Columna Publicada en Portafolio.
Cómo crecer después del boom de commodities fue uno de los temas centrales de discusión en el Foro Económico Mundial (FEM), que tuvo lugar la semana pasada en Medellín. De hecho, después de varios años de crecimiento económico y grandes logros sociales, financiados, en parte, con recursos provenientes de los altos precios de las materias primas, los países de la región están ante una difícil situación y en alto riesgo de perder lo alcanzado.
De ahí el llamado para encontrar un nuevo modelo de crecimiento en este ‘nuevo normal’. Precisamente, en línea con esta preocupación, en la antesala de la reunión del FEM, el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, anunció el que será este nuevo modelo para Colombia, al que llamó ‘nueva economía’. Un modelo basado, ya no en sectores extractivos, sino en el desarrollo, con la participación de la actividad privada, de sectores nuevos que lleven la economía hacia una mayor sofisticación y diversificación, así como al incremento de la productividad.
Este nuevo modelo, sin embargo, no es ni nuevo ni novedoso. Es el que Colombia está en mora de adoptar, y el mismo que desde hace varios años reclaman empresarios, académicos y funcionarios públicos. Es también un modelo difícil de aplicar e implica un nuevo tipo de relacionamiento entre los sectores público y empresarial, basado más en el mercado y la libre competencia, que en la preservación de privilegios.
Así, las empresas, como protagonistas del cambio, deben poner todo su empeño en competir eficientemente, adoptando mejoras prácticas e invirtiendo en la adopción de la mejor tecnología disponible. Su único fin, lograr que sus productos sean escogidos por encima de los de la competencia en todos los mercados. Atrás tiene que quedar la mentalidad de buscar protección y subsidios para la producción nacional y regulación paternalista para la generación de empleo.
El rol del Gobierno también tiene que cambiar. Debe haber un apoyo decidido a la iniciativa privada, basado en bienes públicos que aumenten la productividad. Por ejemplo, el gobierno debe garantizar que Colombia tenga bases sólidas para la competencia y que operen los incentivos a innovar. Esto se logra con una estructura arancelaria adecuada y equitativa, una Superintendencia de Industria y Comercio fuerte e independiente, y una política regulatoria que simplifique normas y evite el exceso de decretos costosos e innecesarios. También es fundamental contar con una estructura tributaria equitativa, eficiente y amigable a la inversión.
Igualmente importante es que el Gobierno tenga una estrategia clara y de largo plazo en infraestructura, transporte y logística. En ausencia de la misma, el país seguirá figurando entre los países con los costos de transporte más altos del mundo. La libre competencia en el mercado de transporte es una necesidad, como lo es el descongelamiento del parque automotor. Estos cambios regulatorios deben ir de la mano de acciones de política social para mejorar las condiciones de los conductores y pequeñas empresas de transporte.
Colombia tiene que actuar decididamente en este ‘nuevo normal’, ya que sería inaceptable que por falta de acción se pierdan los logros alcanzados. Para esto se necesita ir más allá de los anuncios y garantizar el compromiso de diferentes actores, pero, sobre todo, contar con la disposición de las partes a tomar decisiones difíciles; decisiones que seguramente encontrarán detractores.
