La agenda de la Misión es clara. El mayor desafío está en el logro de consensos alrededor de las reformas que no pueden seguir siendo aplazadas.
Son varios los aspectos de nuestra realidad que, a pesar de haber estado presentes por décadas, se han hecho más visibles gracias a la crisis por el Covid-19. Así, la pandemia ha puesto en evidencia el bajo crecimiento de la productividad, la enorme vulnerabilidad del mercado laboral, la prevalencia de la informalidad, y la fragilidad y baja resiliencia del tejido empresarial.
El resultado de no dar soluciones estructurales a estas realidades desencadenó la situación que hoy estamos viviendo: aumento del desempleo de diez puntos porcentuales entre enero y junio de 2020, desplome del ingreso per cápita, aumento previsto de la tasa de pobreza de al menos 8 puntos porcentuales, y afectación más que proporcional a la situación económica de grupos demográficos específicos como las mujeres y las personas entre los 15 y 28 años.
Es importante enfatizarlo: el deterioro de los indicadores del mercado laboral no es nuevo. El aumento del desempleo y la baja capacidad de la economía para generar empleos viene desde 2015, llevando las cifras de autoempleo, antes de la pandemia, a niveles de 51,2% y las de empleo vulnerable de 47%. La pandemia no hizo más que visibilizar y acelerar la tendencia.
Este deterioro acelerado del mercado laboral y, en consecuencia, la disminución del ingreso de los hogares, tiene costos económicos y sociales en el corto plazo, como el aumento de la pobreza y la caída de la demanda agregada. En el mediano y largo plazo, la pérdida de empleos formales afecta la productividad, interrumpe las cadenas de valor, aumenta las brechas de capital humano por falta de capacitación durante largos periodos de desempleo, afecta el recaudo fiscal y disminuye el número de contribuyentes a la seguridad social.
En respuesta, el gobierno anunció medidas para generar empleo en el corto plazo, y creó la Misión de Empleo, cuyo objetivo es diseñar políticas que mejoren el desempeño de los indicadores laborales, analizar las políticas públicas, normas y programas que se hayan implementado desde los años noventa y sus efectos sobre el mercado del trabajo, y diseñar herramientas para evaluar el impacto de las recomendaciones que de esta se desprendan.
Es importante que de la Misión, que contará con la participación del sector público, el sector privado, gremios y organizaciones de trabajadores, se desprendan recomendaciones que resuelvan las rigideces estructurales que limitan la generación de empleo formal y el crecimiento de la productividad. Y, aquí, la agenda es larga.
Importante, además, que a raíz del impacto que ha tenido la crisis del Covid_19 sobre la población vulnerable, la Misión se centre en el rediseño de los sistemas de protección social y la legislación laboral que permitan transitar desde esquemas de protección al empleo hacia esquemas de protección al trabajador.
Esto no solo mejoraría las condiciones en las que los trabajadores enfrentan contingencias que puedan afectar su estatus laboral, sus ingresos y su acceso a los sistemas de salud y pensiones, sino que además permitiría a las empresas ajustarse con mayor facilidad al ciclo económico.
La agenda de la Misión es clara. El mayor desafío estará, tal vez, en el logro de consensos alrededor de las reformas que no pueden seguir siendo aplazadas.
Rosario Córdoba Garcés
Presidenta del Consejo
Privado de Competitividad
