Columna publicada en Portafolio
Se acerca la firma del acuerdo de paz y es necesario preguntarse si como país estamos listos para asumir los enormes retos que en materia de desarrollo productivo enfrentan las regiones que durante décadas han estado bajo el dominio de las Farc.
Las estructuras ilegales reinantes en esas zonas deben desaparecer y en su lugar, surgir una economía legal y formal, con la presencia del Estado en toda su dimensión, que permita el acceso a los mercados y a un mayor bienestar basado en oportunidades laborales.
Pero esto no sucederá de manera espontánea. Si bien la firma del acuerdo puede tener un impacto positivo sobre el crecimiento económico, la magnitud y duración del mismo dependerán del aprovechamiento de las oportunidades que trae el posconflicto.
El Gobierno debe dar una serie de pasos difíciles pero necesarios y debe ser consistente.
Para comenzar, el sector empresarial tiene que ser parte activa en la definición de la estrategia para impulsar el desarrollo en las zonas marginadas. A su vez, la estrategia que se adopte debe consistir fundamentalmente en la provisión de bienes públicos que permitan a las empresas encontrar un mínimo de capacidades para disminuir los riesgos al momento de hacer sus inversiones.
El Gobierno no puede cometer el error de destinar sus escasos recursos al establecimiento de incentivos tributarios o económicos para los territorios del posconflicto, como lo ha venido anunciando.
Lo que se necesita son las condiciones básicas que hagan viable la actividad empresarial sin la intervención del Estado.
Lo primero produce captura de rentas y la consolidación de grupos de interés, mientras lo segundo fortalece las bases de un desarrollo sostenible.
La agricultura y el turismo, dos sectores sobre los que se basan las esperanzas para el futuro del país, sirven para ilustrar esto. Para que el país pueda convertirse en potencia agrícola se requiere, además de claridad en la propiedad de la tierra, una infraestructura logística y de transporte que garantice que los productos lleguen en buenas condiciones y a tiempo a su destino.
Nada de eso ocurre ahora. En este sentido, ceder ante las presiones de los transportadores que buscan volver a prácticas pasadas, como la tabla de fletes y el congelamiento del parque automotor, sería limitar el desarrollo del agro.
De otro lado, un sector turístico de talla mundial requiere de estrategias ambiciosas para aumentar la calidad de los servicios y de la infraestructura turística.
Los países que han logrado aprovechar su potencial en este tema han formado capital humano de primer nivel para el sector y han invertido en la sofisticación de sus atractivos turísticos.
Aún más importante, han dado suficientes garantías en materia legal para hacer creíble que las inversiones realizadas no serán reversadas por decisiones judiciales o gubernamentales.
Los mecanismos de consulta previa y licencias ambientales, aunque necesarios, no pueden entorpecer el desarrollo del sector.
Colombia tiene la oportunidad de avanzar hacia un mejor futuro. Los inversionistas nacionales y extranjeros están ávidos de aprovechar las oportunidades que se generen con los acuerdos; pero, para que eso se materialice, el Gobierno debe tomar decisiones firmes y estratégicas, que incluyan al sector empresarial y prioricen un desarrollo de largo plazo a través de la provisión de bienes públicos
