Educación

Informe Nacional de Competitividad 2012-2013

Educación

Una economía competitiva debe contar con capital humano altamente calificado. El sistema educativo, conjuntamente con el sector productivo, debe velar porque así sea. El actual gobierno se ha propuesto convertir la calidad y la pertinencia de la educación en Colombia en un propósito nacional y posicionar al país como uno de los tres mejor educados de Latinoamérica. Este no es un reto menor si se considera que, según los resultados del Índice de Competitividad Global 2012-2013 del World Economic Forum (WEF), Colombia ocupa el puesto 85 en el pilar de Educación Primaria y Salud y el puesto 67 en el de Educación Superior y Formación para el Trabajo, entre 144 países. Estos resultados demuestran la falta de correspondencia del sistema educativo con la agenda de competitividad del país.

En el marco de la Agenda Nacional de Competitividad, el Gobierno se comprometió a implementar una serie de acciones de corto, mediano y largo plazo que apuntan a mejorar la situación de la educación en el país. Incluye 23 acciones –en materia de calidad, cobertura y pertinencia– que están previstas a ser finalizadas a más tardar en 2016.

Si bien el gobierno nacional es el que formula y regula la política educativa, la responsabilidad del servicio no recae exclusivamente ‘sobre sus hombros’. En el marco de la Ley 715 de 2001, el nivel central trasladó competencias específicas en materia de educación a los gobiernos locales e, incluso, directamente a las instituciones educativas. Así, las entidades territoriales, tanto certificadas como no certificadas, tienen la obligación
de administrar el servicio educativo y garantizar condiciones de cobertura, calidad y eficiencia. Los departamentos, además, están obligados a prestar asistencia técnica, financiera y administrativa a sus municipios en estas materias.

Teniendo en cuenta estas consideraciones, en este capítulo se presenta un diagnóstico y se hacen recomendaciones con relación a la actual situación del país en materia de atención a la primera infancia, cobertura y calidad del sistema de educación, y pertinencia de la oferta educativa. Se abordan las responsabilidades que tiene el nivel nacional y las que tienen las entidades territoriales.

La Atención Integral a la Primera Infancia (Aipi) comprende las acciones orientadas a favorecer a la población en el periodo de vida comprendido entre la gestación y los cinco años de edad. En Colombia existen 5,1 millones de niños en este rango de edad, de los cuales 56% enfrentan condiciones
de vulnerabilidad y pobreza.

La evidencia científica y económica muestra que, debido a los procesos neuronales de desarrollo de las funciones cognitivas –visión, audición y lenguaje– que tienen lugar durante los primeros años, las inversiones en esta etapa de la vida tienen la mayor tasa de retorno social, pues se fortalecen las capacidades base de los niños y con ellas se forman mejores ciudadanos y una fuerza laboral más productiva.

Si bien la situación de la primera infancia en el país ha experimentado mejoras en los últimos años y se observa voluntad política en materia de garantía de derechos de los niños, el actual panorama sugiere la necesidad de redoblar esfuerzos (Gráfico 1).

 

 

El país presenta grandes logros en incrementos de la cobertura educativa (Gráfico 2). De hecho, Colombia registra niveles de cobertura bruta en educación Básica (Primaria y Secundaria) superiores a 100%, lo cual es importante si se considera que esta tasa da cuenta de la capacidad del sistema educativo para matricular a su población. Sin embargo, subsisten grandes retos, principalmente en dos aspectos: incrementar la cobertura en aquellos niveles que están más rezagados, preescolar (transición), media (grados 10º y 11º) y superior; y reducir las inequidades que persisten entre las zonas urbana y rural, causadas principalmente por la escasez de instituciones educativas en esta última.

 

 

El análisis por niveles de educación muestra que existen importantes rezagos en cobertura bruta a nivel preescolar, con una tasa de 88% para 2011,
razón por la cual el Gobierno ha fijado como meta la cobertura bruta de 100% a 2014. En educación media la cobertura bruta en 2011 fue de 80%, y la meta a 2014 es elevarla a 91%.

En cuanto a cobertura neta (capacidad del sistema para atender a la población en edad escolar), las brechas por zona son preocupantes: en 2011 la cobertura neta en educación media, por ejemplo, fue de 24,3% en zonas rurales, mientras en las zonas urbanas alcanzó 50,2%. Esto quiere decir que tres de cada cuatro jóvenes que habitaban en la zona rural del país y que estaban en edad de atender los grados 10º y 11º no lo hicieron. En materia de cobertura neta total (es decir, preescolar, básica y media), la diferencia en la cobertura urbana-rural era de 16 puntos porcentuales en 2010, y se espera que en 2014 baje a 12.