La reforma pensional, que debería ser la más popular de todas, tiene detractores por intereses creados y expectativas infundadas.
Sí, Colombia ha tenido grandes avances en las últimas décadas, y esto nadie lo puede negar. La pobreza se redujo, así como la indigencia, el ingreso per cápita aumentó a niveles de países de ingresos medios altos y las coberturas netas de salud y educación se acercan al 100%.
Sin embargo, Colombia sigue siendo uno de los países más inequitativos del mundo, debido en parte, a nuestra incapacidad de hacer las reformas estructurales necesarias para revertir esta situación.
Un ejemplo claro es la reforma pensional. Un país que busca avanzar en equidad no puede permitirse que solo uno de cada cuatro adultos mayores reciba una pensión contributiva -aquella otorgada por haber cumplido con los requisitos de edad y semanas de cotización-, ni tampoco que sean típicamente los trabajadores de mayores ingresos quienes logran obtener este beneficio. De hecho, en Colombia, la mitad de los pensionados pertenece al 20% de la población de mayor ingreso, en tanto que en el 20% de menor ingreso, tan solo el 1% recibe una pensión.
No existe un subsidio más regresivo a cargo del presupuesto nacional que el del sistema pensional. Un trabajador con un salario de $15,6 millones mensuales puede llegar a recibir un subsidio a su pensión de $770 millones. Lo anterior tiene consecuencias.
El pago de estos subsidios, junto con los regímenes exceptuados del magisterio y la fuerza pública, han generado una enorme presión fiscal: en 2017, las obligaciones pensionales a cargo de la Nación equivalían a 108% del PIB.
Pero, nada de esto es información nueva. Incluso, existe un consenso nacional sobre la urgencia de avanzar hacia un sistema pensional eficiente que garantice cobertura, equidad y sostenibilidad, sin embargo, no pasa nada.
La reforma pensional que debería ser la más popular de todas, tiene detractores por intereses creados y por expectativas infundadas. Quienes hoy se benefician del sistema y acceden gracias al mismo a altas pensiones, no tienen ningún interés por cambiarlo.
Por otra parte, los trabajadores, muchos de los cuales no podrán acceder a una pensión, precisamente por las condiciones del sistema, terminan por falta de conocimiento, bloqueando los cambios que acabarían con los beneficios que obtiene una minoría privilegiada. El costo fiscal que pagamos todos los colombianos, de esta generación y las futuras, sigue aumentando conforme se aplaza la reforma.
La reforma al sistema pensional no da espera. La situación es intolerable desde todo punto de vista. El Gobierno ha dado un paso acertado con el establecimiento de mesas técnicas lideradas por el Ministerio del Trabajo, donde las partes interesadas discuten la naturaleza de la reforma.
Es importante incorporar en esta discusión las recomendaciones que recientemente presentó el equipo de la Misión del mercado de capitales, sobre la regulación de las administradoras y del régimen de inversiones de los fondos de pensiones obligatorias y los fondos de cesantías: el régimen de rentabilidad mínima debe ser suprimido, para dar cabida a un arreglo de incentivos financieros alineado con el mejor interés de los afiliados a los fondos.
El presidente Duque puso la equidad como su prioridad y, en efecto, muchas políticas y programas de su gobierno están enfocadas en este propósito. Pero, sin duda, el mayor impacto se lograría tramitando con éxito en el Congreso la reforma pensional en la que todos están de acuerdo, pero ninguno ha podido llevar a cabo.
Rosario Córdoba Garcés
Presidenta del Consejo Privado de Competitividad
