Se recomienda dejar por fuera solo los bienes y servicios cuya demanda es de interés público y cuyo consumo tiene externalidades positivas.
Mucho ruido ha generado el anuncio del Ministro de Hacienda respecto a gravar con IVA todos los bienes de la canasta familiar, así como el resto de bienes y servicios de la economía. Pero, quizás antes de descartar la propuesta por impopular, vale la pena entender qué hay detrás de este tributo.
Para comenzar, la productividad del IVA en Colombia, es decir, el cobro efectivo frente al potencial, es extremadamente baja (31,5%). Es así como, pese al incremento de tres puntos en este tributo a partir de la reforma tributaria del 2016, su recaudo como porcentaje del PIB solo pasó de 5,3% a 6% entre ese año y el 2017.
La baja productividad se debe, esencialmente, a las múltiples exclusiones y exenciones que aún persisten en este tributo, que incluso terminan generándoles desventajas a algunos productos, como es el caso de los bienes excluidos frente a los importados.
Mientras que los productores nacionales de bienes excluidos no pueden descontar el IVA pagado por los insumos utilizados en su producción y venta, los mismos, cuando son importados, ingresan al mercado nacional sin IVA, producto de la devolución de este gravamen en su país de origen.
Sin duda, esta es una gran desventaja para la producción nacional de este tipo de bienes en la medida en que incrementa los costos de producción y, por consiguiente, su precio. Los exentos, por su parte, generan un alto costo fiscal, dado que se permite el descuento del 100% del IVA pagado por los insumos utilizados en la producción.
Para corregir estos problemas estructurales lo ideal es gravar todos los bienes y servicios exentos y excluidos de la tarifa general, exceptuando los efectivamente exportados. Sin embargo, si esto no es posible por razones políticas, se recomienda, como lo propuso la Comisión para la Equidad y Competitividad Tributaria, dejar por fuera solo los bienes y servicios cuya demanda es de interés público y cuyo consumo tiene externalidades positivas –como los servicios de educación, salud y pensiones, entre otros–. El resto se deben gravar.
El impacto sobre los hogares de más bajos ingresos, como lo ha dado a entender el Ministro de Hacienda, se puede compensar mediante una transferencia a estos, que podría hacerse directamente a través, por ejemplo, del programa Familias en Acción o por la vía de gasto público en programas sociales dirigidos a estos hogares.
De esta manera, todos los hogares y especialmente los de ingresos medios, medios-altos y altos que hoy se benefician de las exclusiones y exenciones, contribuirían de acuerdo con su consumo, generándole ingresos suficientes al fisco para compensar a los de menores ingresos y financiar el gasto público.
Ahora bien, la Comisión también planteó que no basta con hacer los ajustes legales. Se debe avanza también en fortalecer la Dian, dotándola de herramientas y recursos para combatir la evasión, la cual se estima entre 10 y 30 billones anuales. Por ello es clave fortalecer su infraestructura tecnológica e implementar una política integral de recursos humanos, tarea aún pendiente y que requiere voluntad política.
