Si, como pronostican varios analistas, la economía decrece entre 2% y 7% este año, la pérdida de empleo en los meses siguientes será enorme.
La tasa de desempleo en marzo fue de 12,6 %, la más alta de los últimos 15 años para este mes. Esto, a pesar del aumento de casi 1,8 millones de la población económicamente inactiva; personas que pese a no tener un empleo dejaron de buscarlo, seguramente por las restricciones a la movilidad o por sus bajas expectativas sobre el mejoramiento de la situación económica.
De no haber sido por el aumento en la inactividad, con una reducción de cerca de 1,6 millones de ocupados la tasa de desempleo habría sido 17 %, cifra que solo se ha alcanzado en tres ocasiones durante los 231 meses desde que se tienen cifras comparables y nunca en el mes de marzo.
Es importante señalar que este fuerte impacto sobre las cifras del mercado laboral se produjo en solo siete días de aislamiento obligatorio nacional. Y si, como pronostican varios analistas, la economía decrece entre 2 % y 7 % este año, la pérdida de empleo en los meses siguientes será enorme.
El Gobierno ha avanzado con diligencia y decisión en la búsqueda de soluciones a la crisis en múltiples frentes, inyectando liquidez a las empresas y evitando la pérdida de empleos. Los créditos con garantía del 90 % del Fondo Nacional de Garantías se han complementado con un subsidio directo a las nóminas de empresas afectadas.
Sin embargo, se requieren medidas adicionales que mitiguen el impacto del distanciamiento social sobre el empleo en el corto plazo, así como reformas de las condiciones estructurales del mercado de trabajo para aumentar la formalidad, la productividad laboral y la generación de empleo una vez se inicie la reactivación de la economía.
En primer lugar, es necesario facilitar y promover la renegociación voluntaria de las condiciones laborales que permitan a las empresas mantenerse a flote y a los trabajadores conservar su empleo. Esto incluye reducciones temporales en los salarios, flexibilización de las licencias no remuneradas, convenciones colectivas de trabajo, pactos laborales, prestaciones y planes de beneficios extralegales y, en general, todos los aspectos de los contratos laborales.
También es indispensable flexibilizar horarios laborales para facilitar el trabajo por turnos, ya que ningún establecimiento productivo está diseñado para mantener el distanciamiento que exigen los protocolos de bioseguridad. Podría pensarse también en posponer el pago de la prima legal de junio para trabajadores en empresas afectadas.
Esta opción solo debería estar vigente para las empresas que mantengan la nómina y no entenderse como una medida que las exima de este pago. Por último, podrían reducirse los festivos no laborales en aras de recuperar la productividad perdida en aquellos sectores en los que sea oportuno hacerlo.
Así mismo, teniendo en cuenta que la crisis ha implicado mayores costos para las mujeres en términos de oportunidades económicas, exposición a la violencia doméstica, y tiempo dedicado a tareas del hogar, es preciso implementar una política pública del cuidado, que busque la redistribución equitativa del trabajo relacionado con la atención a niños y adultos mayores.
Esto permitiría la mayor participación de la mujer en el mercado laboral, con efectos positivos en los indicadores en este mercado y, especialmente, sobre el empoderamiento económico femenino.
Rosario Córdoba Garcés
Presidenta del Consejo Privado de Competitividad
