Las acusaciones que implican a tres expresidentes de la Corte Suprema de Justicia –Leonidas Bustos, Francisco Ricaurte y Camilo Tarquino– de haber supuestamente recibido millonarios recursos para modificar fallos de procesos penales contra políticos han generado grandes preocupaciones por la forma en que opera la Justicia en Colombia y reabrieron el debate sobre la urgencia de una reforma del sector.