Los colombianos llevamos un año discutiendo la reforma tributaria y sus implicaciones para empresas, personas naturales y consumidores; sin embargo, poco se ha hablado de los incentivos de la misma para el desarrollo de diversas actividades empresariales y para la inversión.
Lo cierto es que, cuando los incentivos están bien alineados y tienen objetivos claros, funcionan muy bien, como fue el caso de la reducción de los parafiscales para las compañías en la reforma tributaria del 2012. De hecho, el impacto de esta medida fue tal que se vio reflejado en la creación de más de dos millones de empleos formales.
Otro caso exitoso es el de los beneficios tributarios para inversiones en ciencia, tecnología e innovación. Si bien en un comienzo tuvieron problemas en su implementación y fueron poco utilizados por las empresas, debido a la complejidad de su diseño, hoy cuentan con un marco legal que mantiene alineadas las inversiones en innovación con la rentabilidad empresarial, dando confianza al sector productivo.
De hecho, como resultado de estas mejoras, en el 2016 se obtuvo un número récord de proyectos y empresas aplicantes, y se logró la meta de utilizar el cupo completo. Además, accedieron organizaciones de distintos tamaños y sectores de la economía, lo que se traduce en importantes beneficios en materia de innovación, productividad y competitividad.
Ahora bien, estas experiencias son un ejemplo de cómo se puede involucrar al sector empresarial para generar oportunidades en las regiones más afectadas por el conflicto. Basta con diseñar incentivos basados en un enfoque de rentabilidad, con esquemas de participación que generen confianza y un marco legal amigable.
De hecho, la reforma tributaria estableció un instrumento novedoso denominado ‘Obras por Impuestos’, el cual ha resultado exitoso en Perú, particularmente en la construcción de infraestructura en las zonas de influencia de las empresas. Mediante este, las compañías pueden destinar una porción del monto que pagarían en impuestos en el desarrollo de infraestructura pública en las zonas de mayor abandono durante el conflicto armado. Los proyectos que se podrán financiar son los que queden definidos en un banco de proyectos por la Agencia de Renovación del Territorio.
Este mecanismo rompe la concepción tradicional del desarrollo de obras públicas en Colombia, y aunque puede llegar a tener beneficios visibles como una mayor transparencia en el uso de los recursos y mayor eficiencia en la construcción de las obras, es imprescindible que se reglamente bien y lo más pronto posible.
Hoy, el mecanismo tiene múltiples interrogantes y pocos incentivos para el sector privado, entre otros porque no se enmarca en una estrategia integral de desarrollo económico y social para las denominadas ‘Zonas más Afectadas por el Conflicto Armado’. Si una empresa no percibe el potencial de desarrollo socioeconómico de una zona, y que esta tendrá acceso a mercados y a una cadena de valor, difícilmente invertirá recursos y esfuerzos en construir una obra pública, pues siempre tendrá alternativas de inversión más rentables.
Por esto es necesario que los aprendizajes de otros esquemas de incentivos se transfieran al caso de ‘Obras por Impuestos’, de forma que los empresarios perciban el potencial de rentabilidad económica de una zona y tengan claros los beneficios y los riesgos jurídicos que implican. Estos serán pasos en la dirección correcta para lograr involucrar más a las empresas en el posconflicto.
*Columna publicada en Portafolio
