorios y Análisis de Impacto Normativo (AIN).
En relación con la consulta pública, están pendientes la adopción del estándar Ocde de publicación por 30 días (el doble del término hoy vigente), así como la puesta en marcha del Sistema Único de Consulta Pública (Sucop) como repositorio único para la socialización de proyectos normativos del orden nacional.
Frente al AIN, que es la estimación rigurosa de los costos y beneficios de la regulación y su comparación frente a otras alternativas de política pública, hay también dos tareas centrales aplazadas: hacer obligatorio el AIN (cuya metodología ya está diseñada por la Ocde) para las entidades de la rama ejecutiva, y definir y empoderar legalmente la institución que coordinará y supervisará la calidad de los análisis que realicen los reguladores de aquellas normas cuyo impacto sea potencialmente significativo. El gobierno está definiendo su Plan de Desarrollo y elaboró ya una agenda de competitividad, que de implementarse, podría traducirse en mayor productividad y calidad de vida de los colombianos. Para lograrlo es esencial que el Presidente asuma con decisión y liderazgo el reto de la productividad.
