En hoja de ruta 2018-2022 sobresalen acciones para la formalización y el financiamiento de empresas.
Colombia, a pesar de múltiples avances, tiene un rezago en competitividad que no es acorde con el potencial del país.
Hace un año, en vísperas de las elecciones presidenciales, el Consejo Privado de Competitividad (CPC) hizo un llamado al país para sellar un Pacto por la Productividad. Se planteó entonces la necesidad de que, independientemente de quién resultara elegido, el nuevo presidente de la República trabajara enfocado en áreas clave que le permitieran a Colombia volver a crecer a tasas superiores al cuatro por ciento anual y mejorar así su competitividad.
Mejorar en competitividad es importante. Los países más competitivos son también los más ricos y los mejores en indicadores de calidad de vida y bienestar.
Colombia, a pesar de múltiples avances, tiene un rezago en competitividad que no es acorde con el potencial del país. Superarlo requiere contar con una visión de largo plazo que dirija los esfuerzos a resolver los problemas estructurales, para no perder el rumbo por incentivos de corto plazo.
Hace más de una década el país se fijó una meta a 2030: ser uno de los tres países más competitivos de la región. Cumplir la agenda de competitividad, como política de Estado, es imposible sin el compromiso del gobierno de turno. Esto es, cada Plan Nacional de Desarrollo (PND), que naturalmente establece los énfasis de política pública del periodo presidencial, debe responder necesariamente a los desafíos estructurales del país y, en consecuencia, ser coherente con la agenda de competitividad de largo plazo.
El PND del presidente Duque, ahora en discusión en el Congreso, parece cumplir con esa condición. Es una muestra de que las estrategias de los gobiernos pueden estar bien alineadas con las políticas de Estado y de que el articulado del Plan debe concebirse como una manera efectiva de instrumentalizar la visión de país. Con oportunidades de mejora, por supuesto, el ‘Pacto por Colombia, pacto por la equidad’ incluye elementos concretos que deberían permitirle al país avanzar en competitividad.
Los principales indicadores internacionales muestran que, de hecho, en los últimos años se han perdido posiciones en los ‘rankings’. Hoy Colombia ocupa la posición 60 entre 140 países en el Índice Global de Competitividad del Foro Económico Mundial; la 65 entre 190 en el Doing Business del Banco Mundial, y la 58 entre 63 en el escalafón mundial del Instituto para el Desarrollo de la Gerencia.
Las mediciones también concuerdan en revelar los factores donde el país tiene los mayores retos, que son aquellas áreas que el CPC recomendó como foco en el Pacto por la Productividad.
Plan 2018-2022
En lo que respecta al documento de Bases del PND, es justo reconocer su solidez técnica y la presentación precisa de diagnósticos, objetivos, estrategias, acciones, indicadores y metas para tan variadas áreas de la política pública.
Y en lo que tiene que ver con el articulado, la versión aprobada en primer debate incluye también elementos concretos que, de ser aprobados, prometen ser instrumentos útiles para construir un mejor país.
Como señaló el Pacto por la Productividad del CPC, Colombia tiene desafíos que comprometen el crecimiento y la equidad de oportunidades, entre los cuales se destacan el estancamiento de la productividad, la baja diversificación productiva, la informalidad y los altos costos regulatorios. Para hacerles frente, en el PND se incluyen acciones en varias áreas clave para la competitividad, de las cuales sobresalen en el articulado las que se presentan a continuación.
Formalización: los altos costos de ser formal explican en buena medida que el 75 por ciento de las microempresas en Colombia no estén registradas. En el PND se dan pasos importantes para reducir dichos costos. Se permite definir la tarifa del registro mercantil con base en los ingresos de las empresas en lugar de sus activos o patrimonio, lo que abre la puerta a una necesaria reforma que haga progresiva la tarifa. Así mismo, se hace obligatoria la adopción de un formulario único para el ICA, como también se modifica el aumento recurrente de varios costos de operación de las empresas, de salarios mínimos a UVT (Unidad de Valor Tributario).
Financiamiento: el acceso a recursos para empresas en etapa temprana es clave para su crecimiento y supervivencia. Por eso es destacable la iniciativa de creación de un sistema de emisiones de acciones y bonos, con requisitos simplificados para pequeñas empresas. También lo es la disposición que permitiría, a través de un ‘arenero regulatorio’, generar regulaciones diferenciadas hasta por dos años a empresas financieras con desarrollos tecnológicos innovadores (‘fintech’).
Ciencia, tecnología e innovación (CTI): de acuerdo con la definición estricta del Dane, menos del 1 por ciento de las empresas son innovadoras, y poco más del 20 por ciento lo son en el sentido más amplio de la definición.
En esta materia, hay dos artículos interesantes que también clasifican como instrumentos de financiamiento, pero específicamente para incentivar inversiones en CTI. El primero permitiría destinar recursos públicos de CTI a bancos de segundo piso –que apalancan hasta en 15 veces inversión privada–. El segundo construye sobre lo construido en materia de beneficios tributarios para CTI, con la novedad de un ‘crédito fiscal’ para pymes que aún no generan renta sobre la cual aplicar el beneficio del instrumento actual.
Bienes públicos para el campo: el articulado desarrolla instrumentos en al menos dos frentes estructurales para el desarrollo rural: catastro y adecuación de tierras.
En catastro, lo define como un servicio público e incluye acciones para actualizarlo. Y, en adecuación de tierras, promueve la construcción y mantenimiento de distritos de riego para así aumentar la productividad en el sector agropecuario.
El PND incluye estrategias para avanzar en otras áreas clave para la competitividad, más allá de las acá destacadas. Por ejemplo, corredores estratégicos intermodales para mejorar en logística y transporte, modernización y facilitación de operaciones de comercio exterior, saneamiento de deudas del sector salud, adopción de buenas prácticas de gestión en las empresas, reducción de regulaciones y simplificación de trámites y flexibilización de esquemas de contratación formal de trabajadores, entre otros.
Lo que le sobra y lo que le falta al Plan
El articulado del PND aún puede ser mejor. Hay un tema que debería ser eliminado en lo que queda del trámite, y tres que están ausentes y cuya inclusión sería un importante avance para el país.
Lo que sobra
Es preciso remover los artículos relacionados con la fijación de aranceles. Como ya se ha señalado, esta iniciativa sería inconstitucional y contraria a compromisos internacionales. También inconveniente, porque desconoce las instancias y el procedimiento técnico establecido para tal fin, además de problemático por varias razones de fondo, entre estas el posible efecto no intencionado de aumentar el contrabando.
Lo que hace falta
Primero, hacer obligatorio el análisis de impacto normativo –la estimación rigurosa de los costos y beneficios de la regulación y su comparación frente a otras alternativas de política– para las entidades de la Rama Ejecutiva, y definir y empoderar legalmente a la institución que coordinará y supervisará el proceso. Segundo, modernizar la política pública de libre competencia para dotar a la Superintendencia de Industria y Comercio de mayor independencia, transitar a un arreglo institucional de doble instancia, ampliar facultades de abogacía de la competencia y rediseñar sanciones, entre otros. Finalmente, incluir una disposición legal para que, de manera progresiva, se eliminen los subsidios productivos sectoriales, y en su lugar se priorice la provisión de bienes públicos.
El Congreso tiene la oportunidad de mejorar un proyecto de ley que, en su versión actual, ya recoge instrumentos de política pública muy positivos y que privilegia la necesidad de atender los problemas estructurales que motivaron el Pacto por la Productividad del CPC y las metas a 2030. Es esencial, por el bienestar de los colombianos, que, en lo que falta, el Legislativo esté a la altura del reto.
