El próximo 7 de agosto comienza el último año de gobierno del presidente Juan Manuel Santos, y aunque no debe restársele importancia a lo que aún puede liderar en los meses finales, su legado está prácticamente definido. Es oportuno, entonces, realizar un balance de los logros de su gobierno, así como de las tareas aún pendientes, en particular en el ámbito de competitividad, que requiere tanta atención en la coyuntura económica actual.
En el 2010, el presidente Santos recibió un país que había crecido a las tasas más altas desde los años setenta –en particular del 2004 al 2007–, y que, tras reformas laborales y tributarias, había llegado a recibir inversión extranjera directa por encima de los 10 mil millones de dólares anuales. No obstante, a pesar de esos avances, Colombia enfrentaba retos inmensos como el cierre del comercio con Venezuela, el freno al crecimiento económico, resultado de la crisis financiera internacional y una tasa de empleo informal de 58 por ciento. Adicionalmente, la productividad había crecido a un lánguido ritmo de 0,4 por ciento anual desde el 2000.
Por lo anterior, en materia económica, el primer plan de gobierno de Santos apuntó a cinco ‘locomotoras’ para el crecimiento y la productividad –innovación, agro, vivienda, infraestructura y minería–. En el 2014, el plan del segundo mandato dejó de lado la idea de las cinco locomotoras, pero planteó una estrategia nacional de competitividad e infraestructura cuyo fin también era aumentar la productividad.
Además de lo planteado en los planes, el Presidente priorizó otros dos objetivos: lograr el Acuerdo de Paz con las Farc y el acceso del país a la Ocde. En ambos frentes, cumplió su propósito y entrega a Colombia en una etapa de posconflicto que plantea oportunidades de inversión y desarrollo en el sector rural, y un acceso a la Ocde que está cerca de concluir.
De otro lado, también se dieron avances no menores en varios frentes. La reforma de las regalías, la regla fiscal del 2012 y el haber elevado la sostenibilidad fiscal a nivel constitucional, le dieron al país la solidez macroeconómica necesaria para enfrentar momentos de turbulencia y permitieron las tasas de interés de deuda pública más bajas y las tasas de inversión más altas en la historia reciente. La reducción de parafiscales en el 2012 llevó a que, en el 2017, el trabajo formal supere al informal en las principales ciudades del país (ver gráfico 1). Se concretó el plan de inversión de las 4G, el más ambicioso en la historia del país. Finalmente, la apuesta en educación llevó a que en el 2016 los estudiantes colombianos mejoraran su posición en las pruebas Pisa.
Quedan, sin embargo, tareas pendientes. De hecho, el gran propósito de ambos planes de gobierno de aumentar la productividad sigue sin materializarse y, actualmente, esta se encuentra estancada (Ver gráfico 2). En consecuencia, ya sin el viento de cola de los bienes minero-energéticos, el crecimiento del PIB no superará el 2 por ciento este año. Para cambiar esta tendencia es imprescindible que tanto este gobierno como el próximo se concentren en tres áreas específicas.
La primera, mejorar las condiciones básicas para la competitividad empresarial. Colombia enfrenta el costo de transporte más alto de América Latina, la escasez de talento técnico calificado, y bajas capacidades estatales para solucionar problemas como la corrupción y llevar presencia del Estado, bienes públicos y condiciones de inversión a las zonas rurales. Por ejemplo, aunque en su campaña del 2010 el presidente Santos anunció una iniciativa para eliminar lo que llamaba “el engendro burocrático” de las UAF, aún no contamos con una ley de tierras integral que ponga orden al uso y tenencia de predios y promueva el crecimiento en el campo.
La segunda área es el adecuado funcionamiento de los mercados. Para ello, es indispensable combatir el exceso de regulación costosa y lograr eficiencia en el sistema tributario. En ese frente, algunos critican que en campaña el presidente Santos prometió que no subiría los impuestos, pero lo cierto es que el entorno cambió y la responsabilidad fiscal requirió tramitar la última reforma tributaria. No obstante, esta no resolvió algunos problemas estructurales. Hoy, los impuestos siguen concentrados en pocas empresas y el recaudo es bajo.
La tercera área es la innovación empresarial. A pesar del logro de contar con una Política de Desarrollo Productivo, la meta de que Colombia invierta 1 por ciento del PIB en CTI no se hará realidad. En el 2016 la cifra llegó a 0,7 por ciento. El Gobierno ha fallado en tener una estrategia clara de CTI y las empresas tienen una responsabilidad enorme en aumentar su inversión en adopción de tecnología e innovación, pues sus niveles actuales están lejos de los estándares internacionales.
Este balance pone sobre la mesa una serie de logros que dan optimismo sobre la ruta de desarrollo del país, pero al tiempo expone retos económicos inaplazables. Ojalá estos temas llenen la agenda del presidente Santos en su último año de gobierno, así como la de su sucesor.
*Columna publicada en Portafolio
