Columna publicada en Portafolio
Por más de dos años, se ha venido hablando de la necesidad de una reforma tributaria estructural, que ponga orden a las finanzas públicas y permita al país contar con un sistema tributario equitativo, progresivo, eficiente económicamente y sencillo. Pues bien, todo indica que durante la legislatura que comienza el 20 de julio, el Gobierno presentará al Congreso una reforma de estas características. Poco o nada, sin embargo, se ha comentado de la urgencia de una reforma al sistema pensional, que complemente la tributaria, reduzca la inequidad, y mitigue los efectos negativos de los subsidios pensionales sobre las finanzas públicas.
De hecho, el año pasado en Colombia, solo tres de cada diez personas en edad de pensionarse lograron recibir una pensión contributiva, una cifra muy baja en comparación con lo que sucede en México, Perú o Chile. De los siete adultos restantes, cerca de tres recibieron una ayuda mínima a través del programa Colombia Mayor, equivalente a una décima parte del salario mínimo.
Las cifras de cobertura ilustran el drama que viven los adultos mayores en Colombia. Pero el problema es también fiscal, pues a pesar del bajo número de colombianos que recibe una pensión, el Gobierno Nacional destina cada año cerca de 4 puntos del PIB -26 por ciento del total que recauda en impuestos en transferencias para pensiones. De estos recursos, 80 por ciento se utiliza para el pago de las pensiones, que llegan al 20 por ciento de la población con mayores ingresos.
En términos prácticos, esto significa que un colombiano de recursos medios o altos, que en su vida laboral cotizó mensualmente sobre cinco salarios mínimos, recibe alrededor de 350 millones de pesos en subsidios durante sus años de pensión. Por el contrario, un colombiano que en su vida laboral no logró cotizar lo suficiente, recibe solo 10 millones de pesos en subsidios del programa Colombia Mayor durante su vejez. Claramente, un traslado innesario de recursos públicos a quienes menos lo necesitan.
La regresividad del sistema pensional colombiano es bien conocida y es resultado del diseño del régimen de prima media, en el que quienes más aportan más reciben. Paradójicamente, se insiste en mantener este régimen por cuestiones también fiscales, ya que los aportes de los cotizantes son parte importante de la caja del gobierno.
Pero esto no va a durar para siempre: mientras que actualmente hay 2,3 cotizantes por cada adulto mayor, se calcula que para el 2050, esta cifra se verá reducida a 0,6 cotizantes por adulto mayor. Esto por cuenta del envejecimiento de la población colombiana y los altos niveles de informalidad.
La reforma tributaria que se presentará este año, además de poner orden al sistema, aumentará el recaudo, reducirá las cargas a las empresas, y en lo posible disminuirá los costos laborales. Todo lo cual va en beneficio de disminuir la tasa de informalidad en el país.
Sin embargo, debe complementarse con una reforma pensional que reduzca la presión fiscal que genera el pago de las pensiones cada año, y se centre en facilitar que las personas lleguen a cotizar lo suficiente para alcanzar su pensión, al tiempo que recaude más recursos que garanticen su sostenibilidad. Además, debe actualizar los parámetros pensionales, viabilizar alternativas de pensión en esquemas de ahorro individual y establecer un esquema institucional claro para coordinar el sistema.
