La calidad de la regulación ha mejorado significativamente en la última década, aunque los líderes empresariales consideran que el costo asociado al cumplimiento de trámites y normas aún es alto en Colombia.
La eficiencia del Estado es una condición necesaria para implementar las políticas públicas y los programas de inversión requeridos para avanzar en competitividad. En esa dirección, en la última década el Estado colombiano ha puesto en marcha iniciativas importantes para mejorar su eficiencia, como el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP), la Ley Antitrámites de 2012, el Conpes 3816 de 2014 y la creación de Colombia Compra Eficiente. Pero a pesar de estos esfuerzos, en 2015 Colombia se ubicó en el lugar 6 entre 18 países de la región en el Índice de Efectividad del Gobierno del Banco Mundial, y en 2016 ocupó el puesto 124 entre 138 economías del Foro Económico Mundial en términos del costo de la regulación. Por lo tanto, el gobierno debe adelantar reformas para hacer más efectivos los mecanismos que ha comenzado a implementar.
El primer factor determinante de la eficiencia del Estado es la calidad del capital humano que hace parte del servicio civil. La experiencia de la última década muestra que esfuerzos como el SIGEP no han logrado los resultados esperados, y según una encuesta realizada por la OCDE a altos funcionarios públicos colombianos en 2013, uno de los mayores retos que enfrentan es la vinculación oportuna de servidores públicos con las competencias necesarias para un cargo determinado. Estos problemas se acrecientan cuando, en respuesta a su imposibilidad para atraer y promocionar talento de alto nivel dentro de la carrera administrativa, las entidades del Estado recurren a la figura de contratos de prestación de servicios, que pueden ser más de la mitad de los cargos ocupados en algunos ministerios. En determinados casos, los contratistas por prestación de servicios no están sujetos a los estándares de formación, selección, promoción y evaluación de los funcionarios de carrera administrativa, lo que genera asimetrías en sus condiciones e ineficiencia en su gestión. Por lo tanto, es fundamental enfocar los esfuerzos en una reforma del servicio civil que permita mejorar la selección de talento de alto nivel, su promoción y su evaluación.
Gráfico 4. Calidad de la Regulación (de -2,5 a 2,5, donde 2,5 refleja un mejor puntaje). Colombia, 1996 – 2015.
Fuente: Worldwide Governance Indicators, Banco Mundial.
El segundo factor determinante es la eficiencia de la regulación. En Colombia, la calidad de la regulación ha mejorado significativamente en la última década, como lo muestra el Índice de Calidad Regulatoria del Banco Mundial, en el que el país incrementó su puntuación de forma continua desde el año 2003. No obstante, los líderes empresariales del país consideran que el costo asociado al cumplimiento de trámites y normas aún es alto, como se evidencia en el indicador del costo de la regulación del Índice Global de Competitividad, en el que Colombia se ubicó en la posición 124 entre 138 economías en 2016. Para continuar avanzando en la calidad regulatoria y disminuir los costos innecesarios de la regulación, es fundamental que el país continúe implementando las buenas prácticas internacionales a las que se ha comprometido con organismos como la OCDE. Éstas están relacionadas, en primer lugar, con la simplificación administrativa y el análisis del costo-beneficio de las normas previo a su expedición. Y, en segundo lugar, con el uso de herramientasde consulta pública para mejorar la interacción entre el gobierno y los ciudadanos y empresas.
Gráfico 6. Costo de la regulación del gobierno (de 1 a 7, donde 7 representa un mejor desempeño). Colombia y
países de referencia, 2016.
Fuente: Foro Económico Mundial.
Finalmente, el gasto público es fundamental en un Estado eficiente. En términos generales, el Estado colombiano es de un tamaño mediano (cerca del 25% del PIB según la medida de gasto público) y está relacionado en mayor medida con subsidios y transferencias. Por lo tanto, las estrategias para aumentar la eficiencia deben comenzar por generar ahorros en gastos públicos, por ejemplo, con ahorros en los procesos de compra pública mediante la agregación de demanda y los acuerdos marco que ha realizado Colombia Compra Eficiente. Sin embargo, la eficiencia no solo se relaciona con el tamaño del gasto, sino también con la capacidad del Estado de transformarlo en una provisión efectiva de bienes y servicios públicos. Por lo tanto, también se debe buscar convertir gastos poco productivos en gastos de mayor impacto, realizando la transición hacia un presupuesto en el que la asignación de recursos se realice de acuerdo al desempeño de los ministerios en indicadores de resultado e impacto.
Gráfico 8. Empleo público como porcentaje del empleo total. Colombia y países de referencia.
Fuente: Banco Mundial.